Los votantes aprobaron declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas: ¿qué significa esta medida para Arizona y las comunidades fronterizas?

Tucson, Arizona – La Propuesta 317, que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y ordena al Departamento de Seguridad Nacional de Arizona hacer todo lo que esté dentro de sus facultades para combatirlos, fue aprobada por los votantes de Arizona durante las elecciones intermedias de este año. Según los resultados electorales estatales no oficiales, el 57 % votó a favor y el 43 % en contra de la medida; el condado de Pima fue el único del estado donde hubo más votos en contra que a favor de la Propuesta.

La medida también define a un cártel como una asociación formal o informal de personas que opera de manera continua y que participa en el tráfico de personas, el narcotráfico o cualquier acto definido como terrorismo bajo las leyes de Arizona. Algo que la propuesta no hace es asignar un presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional de Arizona para llevar a cabo más labores de aplicación de la ley.

La legislación aprobada por los votantes refleja un respaldo continuo a una mayor participación del estado en la aplicación de las leyes migratorias y la seguridad fronteriza, responsabilidades que tradicionalmente corresponden al gobierno federal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) es la agencia federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que protege las fronteras de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Arizona (AZDOHS, por sus siglas en inglés) es el organismo ejecutivo estatal encargado de gestionar estrategias de seguridad nacional.

Sin embargo, a pesar del apoyo expresado por los votantes, todavía hay organizaciones que se oponen a las medidas relacionadas con la participación del estado en la seguridad fronteriza, como la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU, por sus siglas en inglés), que se manifestó en contra de la Propuesta 317.

“Es un uso irresponsable y un desperdicio de los recursos de Arizona”, señala la ACLU en su guía de las Propuestas electorales de Arizona para 2026. “La Propuesta 317 equipara delitos menores relacionados con drogas, cometidos por ciudadanos estadounidenses, con la grave amenaza del crimen organizado. La Propuesta 317 no tiene un impacto significativo en el tráfico de personas. Por el contrario, las personas que buscan asilo legalmente y que se ven obligadas a pagar a guías para cruzar México de manera segura podrían ser clasificadas injustamente como miembros o asociados de un cártel de la droga, lo que tendría graves consecuencias legales. La Propuesta 317 convierte a personas que participan en actividades motivadas por la adicción a sustancias o la necesidad de sobrevivir en terroristas”.

Un historial de apoyo a la seguridad fronteriza en Arizona 

Una propuesta legislativa similar fue presentada y aprobada por una mayoría republicana en 2023, aunque la gobernadora demócrata Katie Hobbs vetó la legislación. Posteriormente, los republicanos votaron para incluir una medida similar en la boleta electoral como la Propuesta 317, algo que no requiere la firma de la gobernadora y que solo necesita el respaldo de la mayoría de los votantes de Arizona.

La legislación llega apenas dos años después de que los votantes aprobaron otra ley relacionada con la seguridad fronteriza en 2024. La Propuesta 314, también conocida como la Ley de Protección Fronteriza (Secure the Border Act), tipifica como delito a nivel estatal los cruces fronterizos no autorizados, autoriza a la policía local a arrestar a inmigrantes indocumentados y a jueces estatales a ordenar su deportación, exige verificar el estatus migratorio para acceder a beneficios públicos y aumenta las penas por la venta de fentanilo que provoque muertes.

La ACLU también se opuso a esta ley y, junto con The Florence Project, presentó una demanda en julio de 2026 para bloquear una sección de la Propuesta 314 que convertiría la entrada ilegal al país en un delito estatal y permitiría que jueces estatales emitieran órdenes de deportación. Sin embargo, en agosto presentaron una notificación para retirar voluntariamente la demanda.

No fueron las únicas organizaciones que presentaron demandas. Living United for Change in Arizona (LUCHA) y el Arizona Center for Empowerment presentaron una demanda por separado para intentar anular la Propuesta 314, pero el caso fue desestimado en octubre de 2025.

A nivel federal, los cárteles ya están reconocidos como organizaciones terroristas. Esta fue una de las medidas que el presidente Donald Trump firmó durante su primer día de su segundo mandato, junto con la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur.

Desde entonces, más de 10,000 miembros de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en la frontera sur, según el Comando Norte de Estados Unidos (U.S. Northern Command), encargado de planificar, organizar y ejecutar misiones de defensa nacional y apoyo civil. Los militares brindan apoyo en tareas de vigilancia, aplicación de la ley, logística y transporte.

La seguridad fronteriza también ha recibido una inversión federal histórica. La ley One Big Beautiful Bill Act destinó más de 70 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza, mientras que la Ley Secure America Act proporcionó otros 26 mil millones de dólares en fondos extendidos hasta 2029.

La frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo un tema central en el debate nacional. En Arizona, los votantes siguen respaldando leyes estatales que buscan otorgarle al estado mayores facultades en materia de aplicación de las leyes migratorias y seguridad fronteriza, siguiendo una tendencia nacional de mayor vigilancia en la frontera sur.