Distrito Congresional 7 de Arizona, en la frontera con México: la inmigración, tema clave de la campaña electoral

Tucson, Arizona – El debate nacional sobre la inmigración y la frontera ha tenido efecto en todo Estados Unidos, aunque en el límite entre Arizona y Sonora -donde la cuestión migratoria se vive desde la propia experiencia junto al muro fronterizo- el tema ya forma parte del debate público y, este año, como ocurre en cada proceso electoral, también integra la discusión en las campañas por las elecciones del 3 de noviembre.

El Distrito Congresional 7, con centro en Tucson, en el Condado Pima, podría considerarse un escenario ideal para el debate político sobre la cuestión inmigratoria en Estados Unidos: se extiende, al sur de Arizona, a lo largo de 563 kilómetros en la frontera con México, desde San Luis y Somerton hasta Nogales, Bisbee, Douglas, Avondale y Tolleson. Se trata de 59,328 kilómetros cuadrados de superficie terrestre (abarca los condados de Cochise, Maricopa, Pima, Pinal, Santa Cruz y Yuma), con una numerosa población hispana y que es habitado por cuatro naciones tribales soberanas (Cocopah, Pascua Yaqui, Quechan y Tohono O’odham).

En este contexto, la inmigración como tema de campaña tiene al menos dos miradas contrapuestas, expresadas por el empresario republicano Daniel Butierez y la congresista demócrata Adelita Grijalva, quienes fueron rivales en la elección de 2025 y que volverán a enfrentarse en noviembre próximo por la misma banca que disputaron el año pasado y que fue obtenida por la hija del histórico congresista Raúl Grijalva, su antecesor en el Congreso. En las primarias de julio de este año, cuando ambos compitieron sin rivales en sus partidos, Grijalva obtuvo 59,304 votos y Butierez alcanzó 21,934 votos.

La propuesta de Butierez

El último viernes, Butierez organizó una reunión pública sobre inmigración en una iglesia de la zona sur para exponer su opinión sobre el sistema migratorio actual, explicar por qué aún no se ha solucionado y plantear cuál considera que es la solución. En una ciudad de marcada tendencia demócrata, el candidato republicano logró reunir a poco menos de dos docenas de personas, incluyéndose a sí mismo, para hablar sobre sus posturas en materia de inmigración.

Se presentó como el candidato “antisistema” frente a la actual congresista Adelita Grijalva, su rival en la elección de 2025, en la que la demócrata accedió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y afirmó que los políticos y los medios de comunicación siembran el miedo entre la gente respecto a lo que sucede con la inmigración.

“He visto cómo muchas cosas empeoran cada vez más en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país, y me resulta increíble que todos hagan campaña prometiendo arreglar la inmigración, pero nadie nunca lo hace”, dijo Butierez en la reunión. “Lo que percibo es que así es como los políticos mantienen el poder: basan sus campañas en este tema año tras año. Quiero prometerles a todos que iré a Washington para solucionar el problema de la inmigración”, agregó.

El candidato republicano añadió que será un político de un solo mandato y que espera, tras solucionar el tema de la inmigración, espera volver a ser empresario local.

¿Cuál es la solución que propone? La Ley Dignidad, un proyecto de ley bipartidista impulsado por la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida), que cuenta con el copatrocinio de 19 republicanos y 20 demócratas, entre ellos la congresista demócrata por Arizona Yassamin Ansari (Distrito Congresional 3).

Entre las disposiciones clave de esta iniciativa se incluye la asignación de más fondos para la seguridad fronteriza, un estatus legal renovable de siete años para inmigrantes indocumentados -que no ofrece una vía hacia la ciudadanía- con una tarifa de restitución de 7,000 dólares y el estatus de residente permanente condicional para los beneficiarios de DACA. 

Butierez afirmó que, de ser elegido, lo primero que haría por encima de todo sería firmar la Ley Dignidad. Sin embargo, el hecho de firmarla no garantiza que el proyecto se convierta en ley; para ello, es necesario obtener una mayoría de votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Estados Unidos. Y ahí radica el verdadero obstáculo para resolver la cuestión migratoria: lograr que haya consenso sobre cuál es la solución.

La solución de Grijalva

Durante un debate realizado el 26 de agosto, Grijalva afirmó que la solución es una reforma migratoria integral, algo que se ha venido postergando. Asimismo, expresó su opinión de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debería ser eliminado.

“No existe reforma posible para un sistema que es fundamentalmente corrupto en su totalidad. Hay un fallo sistémico y se requiere un cambio sistémico”, declaró Grijalva durante el debate. “Debemos abordar la seguridad fronteriza y la modernización de los puertos de entrada, y no considero que el ICE tenga un papel que desempeñar en ello. Podemos analizar cómo sería ese proceso, pero esta agencia, tal como existe actualmente, debería ser eliminada”, señaló.

Grijalva, con raíces inmigrantes, se ha pronunciado reiteradamente sobre cuestiones que afectan a la comunidad inmigrante, tales como las deportaciones masivas, las condiciones de los centros de detención en Arizona y el hecho de tomar como objetivo a personas que atraviesan un proceso migratorio como Karla Toledo, beneficiaria del programa DACA.

En este sentido, la congresista ha criticado que la administración Trump haya destinado millones de dólares a la aplicación de las leyes de inmigración y a la construcción de infraestructura fronteriza, y ha patrocinado y co-patrocinado proyectos de ley dirigidos a la comunidad inmigrante, incluido uno que redirigiría fondos del ICE hacia el sistema de escuelas públicas.

En lugar de apoyar la Ley Dignidad, Grijalva respalda la Ley de Dignidad para Inmigrantes Detenidos (Dignity for Detained Immigrants Act), un proyecto de ley cuyas disposiciones clave incluyen poner fin a los centros de detención privados, reformar el sistema de detención prohibiendo el confinamiento de niños y familias así como el aislamiento, y garantizar un mayor debido proceso y supervisión.

Para ella, la clave para entender la corrupción que percibe en el sistema migratorio reside en seguir el rastro del dinero. “Alrededor del 90% de las personas que se encuentran actualmente detenidas por el ICE están en prisiones privadas”, afirmó Grijalva. “Esas mismas empresas también financian a Trump — incluida su anterior campaña de reelección — y a muchos otros miembros del Congreso. En el fondo, cuando existe tal nivel de corrupción en el sistema, hay un interés por mantenerlo en funcionamiento, y eso no tiene nada que ver con la seguridad de nuestras comunidades”.

Falta de consenso

Los avances en materia de inmigración están estancados; ningún partido logra llegar a un consenso, ni siquiera a un acuerdo parcial, sobre cómo mejorar la situación migratoria. La realidad es que republicanos y demócratas creen tener la solución al problema migratorio y consideran que es la otra parte la que impide resolverlo.

Sin embargo, lo que sí es seguro son las cifras que reflejan la agudización de la crisis migratoria. Actualmente, más de 65,000 personas permanecen recluidas en centros de detención de todo el país y el 70% de ellas carece de antecedentes penales, según informes de TRAC, una organización de la Universidad de Syracuse dedicada al seguimiento de datos. Según esta misma entidad, el sistema de tribunales de inmigración está saturado con más de 3 millones de solicitudes de asilo pendientes, y solo el 24% de los inmigrantes —incluidos los menores no acompañados— contó con asistencia legal en los tribunales durante los procedimientos de expulsión en agosto.

Aunque la política no logra ponerse de acuerdo sobre las medidas necesarias para enfrentar este tema, una nueva elección permitirá abordar -a traves del voto- la actual situación migratoria en Estados Unidos.