Juez federal bloquea regla que acortaba plazos para apelar casos migratorios en EE.UU.

Tucson, Arizona. – Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó partes clave de una regla provisional del Departamento de Justicia que buscaba acelerar el proceso de apelaciones en casos migratorios, al considerar que fue implementada sin cumplir con los procedimientos legales requeridos.

La decisión fue emitida por el juez Randolph D. Moss, quien determinó que varias disposiciones de la llamada Interim Final Rule (IFR) fueron promulgadas sin seguir el proceso obligatorio de notificación y comentarios públicos.

La norma, publicada en febrero, modificaba el funcionamiento de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), el organismo encargado de revisar las decisiones de los jueces de inmigración.

Entre los cambios más significativos, la regla reducía el plazo para presentar apelaciones ante la BIA de 30 a 10 días en la mayoría de los casos. También permitía que la junta desestimara apelaciones en un plazo de hasta 15 días.

Además, la medida exigía la presentación simultánea de alegatos, obligando a ambas partes a presentar sus argumentos dentro de un mismo plazo de 20 días, lo que eliminaba el proceso tradicional que permitía al solicitante responder posteriormente a los argumentos del gobierno.

El reglamento también eliminaba el requisito de que los jueces de inmigración revisaran y aprobaran las transcripciones de sus decisiones orales, una medida que el Departamento de Justicia defendía como una forma de acelerar los procesos.

En una decisión de 73 páginas, el juez Moss concluyó que partes de la norma fueron promulgadas “sin la observancia del procedimiento exigido por la ley”, por lo que ordenó su anulación parcial.

El magistrado explicó que los tribunales suelen invalidar regulaciones cuando una agencia federal omite el proceso de notificación y comentarios públicos, un paso esencial antes de implementar nuevas reglas administrativas.

El abogado especialista en leyes migratorias Fernando Romo explicó a Conecta Arizona que los cambios anunciados en febrero buscaban acelerar el proceso de apelaciones.

“Básicamente limitaron la cantidad de tiempo que tenía una persona para hacer la apelación de 30 días a diez días. También dieron el derecho a la Mesa de Apelaciones de negar las apelaciones en menos de diez días”, señaló.

Según Romo, las autoridades argumentaban que el cambio era necesario para evitar apelaciones sin mérito que prolongaban los procesos migratorios.

“El argumento de la Mesa de Apelaciones es que era necesario hacer esto porque había muchísimos casos sin mérito real, y las personas estaban usando esas apelaciones para prolongar los casos de una manera indefinida”, explicó.

Sin embargo, una demanda presentada ante la Corte Federal del Distrito de Columbia cuestionó la legalidad del reglamento.

“La ley obliga a cualquier departamento federal que quiera implementar un nuevo reglamento a abrir un periodo de comentarios públicos para que las personas puedan opinar antes de que entre en vigor”, dijo el abogado.

De acuerdo con Romo, el tribunal concluyó que ese procedimiento no se cumplió correctamente.

“Lo que determinó la Corte Federal es que no cumplieron con ese proceso y por esa razón estas nuevas reglas no son válidas”, afirmó.

El especialista también anticipó que el caso podría continuar en instancias superiores.

“Ahora definitivamente va a haber una apelación ante la Corte Suprema y vamos a tener que esperar qué es lo que va a decir”, indicó.

Mientras tanto, el abogado considera que el fallo representa un alivio temporal para los inmigrantes.

“Creo que es una victoria, por lo menos temporal, para los derechos de los inmigrantes”, concluyó.