“Sigan la ley. Obedezcan. No mueran”: Representante Gillete

Republicanos presentan proyecto de ley para prohibir que se interfiera con las labores de las autoridades de migración en Arizona.

_{Arizonenses a favor y en contra de ICE se encontraron en el arranque la sesión legislativa 2026 en el Capitolio Estatal de Arizona. Foto: Daniel Robles}

Phoenix, Arizona. – “Estamos con ICE”, decían las pancartas que el lunes 12 de enero se repartían en el jardín del Senado de Arizona. Un par de horas antes del inicio oficial de la sesión legislativa de 2026, los republicanos convocaron a una rueda de prensa para reafirmar su apoyo a la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la posibilidad de que intensifiquen sus labores en Arizona.

Como parte de las acciones de respaldo a los agentes migratorios, los republicanos anunciaron que presentarían un proyecto de ley que criminalizaría la “obstrucción” de los operativos de ICE y otras agencias del orden público y penalizaría a los manifestantes, vigilantes ciudadanos y cualquier persona que se interponga entre los oficiales y su deber. Esto, en medio de la indignación nacional por la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis la semana pasada.

“Los agentes de ICE son oficiales del orden público juramentados y no se les debe resistir. Sigan la ley. Obedezcan. No mueran. Gracias”, sentenció el representante estatal republicano John Gillette, quien dijo que presionaría para que la iniciativa avance.

_{El líder del Senado de Arizona, Warren Petersen, defendió el actuar de ICE y dijo que impulsaría la medida. Foto: Maritza L. Félix}

El proyecto de ley, que sería patrocinado también por el líder del Senado, Warren Petersen, busca tipificar un nuevo delito vinculado específicamente a los operativos de ICE, diferenciándolo de las actuales leyes que ya sancionan la interferencia con la policía local o estatal.

“Hemos visto algunas tragedias recientemente, tragedias que podrían haberse evitado si la gente simplemente siguiera la ley”, dijo Petersen.

“El cumplimiento de esa ley se ve obstaculizado por una retórica peligrosa, por personas que están impulsando argumentos en contra de nuestras fuerzas del orden, personas que intentan decir que están haciendo algo mal cuando, en realidad, lo único que están haciendo es hacer cumplir la ley”, añadió.

Uno de los simpatizantes más férreos del proyecto es el fiscal del condado de Pinal, Brad Miller, quien reforzó la alianza con las autoridades de migración y defiende las políticas implementadas por la administración Trump. Dijo que la propuesta sería tan sencilla como cambiar la definición de “obstrucción” de la ley actual de Arizona.

“Como fiscal del condado, he sido testigo directo de la inmigración ilegal descontrolada y de los delitos relacionados con la frontera, de familias destrozadas por sobredosis de fentanilo, de comunidades aterrorizadas por traficantes y de nuestros valientes agentes del alguacil y de ICE que arriesgan la vida todos los días”, indicó el procurador.

_{El fiscal del Condado Pinal, Brad Miller, durante la rueda de prensa. Foto: Maritza L. Félix}

Puso como ejemplo el reciente operativo en Tucson, Arizona, en Taco Giro, en el que se realizaron detenciones y se registró el uso de gas lacrimógeno para disuadir las protestas.

“Este proyecto traza una línea constitucional: observen, graben, cuestionen, pero no obstruyan físicamente ni amenacen de maneras que aumenten el peligro o interfieran con un arresto legal. Las violaciones conllevan consecuencias reales: multas, cárcel y penas de prisión. Esto protege los derechos de la Primera Enmienda y, al mismo tiempo, garantiza que los agentes puedan trabajar con seguridad. Las protestas pacíficas siguen siendo sagradas. La violencia, no”, sentenció Miller.

El contexto

La propuesta llega a menos de una semana de que Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, muriera a manos de un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis, un caso que desató protestas masivas y cuestionamientos sobre el uso de fuerza letal por parte de esa agencia.

_{Afuera del Capitolio Estatal, los manifestantes interrumpieron la rueda de prensa de los líderes republicanos. Foto: Daniel Robles.}

Mientras aliados del presidente Donald Trump han utilizado la muerte de Good para exigir mano dura contra quienes “obstruyen” a ICE, organizaciones de derechos civiles y legisladoras demócratas la señalan como una muestra de impunidad y abuso institucional.

A quiénes afectaría

Al anuncio en la rueda de prensa, la propuesta de ley aún no era presentada en la legislatura, así que no hay especificidad en los detalles de las situaciones y las penalizaciones. Sin embargo, el fiscal del condado de Pinal explicó que la intención de la propuesta de ley es castigar conductas como: interponerse físicamente entre agentes e inmigrantes, acercarse demasiado a un operativo, o negarse a acatar órdenes de dispersarse durante una acción de ICE. Críticas tempranas advierten que un lenguaje vago podría permitir que se persiga también a quienes graban videos, observan como testigos, brindan acompañamiento legal o simplemente se encuentran presentes cuando ocurre una detención.

Reacciones y preocupaciones de organizaciones

Justo antes de la rueda de prensa, que estaba pactada afuera del Senado de Arizona, un grupo de manifestantes interrumpió la convocatoria con música, y gritos de protesta a favor de los migrantes y en condena a las tácticas mortales de ICE.

Grupos proinmigrantes y defensores de derechos humanos en Arizona alertan que la ley, de aprobarse, profundizaría un clima de miedo y podría castigar la solidaridad comunitaria, especialmente en barrios latinos y comunidades fronterizas.

_{Xenia, de Fuerte Movimiento de Arte, lideró la protesta en el Capitolio de Arizona. Foto: Daniel Robles}

“Estamos en contra del terrorismo que está pasando en nuestras comunidades a mano de la migra”, Xenia, de Fuerte Movimiento de Arte.

“Están matando a la gente en la calle que están en contra de ellos”, expresó.

Organizaciones que acompañan a familias migrantes señalan que esta iniciativa se suma a años de políticas de vigilancia y criminalización, y advierten que el estado corre el riesgo de volver a un ambiente similar al de la época de la SB 1070, pero ahora enfocado en operativos federales.