Agrupaciones demandan a Arizona para frenar ley que criminalizaría a inmigrantes indocumentados

La ACLU y el Proyecto Florence piden una orden judicial de emergencia antes de que la Sección 5 de la Proposición 314 entre en vigor el 14 de julio. Advierten que abriría la puerta al perfilamiento racial, arrestos ilegales y deportaciones sin garantías de debido proceso.

➡️ Por Sophía Castillo Castro

A menos de una semana de que una disposición clave de la Proposición 314 pueda comenzar a aplicarse en Arizona, organizaciones de derechos civiles se presentaron ante los tribunales para tratar de detenerla. 

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Arizona y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados (FIRRP) presentaron una demanda federal en un intento por frenar la Sección 5 de la ley, aprobada por los votantes del estado en 2024, antes de que llegue a tener efecto sobre las comunidades inmigrantes.

La demanda, interpuesta en nombre del Proyecto Florence, busca una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar que bloqueen de inmediato esta disposición, la cual convertiría en delito estatal que ciertos inmigrantes ingresen o permanezcan en Arizona sin autorización federal. Argumentan que la medida viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que el control de la inmigración es una facultad exclusiva del gobierno federal, no de los estados.

Cuenta regresiva

La Sección 5 había permanecido congelada desde que los votantes aprobaron la Proposición 314 en noviembre de 2024, mientras los tribunales resolvían el destino de una ley similar en Texas. Ese freno se rompió el pasado 15 de mayo, cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló, por motivos exclusivamente procesales, la orden judicial que mantenía bloqueada la ley texana.

Bajo el texto de la Proposición 314, la Sección 5 entra en vigor automáticamente 60 días después de que una ley estatal comparable —como la de Texas— quede habilitada para aplicarse. Esa cuenta regresiva coloca el 14 de julio como la fecha límite. Sin una intervención judicial, las policías locales y estatales de Arizona podrían comenzar a hacer cumplir la Sección 5 desde ese mismo día.

Lo que está en juego

“La Sección 5 de la Proposición 314 es un permiso para que las fuerzas del orden locales y estatales cometan actos flagrantemente inconstitucionales, como el perfilamiento racial, arrestos ilegales y detenciones ilegales”, señaló Tara DeGeorge, directora jurídica de la ACLU de Arizona. 

La abogada advirtió además que la ley “perturbará los tribunales de Arizona” y “sobrecargará un sistema penitenciario estatal ya saturado”, además de provocar “violaciones masivas del debido proceso legal”.

Desde el Proyecto Florence, que brinda representación legal gratuita a personas inmigrantes detenidas en Arizona, la preocupación se centra en quiénes terminarán atrapados en ese sistema paralelo. Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora de la organización, alertó que “muchísimas personas de nuestras comunidades (…) podrían terminar encarceladas en Arizona bajo cargos estatales de inmigración” y enfrentar la deportación “sin siquiera tener un juicio justo”.

Con la demanda ya presentada ante un tribunal federal, la solicitud de orden de restricción temporal busca frenar cualquier aplicación de la Sección 5 mientras el caso avanza, mientras que la medida cautelar preliminar apunta a mantener ese bloqueo durante todo el litigio. Los documentos legales completos —la demanda y la moción de orden de restricción temporal— fueron puestos a disposición del público por la ACLU de Arizona.

De no lograrse una intervención judicial antes del 14 de julio, las agencias de seguridad estatales y locales de Arizona quedarían habilitadas para comenzar a aplicar cargos criminales estatales por ingreso o permanencia irregular, un escenario que las organizaciones califican como “una amenaza directa e inminente” para las comunidades migrantes.