Activistas califican el SB 1164 como una amenaza para migrantes y un retroceso para el estado

Tucson, Arizona. El Senado de Arizona ha dado un paso adelante con el Proyecto de Ley SB 1164, conocido como “Arizona ICE Act”, que obligaría a las agencias estatales y cuerpos policiales locales a colaborar con las autoridades federales de inmigración. Esta iniciativa ha generado una fuerte controversia entre legisladores republicanos, demócratas y activistas de derechos civiles. Mientras los promotores del proyecto lo consideran una herramienta clave para la seguridad pública, sus opositores lo denuncian como una amenaza para las comunidades migrantes y un retroceso en materia de derechos humanos.

Reacciones y preocupaciones

Pedro De Velasco, director legal de la Iniciativa Fronteriza Kino en Nogales, expresó su preocupación ante esta propuesta. “Pensaría que Arizona ha avanzado desde la racista Ley SB1070 hace 15 años. Hoy duele ver que no es así y que en la agenda legislativa hay leyes que sólo buscan aterrorizar y lastimar a nuestra comunidad”, declaró. Además, cuestionó la eficiencia de destinar recursos policiales a la persecución de inmigrantes en lugar de a la seguridad ciudadana.

“Actualmente, vemos cuerpos de policía rebasados, que no pueden responder en tiempo a los llamados de auxilio. ¿Queremos que enfoquen su tiempo y recursos en perseguir personas debido a su estatus migratorio? ¿En verdad creemos que ese es un uso inteligente de nuestros impuestos?”, agregó. Según el abogado, esta medida podría disuadir a víctimas de crímenes de acudir a las autoridades por temor a ser detenidas o deportadas.

De Velasco afirmó que “los partidarios de estas legislaciones antiinmigrantes creen, o al menos intentan hacer creer, que la colaboración entre los departamentos de policía y las autoridades migratorias permitirá la detención de peligrosos criminales violentos. Sin embargo, la realidad es que esto derivará en la separación de más familias, como ocurrió la semana pasada con Yesenia y sus hijos en Tucson”.

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Yesenia, una inmigrante venezolana que vendía empanadas en una gasolinera QuikTrip, fue detenida por oficiales del Departamento de Seguridad Pública y, en cuestión de horas, deportada por la frontera de Nogales hacia México.

“Lo que están haciendo es subir a los mexicanos a autobuses apenas cruzan la frontera y llevarlos a un centro deportivo al sur de Nogales, lejos del muro fronterizo. A los que no son mexicanos los trasladan a Hermosillo y, desde allí, los envían rápidamente al sur, hasta Tabasco como es el caso de Yesenia”, explicó De Velasco.

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Alcance de la ley

El SB 1164 establece que todas las agencias del orden en Arizona deben “usar sus mejores esfuerzos para apoyar la aplicación de las leyes de inmigración federales”. Entre sus principales disposiciones se incluye la obligación de retener a sospechosos con órdenes de detención migratoria hasta por 48 horas para que ICE pueda tomar su custodia. Además, prohíbe las políticas locales que limiten la cooperación con ICE, lo que invalidaría ordenanzas municipales en ciudades como Phoenix y Tucson.

El proyecto también contempla sanciones para las agencias que no cumplan con la ley y permite al fiscal general estatal emprender acciones legales contra ellas. Asimismo, prevé la participación obligatoria en el programa federal 287(g), que autoriza a agentes locales a actuar como oficiales de inmigración.

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Posiciones encontradas

Los republicanos que impulsan la medida sostienen que es necesaria para garantizar la seguridad pública y evitar la liberación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. El senador republicano Warren Petersen, presidente del Senado estatal y principal promotor del proyecto, aseguró que la iniciativa busca que “Arizona colabore con los esfuerzos del presidente Trump para remover a inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes”. Según Petersen, la ley no implica redadas masivas en comunidades, sino la retención de personas detenidas por delitos estatales para entregarlas a ICE.

Por su parte, Isabel García, activista de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson, criticó duramente el proyecto. “Ahora quieren que todos seamos migra, que denunciemos a cualquier persona sin documentos. Se les olvida el aporte de los inmigrantes a la economía”, afirmó.

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Otra medida en camino: el SB 1294

En paralelo, el Senado de Arizona también avanza con el Proyecto de Ley SB 1294, que busca arrendar una prisión vacía en Marana al gobierno federal para la detención de inmigrantes indocumentados. La instalación, cerrada en 2023, fue construida para albergar a 500 reclusos, pero operaba con un promedio de solo 225.

De aprobarse, Arizona arrendaría la prisión por $1 al año durante cuatro años, con posibilidad de extender el contrato por dos años adicionales.

“No sólo les basta con el ataque que ha sufrido la comunidad en estas cuatro semanas, también quieren que una prisión estatal sirva de albergue para detener indocumentados”, argumentó García. 

Según el senador republicano John Kavanagh, patrocinador del SB 1294, esta medida representaría un beneficio económico para el estado, ya que el gobierno federal asumiría el mantenimiento del centro penitenciario.

El proyecto fue aprobado por el Comité de Asuntos Militares y Seguridad Fronteriza del Senado estatal el pasado 10 de febrero con una votación de 4 a 3, y ahora debe superar otra etapa en comité antes de su deliberación en el pleno del Senado estatal.

Ambas iniciativas continúan generando un intenso debate en Arizona.