DHS defiende sus operativos migratorios tras investigación de ProPublica que documenta detenciones de ciudadanos estadounidenses
El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a un reportaje de ProPublica que documenta más de 170 casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por error durante operativos migratorios en los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump.
En un mensaje publicado en la red social X, el DHS calificó el reportaje como “Falso” y defendió la labor de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmando que las operaciones son “altamente específicas” y no resultan en la detención de ciudadanos. “Hacemos nuestra debida diligencia. Sabemos a quién estamos buscando antes de actuar”, señaló la agencia, que también denunció un aumento de más del 1000% en los ataques contra sus agentes.
El DHS insistió en que sus acciones no se basan en la raza o el origen étnico de las personas, sino en su estatus migratorio. “Lo que convierte a alguien en objetivo de la aplicación de la ley migratoria es estar ilegalmente en Estados Unidos, no el color de su piel ni su origen”, afirmó el comunicado.
Sin embargo, la investigación de ProPublica contradice ese panorama. El medio revisó expedientes judiciales, videos, demandas y reportes locales, y encontró casos de ciudadanos —muchos de ellos latinos— que fueron detenidos, agredidos o retenidos sin cargos, a veces por más de un día, durante redadas y protestas. Entre las víctimas documentadas hay niños, mujeres embarazadas y veteranos militares.
Uno de los casos citados en el reporte es el de Leonardo García Venegas, ciudadano estadounidense detenido dos veces en Alabama mientras trabajaba en construcción. Aunque mostró su identificación REAL ID, los agentes la consideraron falsa. En otro incidente, un veterano llamado George Retes fue arrestado y mantenido incomunicado durante tres días, pese a que su familia informó de inmediato su estatus legal.
La agencia, no obstante, ha sostenido que sus agentes actúan con “profesionalismo” y que quienes interfieren o agreden a oficiales “serán procesados sin importar su estatus migratorio”. La Casa Blanca respaldó esa postura, enfatizando que los agentes “actúan heroicamente para proteger a las comunidades estadounidenses”.
Expertos en derechos civiles advierten que las nuevas redadas, permitidas tras una reciente decisión de la Corte Suprema que autoriza a los agentes considerar factores raciales durante los operativos, podrían aumentar las detenciones erróneas y el perfilamiento racial. Los jueces liberales del tribunal disintieron, alertando que “los ciudadanos corren el riesgo de ser esposados solo por su apariencia o acento”.
De acuerdo con David Bier, del Instituto Cato, el uso de la raza como criterio en operativos migratorios “viola inevitablemente los derechos constitucionales tanto de ciudadanos como de no ciudadanos”, como lo comenta en el artículo de ProPublica.
Mientras el DHS insiste en que “no arresta ciudadanos estadounidenses por motivos migratorios”, defensores de derechos humanos y legisladores —como el senador demócrata Alex Padilla, de California— han pedido al gobierno federal mayor transparencia y rendición de cuentas sobre los operativos.
La falta de registros oficiales sobre cuántos ciudadanos han sido detenidos por error agrava la incertidumbre. Como concluye ProPublica, el conteo de 170 casos “es probablemente incompleto”, pero suficiente para evidenciar la tensión entre seguridad nacional y derechos civiles en el actual enfoque migratorio del país.
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