Congreso demócrata podría abrir paso a una reforma migratoria y mayor vigilancia a las deportaciones

El abogado Fernando Romo ve una oportunidad para negociar protecciones para los dreamers. AILA pide a la nueva mayoría convertir las promesas electorales en acciones, con énfasis en el debido proceso y la rendición de cuentas.

Tucson, Arizona. – El control demócrata de ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027 podría abrir una oportunidad para negociar una reforma migratoria y aumentar la vigilancia sobre las deportaciones del gobierno de Donald Trump. Para el abogado de inmigración Fernando Romo, el nuevo escenario podría beneficiar tanto a inmigrantes indocumentados como a algunas personas con estatus legal, aunque los cambios dependerán de los acuerdos que alcancen los legisladores.

La posibilidad de avanzar en una solución para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, también estuvo entre las prioridades que la congresista Adelita Grijalva destacó durante la noche electoral del martes 3 de noviembre.

“Tenemos leyes, ya están preparadas, ya nomás necesitamos los votos”, dijo Grijalva a Conecta Arizona durante su celebración electoral en Tucson. La legisladora reiteró su respaldo a una reforma migratoria integral que incluya un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA.

Grijalva relató que dentro de la bancada demócrata había escuchado dudas sobre el valor electoral de abordar la inmigración. Frente a ello, interpretó la participación de los votantes como una razón para actuar y cambiar el sistema. Su declaración coloca el tema entre las prioridades que buscaría impulsar en el próximo Congreso, aunque no constituye el anuncio de una reforma aprobada.

Para Romo, uno de los primeros efectos de la nueva mayoría podría ser una mayor presión sobre los funcionarios responsables de ejecutar las políticas migratorias.

“Los congresistas demócratas van a poder obligar que los funcionarios públicos vayan y testifiquen con el Congreso de una manera pública”, señaló a Conecta Arizona.

El abogado considera que las comparecencias y los cuestionamientos públicos podrían llevar a los funcionarios a reconsiderar algunas de sus tácticas. En su análisis, la supervisión legislativa podría elevar el costo político de medidas que describe como estrictas y rudas.

Romo también interpreta el resultado electoral como una señal de rechazo a las deportaciones que afectan a personas con años de residencia en Estados Unidos. Esa es su lectura del voto, no una conclusión que permita atribuir una misma motivación a todos los electores.

El llamado a una mayor rendición de cuentas coincide con el de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, (AILA por sus siglas en inglés). En un comunicado del 4 de noviembre, la organización pidió a la mayoría entrante convertir las promesas de campaña en acciones para modernizar el sistema migratorio.

Su presidente, Jeff Joseph, instó al próximo Congreso a utilizar sus facultades legislativas y de supervisión para promover una aplicación legal, justa y eficaz de las leyes migratorias. El director ejecutivo, Ben Johnson, sostuvo que la seguridad fronteriza puede coexistir con el debido proceso, el trato justo y vías legales que respondan a las necesidades de las familias y la economía.

Romo ve posibilidades de una reforma, pero advierte que los demócratas deberán negociar con cuidado el alcance de sus propuestas.

“Creo que tiene que haber un acuerdo donde se van a enfocar en enforzar la ley”, afirmó.

El abogado propone combinar medidas de cumplimiento de la legislación migratoria con cambios en el sistema de asilo y opciones de residencia permanente para los dreamers, incluidos los beneficiarios de DACA. En su opinión, impulsar una regularización generalizada podría generar resistencia política y dificultar los acuerdos.

Su planteamiento y el de Grijalva coinciden en buscar una solución legislativa para quienes llegaron al país durante la infancia, aunque difieren en el alcance expresado: Romo habló de opciones de residencia, mientras la congresista respaldó una reforma integral con un camino hacia la ciudadanía.

AILA, por su parte, plantea una agenda que incluye supervisión independiente, debido proceso, aplicación proporcional de la ley, soluciones para residentes de larga duración, modernización de la inmigración legal y un sistema de asilo más ágil y con recursos suficientes.

Sin embargo, recuperar el Congreso no garantiza una reforma ni cambia automáticamente el estatus migratorio de las personas. Una nueva ley requeriría superar el proceso legislativo y obtener la firma del presidente, o reunir dos tercios de los votos en cada cámara para anular un veto.

A partir de enero, la nueva mayoría tendrá que demostrar si puede convertir sus prioridades en acuerdos y esos acuerdos en protecciones concretas.

“Creo que sí existe una posibilidad muy grande de que salga algo positivo al resultado de estas elecciones”, concluyó Romo.