Arizona enfrenta nuevas batallas legales por temas electorales

El estado de Arizona se ha visto envuelto en una serie de demandas electorales y disputas legales que han reavivado el debate sobre la integridad del sistema electoral, la transparencia gubernamental y la protección de datos personales de los votantes.

El pasado 6 de enero, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció la sentencia contra Austin Cole Smith, exlegislador estatal republicano de 30 años, tras declararse culpable en la Corte Superior del Condado Maricopa. El juez Aryeh Schwartz impuso a Smith dos años de libertad condicional supervisada, una inhabilitación de cinco años para postularse a cargos públicos y una multa de 5,000 dólares más un recargo del 10%.

Smith se declaró culpable de intento de fraude y de firma ilegal de peticiones electorales, al admitir que falsificó firmas en sus documentos de nominación, incluida la de una mujer fallecida, durante su intento por competir en la primaria republicana para el Distrito Legislativo 29 en 2024. La fiscal Mayes fue contundente al señalar que “quienes intenten manipular ilegalmente las elecciones o engañar a los votantes de Arizona enfrentarán consecuencias reales bajo la ley”.

El exlegislador, quien había representado un distrito suburbano de Phoenix por un periodo, renunció tanto a su intento de reelección como a su cargo de liderazgo en Turning Point Action, brazo político de Turning Point USA -organización que era liderada por el asesinado exactivista republicano Charlie Kirk-, luego de que surgieran dudas sobre la validez de las firmas presentadas. Durante la audiencia, su abogado aseguró que Smith estaba avergonzado por su conducta y que no volverá a buscar un cargo público.

A este caso se suma una nueva confrontación legal entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes. La administración federal presentó una demanda contra Fontes tras negarse a entregar registros completos de inscripción de votantes, argumentando que la solicitud incluye información personal sensible, como fechas de nacimiento completas y números de Seguro Social.

La fiscal general federal, Pam Bondi, sostiene que su oficina tiene autoridad para exigir dichos datos con el objetivo de garantizar la precisión de los padrones electorales. Sin embargo, Fontes afirma que tanto leyes estatales como federales, incluida la Ley de Privacidad de 1974, le prohíben divulgar esa información.

Fontes ha reiterado que su oficina ha respondido a todos los cuestionamientos del Departamento de Justicia, pero se ha negado a firmar un Memorando de Entendimiento que, asegura, lo obligaría a violar la ley. En un video difundido en la red social X, el funcionario señaló que el Departamento de Justicia ha ignorado deliberadamente la correspondencia oficial y confirmó que el conflicto se resolverá en los tribunales.

Incluso, Fontes declaró estar dispuesto a enfrentar consecuencias legales para proteger los datos de los votantes de Arizona, al considerar la solicitud federal como sin precedentes. Mientras el caso avanza en la Corte Federal de Phoenix, Arizona permanece en el centro de un intenso debate nacional sobre elecciones, privacidad y autoridad gubernamental.