Departamento de Justicia busca revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas

Tucson, Arizona. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este lunes el inicio de procedimientos civiles para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas acusadas de ocultar antecedentes penales, cometer fraude migratorio o estar involucradas en delitos graves.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de la administración federal para reforzar las acciones de desnaturalización, un mecanismo legal que permite retirar la ciudadanía obtenida mediante naturalización cuando el gobierno demuestra que fue adquirida de manera fraudulenta o mediante la ocultación de información relevante durante el proceso migratorio.

En un comunicado oficial, el DOJ informó que presentó acciones ante tribunales federales contra individuos condenados o vinculados a delitos como abuso sexual infantil, fraude financiero, narcotráfico, delitos violentos y otras conductas que, según las autoridades, habrían impedido la obtención de la ciudadanía si hubieran sido reveladas oportunamente.

“La ciudadanía estadounidense es uno de los privilegios más valiosos que ofrece este país”, señaló el Departamento de Justicia al anunciar los casos. La agencia sostuvo que quienes obtienen ese beneficio mediante fraude o engaño pueden enfrentar procesos judiciales para perderlo.

¿Qué es la desnaturalización?

La desnaturalización es un procedimiento civil mediante el cual el gobierno federal solicita a un tribunal revocar la ciudadanía estadounidense de una persona naturalizada. A diferencia de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, los naturalizados pueden perder su ciudadanía si se demuestra que mintieron, ocultaron información material o no cumplían los requisitos legales al momento de obtenerla.

Según expertos en inmigración, estos procesos han existido durante décadas, aunque históricamente han sido utilizados con relativa poca frecuencia y generalmente en casos relacionados con crímenes de guerra, terrorismo, fraude migratorio significativo o violaciones graves de derechos humanos.

Nueva prioridad del Departamento de Justicia

La decisión se produce pocas semanas después de que el Departamento de Justicia emitiera un memorando interno que ordena a la División Civil priorizar y perseguir de manera agresiva los casos de desnaturalización permitidos por la ley.

El documento, firmado por el jefe de la División Civil, Brett A. Shumate, instruye a los abogados federales a dar prioridad a casos que involucren amenazas a la seguridad nacional, miembros de organizaciones criminales, delitos sexuales, trata de personas, fraude contra programas gubernamentales y otras conductas consideradas de alto impacto.

El memorando también establece que los abogados del gobierno pueden evaluar otros casos que consideren de interés para Estados Unidos, incluso si no encajan estrictamente dentro de las categorías prioritarias enumeradas por el DOJ.

Críticas de organizaciones de inmigración

Diversas organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos legales han expresado preocupación por el alcance de la nueva política.

Aunque reconocen que el gobierno tiene autoridad para actuar contra personas que obtuvieron la ciudadanía mediante fraude comprobado, advierten que una expansión significativa de los procesos de desnaturalización podría generar incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados.

Grupos de defensa de derechos civiles han señalado que cualquier intento de ampliar el uso de estas acciones deberá respetar estrictamente las garantías procesales y el debido proceso establecidos por la Constitución estadounidense.

¿Qué ocurrirá ahora?

Los 17 casos anunciados deberán ser revisados por tribunales federales. El gobierno tendrá la carga de demostrar que cada persona obtuvo la ciudadanía de forma fraudulenta o mediante la ocultación deliberada de información relevante.

La simple acusación del Departamento de Justicia no implica la pérdida automática de la ciudadanía. Cada caso será evaluado individualmente y los afectados tendrán derecho a presentar pruebas y defenderse ante los tribunales.

De prosperar las demandas, las personas podrían perder su ciudadanía estadounidense y quedar sujetas a procedimientos migratorios adicionales, incluida una posible deportación, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

La iniciativa representa una de las acciones más amplias anunciadas recientemente por el gobierno federal en materia de desnaturalización y forma parte de una política más amplia de endurecimiento de los controles migratorios y de revisión de beneficios migratorios obtenidos mediante procesos de naturalización.