Fiscalía de Sonora pide reportar retenes ilegales en carreteras
La Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora, FGJES, dio a conocer que investiga la instalación de retenes ilegales en carreteras de la entidad.
En rueda de prensa, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, dijo que todos los puntos de revisión deben estar plenamente identificados, aplicar los protocolos y contar con presencia de otra autoridad.
Detalló que se han tenido denuncias sobre la operación de retenes, mismos que ahora son investigados por instituciones federales y estatales como guardia Nacional, Policía Federal Ministerial, Ejército Mexicano, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal de Seguridad Pública, PESP.
El funcionario estatal advirtió que las revisiones a usuarios de la carretera “no pueden realizarse de manera improvisada, clandestina o al margen de los mecanismos de identificación y supervisión establecidos”.
Agregó que los puntos de revisión deben identificarse y tener locas con códigos QR que permitan determinar el trabajo que llevan a cabo los agentes o personal a cargo. A través de estos códigos, también es posible tener una vía para reportar cualquier tipo de abuso ante las áreas de supervisión correspondientes.
Retén que baja de 32 mil a 4 mil pesos la multa
Sobre este tema, un lector de Conecta Arizona, de quien omitimos su nombre, reportó su experiencia circulando por la Carretera México 15, en el área de Santa Ana, Sonora.
Narró la presencia de un retén que podría haber sido ilegal porque fue detenido por una patrulla. La describió como “una camioneta Explorer con logos y letrero, una patrulla muy jodida”, quienes lo detuvieron “andaban vestidos de policías”. La camioneta que le indicó detenerse “iba llena. Si me hubieran arrestado no habría cabido en la patrulla”.
Al conductor le pidieron la licencia, misma que el presunto policía le quiso retener, pero él no se lo permitió. Le pidió que lo siguiera “a una oficinita de Tesorería Municipal, no a una comandancia”.
El entrevistado dijo que, inicialmente, le pedían 32 mil pesos argumentando que “es lo que dice la ley”, pero si pagaba dentro de las primeras 24 horas de la infracción, podía irse pagando 16 mil pesos.
“Se bajaron todos los de la patrulla, diciéndome que ese era el monto. Todos estuvieron jodiendo, Yo busqué en Google (cuánto era el costo de una infracción por exceso de velocidad) y decía que máximo serían 2 mil 500 pesos. Me dieron que Google estaba muy mal y me enseñaron una hoja impresa, toda pirata”.
El usuario de la carretera agregó: “Me aferré a que me fiaran la multa, que la pagaba después, pero me decían que no podían, que tenía que pagar ahí mismo, hasta que se bajaron a 4 mil pesos”.
Reconoce que aceptó porque ya había pasado más de una hora de que lo tuvieran ahí.
“Les dije que pagaría los 4 mil con mi tarjeta y me dijeron que no servía la terminal, que tenía que ser en efectivo, y pues ahí enseguida hay un cajero y tuve que ir a sacar la feria; les pedí recibo y me fiaron la multa”.
“Seguridad sí, abusos no”
Sobre la declaración del fiscal de Justicia del Estado, en la que reconoce la existencia e investigación de estos retenes ilegales, los Comités Ciudadanos Sonora por la Seguridad se pronunciaron a través de un comunicado que publicaron en redes sociales.
En este posicionamiento expresan su preocupación por los señalamientos de maltrato, acoso, posibles extorsiones y robos a ciudadanos en presuntos puntos de revisión.
Destaca que es necesaria la vigilancia y operativos de seguridad en carreteras, siempre y cuando estén apegados a la ley y se muestre absoluto respeto a los usuarios. Parafrasea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en lo que respecta a que los retenes no deben ser un cheque en blanco para la revisión o detención indiscriminada.
Ante esto, propone que se establezca un protocolo para aplicar en los puntos de revisión de Sonora que garantice su legitimidad y en los que los agentes a cargo estén plenamente identificados y usen cámaras corporales, entre otros elementos y mecanismos.
El llamado de la autoridad estatal es denunciar cualquier situación sospechosa a la línea 911, a la Fiscalía estatal o a la Fiscalía General de la República, que es la dependencia federal que dio autorización a la estatal para acudir de inmediato al sitio reportado.
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