Una redada por Tiktok

​​Una familia nicaragüense transmitió en vivo su encuentro con las autoridades de migración; mientras ellos libraron la detención, sus parientes terminaron en custodia de ICE

Edición: Maritza L. Félix

La madrugada del 8 de mayo comenzó como tantas otras para Wilber Tercero* y su esposa. Vestidos con ropa de trabajo salpicada de pintura seca —una especie de uniforme no oficial de la construcción—, salieron de casa en el Oeste de Phoenix a las 5:40 de la mañana. Harían lo que todos los días: Dejar a su hijo de 5 años con la niñera e irse a trabajar. 

En el auto iba la pareja, el pequeño y la cuñada de Tercero. Cuando estaban a punto de dejar al niño con su cuidadora, una caravana de vehículos sin identificación clara bloqueó su paso. Eran oficiales de inmigración. La rutina que habían conseguido construir como familia migrante en Arizona se rompió en segundos.

“Me agarró inmigración, muchachos, aquí en Phoenix, Arizona. Dicen que me quieren tumbar el vidrio”, dice Tercero en una transmisión de TikTok que hizo en directo esa mañana al ser detenido por las autoridades. 

De fondo, se oye al niño y el llanto de sus esposa se intensifica según pasan los minutos. 

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Tercero baja un poco la ventana y en el video se puede ver a los oficiales portando uniformes de seguridad pública con el escudo de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En los chalecos se lee ERO, la división de ICE encargada de la identificación, arresto, detención y deportación de extranjeros sujetos a remoción o en situación irregular en el país.

El agente le hace preguntas a Tercero en español. Y él, nervioso, responde, mientras intenta pedir ayuda a través de la transmisión en vivo. Quienes se conectan en vivo lo aconsejan y lo acompañan  virtualmente, mientras él sigue comentando en tiempo real lo que ocurre.

El oficial de ERO le pide insistentemente que abra la puerta del vehículo, pero Tercero se niega. Los agentes continúan presionando.

En el video, que puedes ver fue compartido en las redes sociales de Conecta Arizona, se escuchan las preguntas del agente federal: 

“¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? ¿Por dónde entraste? ¿Entraste por el desierto? Y cuando entraste, ¿entraste con documentos o sin documentos?”, cuestiona el agente.

Tercero emigró de Nicaragua hace cinco años con la esperanza de ofrecerle a su familia una vida mejor. Se ha ganado la vida en Estados Unidos trabajando en pintura y remodelaciones, un oficio que le ha permitido enviar dólares a su tierra natal. Cuando salió de su país, dejó atrás a su esposa, que entonces estaba embarazada. En 2024, tras años de separación, su pareja y su hijo lograron emigrar también, y la familia pudo reencontrarse de este lado de la frontera, con la esperanza de presentar una solicitud de asilo en Estados Unidos.

El día del encuentro con los agentes migratorios, el nicaragüense, quien reconoce que tiene poco conocimiento del sistema legal de Estados Unidos,  recordó videos de organizaciones proinmigrantes donde se aconseja no abrir la puerta del hogar si el agente no puede proporcionar una orden de un juez y cuáles son sus derechos. Así que permanece firme, a pesar de la presión de los uniformados y la ansiedad de su pareja que se desborda en lágrimas. 

 ”Mi esposa estaba llorando muy fuerte y como que se aprovecharon de esa situación y se fueron para el lado de donde ella y ya le comenzaron a decir: abre”, relata el nicaragüense. 

Los oficiales amenazan con quebrar el vidrio de su carro, una práctica que con frecuencia aparece en videos de redes sociales en diferentes partes del país durante los encuentros con las autoridades.

Fernando Romo, abogado experto en inmigración consultado por Conecta Arizona, explica que dentro de una vivienda los agentes necesitan una orden de cateo para ingresar. “Para poder tumbar su puerta y poder entrar sin la autorización de la persona necesita tener una orden judicial”, detalla. 

“Han aprendido muchísimo en los últimos años de cómo manejar eso. Usan a los agentes locales para poder entrar a las casas con la excusa de que están buscando a otra persona”, añadió el abogado.

El caso de Tercero, sin embargo, ocurrió en la vía pública. 

“Estamos viendo casos donde inmigración puede en las calles detener a las personas sin ninguna orden de cateo y se están llevando a las personas detenidas”, indica Romo. “Lo único que tiene que hacer es tener una razón creíble, razonable, de que la persona es la persona que están buscando. No necesita una orden de cateo”, recalca.

