Las propuestas que los votantes de Arizona rechazaron en estas elecciones

Tucson, Arizona – De las ocho propuestas que estuvieron en la boleta electoral en las elecciones de medio término de este año en Arizona, solo tres no fueron aprobadas: se trata de las Proposiciones 142, 144 y 320. Conecta Arizona explica qué habrían cambiado estas propuestas de haber sido aprobadas.
Las propuestas pueden ser incluidas en la boleta electoral por la Legislatura estatal o por los votantes, siempre y cuando estos últimos reúnan firmas equivalentes al 10 % o 15 % del electorado calificado, dependiendo del tipo de iniciativa que busquen presentar, según la Secretaría de Estado.
Sin embargo, todas las propuestas incluidas en esta boleta fueron presentadas por la Legislatura mediante resoluciones concurrentes de la Cámara de Representantes (House Concurrent Resolutions), las cuales solo necesitan una mayoría simple para ser aprobadas. Esta es una de las maneras en que la Legislatura, controlada por los republicanos, logró evadir el veto de la gobernadora demócrata Katie Hobbs y llevar las medidas directamente ante los votantes para que decidieran si las aprobaban o rechazaban.

Las siguientes son las tres medidas que los votantes decidieron rechazar. Dos de ellas (142 y 144) proponían enmiendas a la Constitución estatal, mientras que la tercera (320) buscaba modificar las leyes estatales.
Proposición 142
La Proposición 142 tenía que ver con la prohibición del trato preferencial y la discriminación, según el texto de la legislación. En esencia, la propuesta habría modificado la Constitución de Arizona para “prohibir que el estado otorgue un trato preferencial o discrimine a individuos o grupos por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en el empleo público, la educación o la contratación pública, incluso cuando forme parte de un programa federal”.
Esto habría aplicado al empleo público, la educación y la contratación pública. También habría prohibido el uso de fondos públicos para operar o contratar servicios en instituciones educativas públicas que implementaran prácticas que trataran de manera diferente a estudiantes o empleados por motivos de raza o etnia.
En este caso, el trato preferencial se refiere principalmente a las políticas y prácticas conocidas como Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). En 2010, los votantes de Arizona aprobaron la Proposición 107, que añadió una sección a la Constitución estatal para impedir que el estado otorgara trato preferencial, aunque sin abordar el componente de financiamiento federal que sí contemplaba la Proposición 142.
Los promotores de la Proposición 142, entre ellos los republicanos que presentaron la legislación, argumentaron que las políticas DEI han generado divisiones, provocado discriminación y creado mandatos federales que favorecen a ciertos grupos por motivos de raza.
Sus opositores, entre ellos Chispa Arizona, la ACLU de Arizona y la senadora estatal Analise Ortiz, argumentaron que el lenguaje de la propuesta era impreciso y que incorporaría el racismo en el documento fundamental del estado, con consecuencias graves y de gran alcance.
Los votantes rechazaron la propuesta: el 60% votó en contra y el 40% a favor, según los resultados estatales no oficiales.
Esto significa que no habrá cambios en la Constitución estatal y que las disposiciones de la Proposición 107 seguirán vigentes, manteniendo la prohibición de los programas de acción afirmativa en el estado.

Proposición 144
La Proposición 144 era una medida electoral que proponía modificar la Constitución estatal en materia de votación. La legislación contemplaba cuatro puntos: exigir que los votantes presentaran una identificación válida antes de emitir su voto en cada elección; darles la opción de que sus votos fueran contabilizados en su centro de votación el día de las elecciones; permitir que los ciudadanos y la Legislatura aprobaran leyes para regular las elecciones, además de establecer fondos para implementar estas medidas; y prohibir que ciudadanos extranjeros contribuyeran con dinero o influyeran en las elecciones de Arizona.
La propuesta también reafirmaba que únicamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones, algo que ya es un requisito federal.
Quienes apoyaban la legislación argumentaban que haría que las elecciones en Arizona fueran más rápidas y seguras. El proyecto fue aprobado en la Legislatura estatal con una mayoría simple de republicanos y recibió el respaldo de organizaciones conservadoras, como Heritage Action for America, Arizona Women of Action y el Partido Republicano de Arizona.
El senador Mark Kelly fue uno de los principales opositores de la propuesta e hizo campaña en su contra junto con organizaciones como Will of the People. Estos opositores argumentaron que la iniciativa dificultará el proceso de votación para los adultos mayores, los miembros de las Fuerzas Armadas, las personas con discapacidades y quienes dependen del voto por correo.
La medida fue rechazada: el 53% votó en contra, mientras que el 47% votó a favor, según los resultados estatales no oficiales. De haber sido aprobada, habría entrado en vigor el 1 de enero de 2028, justo a tiempo para las siguientes elecciones presidenciales.

Proposición 320
La Proposición 320 fue una de varias medidas relacionadas con la educación que aparecieron en la boleta electoral este año. La medida habría exigido que los distritos escolares con más de 7,500 estudiantes destinaran el 60% de sus gastos operativos a la instrucción directa para poder recibir fondos estatales.
También habría impuesto sanciones económicas a los distritos escolares que no cumplieran con ese porcentaje, reduciendo la cantidad de fondos que reciben del estado. Los recortes habrían aumentado año tras año: una reducción del 25% durante el primer año de incumplimiento, del 50% durante el segundo y del 75% durante el tercero. En el cuarto año, los distritos dejarían de recibir fondos estatales.
Quienes se oponían a la medida argumentaron que tendría efectos catastróficos para la educación en Arizona, al imponer recortes “drásticos” que podrían limitar el acceso a programas de arte y música, reducir servicios que ayudan a mantener seguros a los estudiantes y eliminar programas esenciales como los deportes escolares, la orientación estudiantil y el transporte, entre otros.
El Partido Demócrata de Arizona y la Asociación de Educación de Arizona, un sindicato de educadores, estuvieron entre los opositores de la medida.
Por otro lado, los promotores de la propuesta, entre ellos el Partido Republicano de Arizona, argumentaron que la medida priorizaría los salarios de los maestros al garantizar que los fondos llegaran directamente a las escuelas y no se perdieran en la burocracia del sistema educativo.
Al final, los votantes no quedaron convencidos y rechazaron la propuesta: el 52% votó en contra y el 48% a favor, según los resultados estatales no oficiales.

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