Millones de inmigrantes esperan años por una decisión: la crisis silenciosa del sistema migratorio en EE.UU.

Las cortes de inmigración en EE.UU. enfrentan más de 3.8 millones de casos pendientes, con jueces que llegan a manejar hasta 10,000 expedientes cada uno, mientras millones de migrantes esperan años por una decisión en un sistema saturado.

Tucson, Arizona. – Estados Unidos enfrenta una creciente crisis en su sistema migratorio, marcada por un alto volumen de casos pendientes y una evidente insuficiencia de jueces para atender la demanda. Actualmente, cerca de 3,8 millones de personas permanecen en espera de una resolución, en un proceso que puede extenderse por años y cuya duración varía dependiendo del estado, el juez asignado y el país de origen del solicitante. 

De acuerdo con datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el sistema opera con apenas 673 jueces de inmigración para millones de procesos activos. Esta desproporción ha generado una carga excesiva, con casos en los que un solo juez puede enfrentar hasta 10,667 expedientes, muy por encima de su capacidad operativa. 

La congestión no se distribuye de manera uniforme. Cinco estados concentran el 54 % de los casos pendientes en todo el país: Florida lidera con más de 528.000 casos, seguida por Texas, California, Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, el problema es generalizado, ya que otros estados como Illinois, Massachusetts, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee acumulan en conjunto más de 756.000 casos, lo que evidencia una presión nacional sobre el sistema. 

El abogado de inmigración Héctor Quiroga, atribuye esta situación a una falta de capacidad institucional para responder al crecimiento de la demanda. “La estructura no ha crecido al mismo ritmo que los casos, lo que impacta directamente en los tiempos de espera”, señaló. Además, destacó el desequilibrio en la distribución de jueces, ya que los recursos no siempre corresponden a la carga de trabajo en cada jurisdicción. 

Las diferencias entre estados reflejan esta disparidad. Mientras Florida registra un promedio de 8.803 casos por juez, en Texas y California la carga es menor —5.171 y 3.854 respectivamente— debido a una mayor disponibilidad de magistrados. En contraste, estados con menos jueces como Nebraska, Tennessee y Utah presentan cifras críticas, superando los 9.000 casos por juez. Por otro lado, jurisdicciones como Virginia y Arizona muestran que una mayor proporción de jueces puede reducir significativamente la presión sobre el sistema. 

El impacto de esta crisis recae principalmente en la población latina, que representa el 75,8 % de los casos pendientes. Entre los países con mayor número de solicitantes destacan Venezuela y México, seguidos por Guatemala, Honduras y Colombia. A esto se suman barreras adicionales como el acceso limitado a representación legal, el idioma y las dificultades económicas, que complican aún más el proceso migratorio. 

La magnitud del problema se evidencia en su crecimiento acelerado. En 2015, el sistema registraba poco más de 658.000 casos pendientes; para 2024, la cifra alcanzó los 3,8 millones, con un aumento significativo en los últimos años. Datos recientes también muestran que el atraso continúa en niveles críticos, con más de 3,3 millones de casos activos en 2026. 

Para expertos, esta situación no solo refleja una crisis operativa, sino también un problema estructural que afecta la equidad del sistema. “Cuando los tiempos de respuesta varían según la jurisdicción, la calidad de la justicia se vuelve desigual”, advirtió Quiroga.

En un contexto donde la capacidad institucional no crece al mismo ritmo que la demanda, millones de personas continúan en una espera incierta, enfrentando un sistema saturado que dificulta el acceso a una resolución oportuna y equitativa.