En teoría, si los agentes quisieran registrar el vehículo, necesitan un motivo adicional o una orden judicial. Pero muchas veces —añade el abogado— no se trata de buscar pruebas de un delito. Se trata simplemente de identificar a alguien, confirmar que no tiene estatus legal y llevárselo.

Tercero asegura que ni él ni su esposa o su cuñada figuraban en la lista de personas que los oficiales buscaban ese día, ya que no se mencionaron sus nombres, y ni sus fotografías aparecían entre las que mostraron los oficiales.  

Él cree que la presencia de su hijo fue un factor decisivo para que los agentes finalmente se retiraran sin romper el vidrio ni proceder con la detención. Pero antes de irse, le dieron una advertencia.

“Me dijeron: ‘Nos vamos a ir. Pero te vamos a volver a buscar. Vamos a rastrear hasta debajo de las piedras, pero que te encuentro, te encuentro. Y ahí voy a venir con la orden’”, recuerda Tercero.

El auto de Tercero no fue el único interceptado durante esa mañana. A pocas cuadras, en la intersección de la Avenida 59th y McDowell Rd, diez de sus familiares fueron detenidos y arrestados. “Ellos no contestaron, pero abrieron la puerta del auto inmediatamente”, contó el nicaragüense. Entre los arrestados estaban su padre, hermanos y primos.

“Es lo más feo… de la noche a la mañana me quedé sin mis hermanos, sin mi papá… y los sueños se te van, se te van”, expresa.

La mayoría de sus parientes había ingresado al país bajo circunstancias similares a las de su esposa: huyendo de la violencia y la falta de oportunidades en Nicaragua, con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos. Pero su anhelo se enfrentó a un sistema que le pareció complejo, quedando fuera por desconocimiento. Según la ley, los solicitantes de asilo deben presentar su petición dentro del primer año tras su llegada al país. Sin embargo, Tercero dice que no cuenta con asesoría legal ni con los recursos para hacerlo.

Además, el proceso no es uniforme: las solicitudes se presentan ante dos entidades federales distintas. Por un lado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Por otro lado, las cortes migratorias, que forman parte del Departamento de Justicia.

Las solicitudes, como la que aspiraba presentar la esposa de Wilber, —cuyo nombre omitimos para respetar la privacidad de nuestras fuentes- son una vía legal para quienes buscan protección en Estados Unidos. Se trata de un recurso diseñado para personas que temen ser perseguidas en su país de origen por motivos como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o sus opiniones políticas. En esencia, es una herramienta para evitar la deportación y acceder a una forma de resguardo legal. Pero la pobreza no es uno de los motivos para recibir asilo; el solicitante debe comprobar el miedo creíble.

Pero según Wilber Tercero, en la primera entrevista su esposa no superó uno de los filtros clave para iniciar el proceso de asilo.

 ”Le dijeron a ella que no había pasado el miedo creíble, que se presentara y si no lo pasaba ahí se iba a quedar. Entonces nosotros no nos presentamos.”  

Este proceso consiste en una entrevista inicial con un oficial de inmigración, en la que se evalúa si la persona puede demostrar, con su testimonio y evidencia, un temor fundado de ser perseguida en su país de origen. Si el oficial considera que ese miedo es creíble, el solicitante puede continuar con el proceso de asilo. Si no, enfrenta el riesgo de ser deportado.

En términos simples, el miedo creíble se refiere a la posibilidad real de que alguien sufra persecución o daño si es devuelto a su país —ya sea por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o por sus ideas políticas—, lo que puede abrir la puerta a una forma de protección legal.

Desde principios del año, la amenaza de deportación ha sido una sombra constante para la familia. Aun así, como 11 millones de inmigrantes en situación irregular en el país, de acuerdo con el Pew Research Center, los Tercero decidieron quedarse. Se aferraron a lo que habían construido, a la ilusión de que si no hacían ruido, si trabajaban duro, si pagaban renta a tiempo, podrían ser invisibles para el sistema, justificaron. Porque, aunque incierta, la vida en Estados Unidos ofrecía más esperanza que la que dejaron atrás en Nicaragua: un país, según Wilber, golpeado por la represión, la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades.

El discurso político antiinmigrante fue una de las banderas principales de la campaña electoral del entonces candidato y ahora presidente Donald Trump, el recrudecimiento de medidas restrictivas en migración se materializan en las calles de Maryvale, causando momentos de terror en miembros de la comunidad en situación irregular migratoria, como los que vivió la familia de Wilber la mañana del 8 de mayo.

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El encuentro

A pesar de la experiencia vivida, Tercero asegura entender que los agentes federales estaban cumpliendo con su deber.

