TPS, ICE, ciudadanía y permisos de trabajo: los cambios migratorios más importantes de junio
La Corte Suprema, USCIS y el gobierno del presidente Donald Trump impulsaron durante junio una serie de decisiones y propuestas que podrían afectar a millones de inmigrantes. Desde el TPS y el acceso al asilo hasta los permisos de trabajo, la ciudadanía y las detenciones de ICE.
Tucson, Arizona. – La política migratoria en Estados Unidos continúa cambiando a un ritmo acelerado. Entre el 4 y el 25 de junio, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) identificó una serie de decisiones judiciales, nuevas políticas y propuestas federales que podrían tener un impacto significativo para millones de inmigrantes, incluidos miles de residentes de Arizona.
La Corte Suprema avala importantes medidas migratorias
En los últimos días de su periodo de sesiones, la Corte Suprema emitió tres decisiones favorables a la administración del presidente Donald Trump en materia migratoria.
En uno de los casos más relevantes, el máximo tribunal permitió que el gobierno avance con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas originarias de Haití y Siria. La decisión pone en riesgo la protección contra la deportación y los permisos de trabajo de aproximadamente 334,000 personas y, según AILA, abre la puerta para que la administración retire el TPS a cerca de 1.3 millones de inmigrantes beneficiarios de este programa.
En otra resolución, la Corte determinó que el gobierno puede seguir aplicando la política conocida como metering, que permite rechazar a solicitantes de asilo en los puertos de entrada de la frontera entre Estados Unidos y México cuando las autoridades consideran que no tienen capacidad para procesarlos.
Además, el tribunal resolvió que los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya no necesitan demostrar con evidencia clara que un residente permanente cometió un delito grave para tratarlo como solicitante de admisión al regresar al país, una decisión que podría facilitar el inicio de procesos de deportación contra algunos titulares de la tarjeta de residencia.
AILA señaló que aún queda pendiente otra decisión de la Corte Suprema relacionada con la ciudadanía por nacimiento.
Juez bloquea arrestos de ICE en cortes de inmigración
En otra decisión relevante, un juez federal en California ordenó suspender a nivel nacional los arrestos civiles realizados por ICE dentro de los tribunales de inmigración.
El fallo anuló las políticas implementadas este año por ICE y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), que permitían detener a personas al acudir a sus audiencias migratorias y mantenerlas retenidas hasta por 72 horas.
El juez concluyó que estas medidas eran “arbitrarias y caprichosas” y restableció la política anterior, que limitaba este tipo de arrestos a circunstancias específicas. El gobierno federal anunció que apelará la decisión.
USCIS propone restringir permisos de trabajo
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) propuso una nueva regulación que endurecería los requisitos para obtener permisos de trabajo en categorías discrecionales, incluyendo algunos beneficiarios de DACA y del programa de parole humanitario.
La propuesta impediría obtener autorización de empleo no solo a personas condenadas por delitos, sino también a quienes hayan sido arrestadas, acusadas formalmente o incluso señaladas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de presuntos vínculos con pandillas, aun cuando nunca hayan sido declaradas culpables por un tribunal.
Aumentarían las tarifas para hacerse ciudadano estadounidense
USCIS también propuso incrementar considerablemente las tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense.
De aprobarse, el costo del formulario N-400 pasaría de 760 dólares a 1,330 dólares para solicitudes en papel, mientras que el trámite en línea aumentaría de 710 a 1,280 dólares. Además, la agencia eliminaría la mayoría de las exenciones y descuentos que actualmente benefician a personas de bajos ingresos.
Continúan las preocupaciones por las condiciones en centros de detención
AILA también destacó un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre el centro de detención Camp East Montana, en Fort Bliss, Texas.
La investigación documentó problemas de administración, condiciones inseguras, un brote de tuberculosis, deficiencias operativas y la muerte de personas bajo custodia. El informe también concluyó que el gobierno desperdició millones de dólares en contratos ineficientes y señaló que parte de la evidencia relacionada con la muerte de un detenido desapareció o fue destruida.
Deportaciones a terceros países
Otro de los cambios señalados por AILA fue la deportación de al menos dos docenas de personas a la República Centroafricana, un país con el que los migrantes no tenían vínculos familiares ni legales.
Entre los deportados había personas originarias de Irán, Jordania, Armenia, Turquía, Georgia y Afganistán. El Departamento de Estado mantiene para ese país una alerta de viaje de nivel 4 debido a la violencia, el terrorismo y los secuestros.
AILA advirtió que la República Centroafricana se suma a una creciente lista de países que han aceptado deportaciones de ciudadanos de terceros países como parte de la política migratoria de la administración Trump.
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