Un juez rechaza la solicitud de liberar a la oficina del sheriff de Arizona de la supervisión judicial en un caso de perfilamiento racial

Por Jacques Billeaud, Associated Press.

PHOENIX (AP) — Un juez que dictaminó hace 13 años que los hispanos fueron objeto de perfilamiento racial durante las operaciones de control migratorio del entonces sheriff de Arizona, Joe Arpaio, ha rechazado una petición para poner fin a la supervisión judicial de la oficina del sheriff.

El condado de Maricopa no logró demostrar que se hubieran alcanzado los objetivos de las órdenes judiciales —tales como corregir las prácticas que condujeron al perfilamiento racial—, señaló el jueves el juez federal de distrito Murray Snow en su fallo. Asimismo, determinó que no se había establecido una “solución duradera” para garantizar que las infracciones no volvieran a ocurrir si se levantaba la supervisión judicial.

Las autoridades del condado, frustradas por los elevados costos de la supervisión judicial, habían argumentado que las políticas migratorias de Arpaio ya no están vigentes, que el sesgo racial ya no afecta sus operaciones y que los dos estudios más recientes sobre paradas de tráfico demuestran que la oficina del sheriff ha cambiado. El Departamento de Justicia de EE. UU., que en el pasado se había alineado frecuentemente con los demandantes, apoyó poner fin a la supervisión judicial.

El caso se centró en 20 operativos de tráfico a gran escala lanzados por Arpaio que tenían como objetivo a los inmigrantes entre enero de 2008 y octubre de 2011. Dichos operativos implicaban el despliegue masivo de agentes del sheriff en zonas del área metropolitana de Phoenix —incluidos algunos barrios latinos— durante varios días para detener a infractores de tráfico y arrestar a otros delincuentes. Los demandantes eran personas latinas que habían sido detenidas, interrogadas o registradas por los agentes de Arpaio mientras viajaban en vehículos dentro del condado de Maricopa.

El fallo judicial de hace 13 años exigió costosas reformas —ordenadas por el tribunal— en las operaciones de patrullaje de tráfico de la agencia y, posteriormente, en su unidad de asuntos internos.

En su resolución más reciente, Snow cuestionó la validez de los estudios citados por el condado.

Al analizar la duración de las paradas, la oficina del sheriff excluyó aquellas de mayor duración, como las relacionadas con conductores presuntamente ebrios, barreras idiomáticas y otros factores. Los encuentros excluidos representaron al menos la mitad de las paradas realizadas por la agencia en 2024 y 2025, señaló el juez. A continuación, Snow citó el análisis de un perito de la parte demandante que evaluó todos los datos sobre paradas de tráfico de 2023 y 2024.

El perito halló una diferencia de 4.7 minutos en la duración de las paradas entre conductores hispanos y blancos. Snow escribió que «estas cifras difieren drásticamente de las diferencias relativamente insignificantes y estadísticamente no significativas» que aparecían en los informes de la agencia, los cuales excluían las paradas de mayor duración.

Snow señaló que el condado presentó pruebas limitadas para explicar las disparidades.

Si bien el condado buscaba poner fin a toda supervisión de la oficina del sheriff, el juez instruyó a los abogados de todas las partes a determinar si existían ciertos requisitos de las órdenes judiciales que, de mutuo acuerdo, podrían eliminarse.

En un comunicado, dos líderes de la junta de gobierno del condado de Maricopa expresaron su decepción por el fallo e indicaron que el condado apelaría la decisión. “La continua supervisión federal de la MCSO solo serviría para agotar aún más los fondos públicos y desviar el dinero de los contribuyentes de la responsabilidad principal del sheriff: combatir el crimen y proteger la seguridad pública”, afirmaron la presidenta de la junta, Kate Brophy McGee, y la vicepresidenta, Debbie Lesko.

En un comunicado, la oficina del sheriff Jerry Sheridan manifestó su convicción de haber “implementado medidas correctivas duraderas para las infracciones ocurridas hace 19 años y bajo tres administraciones anteriores”. La agencia expresó su disposición a colaborar con la parte contraria para evaluar si es posible eliminar algunas partes de la orden judicial.

Arpaio, quien perdió su cargo en las elecciones de 2016, fue declarado culpable de desacato tanto civil como penal por desobedecer una orden de 2011 que le exigía detener sus patrullajes de tráfico dirigidos contra inmigrantes. Se libró de una posible pena de cárcel cuando el presidente Donald Trump le concedió el indulto en 2017 tras su condena por un delito menor.

El congresista republicano Andy Biggs, rival de la gobernadora demócrata Katie Hobbs, ha criticado al funcionario designado por el tribunal para supervisar la oficina del sheriff y ha propuesto una legislación para imponer límites de mandato y topes salariales a dichos supervisores.