Desde Arizona hasta la Corte Suprema: Kris Mayes enfrenta los aranceles de Trump

Phoenix, Arizona. – La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, participó este miércoles en la audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington D.C. sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, en un caso que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en materia de comercio internacional.
Mayes forma parte de una coalición de doce estados —entre ellos Oregón, Colorado, Nuevo México, Nueva York y Arizona— que demandaron al gobierno federal argumentando que las tarifas fueron impuestas de manera arbitraria y sin la autorización del Congreso, como exige la Constitución.
“Arizona no puede permitirse que las familias paguen más por bienes básicos a causa de decisiones tomadas sin fundamento legal”, declaró Mayes antes de la audiencia, subrayando que las tarifas han afectado directamente a los consumidores y pequeñas empresas del estado.

La demanda cuestiona el uso de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés), una norma que la administración Trump utilizó para justificar la imposición de tarifas de hasta 145 % a productos importados, principalmente de China. Los fiscales sostienen que esa ley fue creada para situaciones de seguridad nacional, no para imponer políticas comerciales permanentes.
Durante la sesión, varios jueces de la Corte Suprema expresaron dudas sobre la amplitud de los poderes presidenciales en este ámbito, señalando que la autoridad para establecer impuestos y aranceles corresponde al Congreso.
El caso tiene implicaciones de gran alcance: si la Corte falla a favor de los estados, podría invalidar los aranceles actuales y limitar la capacidad del presidente de imponer nuevas tarifas sin aprobación legislativa.
En Arizona, el tema ha cobrado relevancia entre empresarios y productores que dependen de insumos importados. Muchos aseguran que los costos se han disparado y que las políticas arancelarias han complicado el comercio transfronterizo con México.
“Estamos defendiendo los intereses de las familias y los pequeños negocios de Arizona”, afirmó Mayes, quien asistió personalmente a la audiencia en Washington, D.C.
No se espera un fallo inmediato. La decisión final podría conocerse en los próximos meses, pero los expertos anticipan que marcará un precedente sobre el equilibrio de poder entre el Congreso y la Casa Blanca en temas económicos.
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