ACLU denuncia engaño público y desvío de fondos en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa

Phoenix, Arizona — La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) acusó a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) de inflar de manera engañosa los costos de cumplimiento del histórico caso Ortega Melendres v. Sheridan, que determinó hace más de una década que la agencia practicó detenciones y patrullajes discriminatorios contra personas latinas en Arizona.

De acuerdo con una auditoría independiente ordenada por la corte, la MCSO habría facturado al condado más de 226 millones de dólares en gastos supuestamente relacionados con el caso, pero más de 160 millones —el 72%— fueron atribuidos de forma indebida y no tenían relación alguna con las reformas ordenadas por la justicia. Entre los gastos incluidos se encontraron carritos de golf, caballos, pistolas eléctricas (táser) e incluso combustible para aviones.

“El sheriff Sheridan ha pasado el último año asegurando que su liderazgo es distinto al de su exjefe, Joe Arpaio. Pero engañar al público sobre el comportamiento de la MCSO es más de lo mismo”, declaró Victoria López, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona. “La agencia ha desviado fondos de los contribuyentes hacia gastos no relacionados y luego usa esas cifras infladas para decir que es ‘demasiado caro’ dejar de violar la Constitución. No es la reforma lo costoso, es la mala conducta de la MCSO”.

El informe también señala que la agencia cargó los salarios completos de empleados que apenas trabajaron en temas de cumplimiento, y sugiere posibles violaciones a las leyes estatales de presupuesto. “Esta tergiversación engaña al público sobre el costo real de las reformas y pone en duda la credibilidad y transparencia de la MCSO”, advierte el documento.

Por su parte, Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del Proyecto de Reforma de la Ley Penal de la ACLU, afirmó que “la Oficina del Sheriff y los políticos del condado falsificaron las cuentas para crear un fantasma de costos que les permita evadir su responsabilidad”. Añadió que las reformas ordenadas por la corte “comenzaron con la resistencia de la MCSO a cumplir, en lugar de corregir los problemas constitucionales”.

“La comunidad ha pagado el precio de esa mala conducta, tanto en dinero público como en el daño humano”, dijo Borchetta. “No aceptaremos este intento descarado de eludir la rendición de cuentas. Esperamos que, con este informe, la MCSO y el condado se comprometan de verdad a completar las reformas pendientes“.

La auditoría fue solicitada por el tribunal en septiembre de 2024, luego de que la MCSO no pudiera presentar recibos detallados que justificaran los gastos reportados como parte del cumplimiento del caso Melendres.