“Ellos andan haciendo su trabajo, yo comprendo eso, son órdenes que ellos tienen que obedecer”, dice. “Entonces, yo solo le pedí a diosito: no me quites a mi hijo de mi lado. Y prometo que sí, me voy a ir lo más pronto posible, y gracias a Dios aquí lo tengo. Me voy a ir porque no quiero pasar por otro suceso y que me vayan a separar de mi hijo”, sentencia, al considerar la autodeportación como una opción.

“Aquí somos trabajadores. Toda mi familia que agarraron somos trabajadores aquí. Esto es real. Esto que uno pasa es terrible. Yo, por mi parte, prefiero estar en mi país. Claro que sí”, continúa, después de una pausa en la que pareciera repensarse los últimos cinco años. 

Actualmente, Wilber Tercero y su familia permanecen en Arizona, a la espera de una resolución sobre su situación migratoria; se mudaron y aún no deciden si permanecerán en el país o aprovecharán la propuesta del gobierno estadounidense del retorno voluntario pagado. 

Tras el operativo, varios de sus familiares continúan detenidos, mientras otros buscan asesoría legal para intentar regularizar su estatus en Estados Unidos. 

Redadas de ICE bajo la administración Trump: una ofensiva sin precedentes en los últimos tres meses

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, su administración ha intensificado significativamente las redadas migratorias en todo Estados Unidos. En los últimos tres meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a cabo operativos masivos que han resultado en decenas de miles de detenciones y deportaciones, afectando profundamente a comunidades inmigrantes en todo el país.

Operación Safeguard y ciudades objetivo

El 21 de enero, ICE lanzó la “Operación Safeguard”, centrada en detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados en zonas urbanas, especialmente en ciudades santuario como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Denver y Filadelfia. En solo un día, el 26 de enero, se reportaron 956 arrestos, seguidos por 1.179 detenciones al día siguiente. Phoenix ha sido una de las ciudades objetivo de esta operación federal.

Una de las medidas más controvertidas ha sido la autorización de redadas en lugares previamente considerados “sensibles”, como iglesias, escuelas y hospitales. Esta decisión ha generado temor y confusión entre las comunidades inmigrantes, con informes de disminución en la asistencia escolar y en la utilización de servicios médicos por miedo a ser detenidos y enfrenta demandas por parte de organizaciones de derechos civiles y pro inmigrantes.

Estas organizaciones han expresado su preocupación por la falta de transparencia en los datos proporcionados por ICE y por el uso de tácticas intimidatorias, como la presencia de agentes en vehículos no identificados y la realización de arrestos en domicilios particulares. Estas acciones han sido calificadas como estrategias para sembrar el miedo y disuadir a los inmigrantes de participar en la vida pública.

Todo es parte del plan de la administración Trump para cumplir una de sus principales promesas de campaña: deportaciones masivas.

Intervención de la Corte Suprema

La administración Trump ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones rápidas, como la de 238 venezolanos enviados a El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a bandas criminales. Estas acciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y han enfrentado desafíos legales, incluyendo una orden judicial para detener uno de los vuelos, que fue ignorada por la Casa Blanca. 

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este viernes 16 de mayo temporalmente los intentos de la administración Trump de deportar a venezolanos utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta decisión se produjo en respuesta a una apelación de emergencia presentada por abogados de inmigrantes venezolanos acusados por el gobierno de ser miembros de pandillas, lo que permitiría su expulsión expedita bajo dicha ley. El tribunal ordenó al gobierno abstenerse de ejecutar estas deportaciones hasta nueva orden, reconociendo la necesidad de que los afectados tengan la oportunidad de impugnar su expulsión. 

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Cifras de arrestos y deportaciones

En los primeros 50 días de la administración Trump, ICE realizó 32,809 arrestos, de los cuales 14,111 corresponden a criminales convictos y 9,980 a personas con cargos penales pendientes. Además, se deportaron a  37,660 personas durante el primer mes de mandato, según datos obtenidos por ABC News citando cifras oficiales de la Administración Trump.

El 8 de mayo de 2025, se registraron redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix, Arizona, específicamente en las intersecciones de la 59th Avenue y McDowell Road. Usuarios en redes sociales compartieron videos donde se observa a agentes de ICE y la Oficina de Ejecución y Remoción (ERO) deteniendo a personas en vehículos y estacionamientos de tiendas como AutoZone y 7-Eleven.

*Wilber no es el nombre original de nuestro entrevistado, pero para respetar su privacidad conservamos este, con el que prefiere ser tratado.