Organizaciones cuestionan audiencia sobre la supervisión judicial del Sheriff en Maricopa

El futuro de la supervisión federal sobre la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) se encuentra en el centro de un acalorado debate político y legal. 

Representantes de diversas organizaciones comunitarias ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su preocupación frente a la audiencia convocada por el congresista republicano Andy Biggs, titulada “The Monitoring Racket: The Grift That Keeps on Giving” (“El fraude de la supervisión: La estafa que sigue dando”).

La audiencia, impulsada por Biggs, tiene como objetivo examinar la gestión del juez de Distrito Murray Snow y del monitor judicial Robert S. Warshaw. Los críticos de la supervisión actual argumentan que los costos han sido excesivos para los contribuyentes del condado, mientras que los defensores de los derechos civiles sostienen que la supervisión sigue siendo vital para evitar prácticas discriminatorias.

Voces de la comunidad y preocupaciones civiles

En la conferencia de prensa participaron figuras prominentes como Salvador Reza, de los Comités de Defensa del Barrio; Ricardo Reyes, de Arizona Veterans Forward; y Erika Andiola, Directora Política de la Red de Trabajadores (NDLON por sus siglas en inglés).

El grupo manifestó su inquietud ante los esfuerzos de la Junta de Supervisores (BOS, por sus siglas en inglés) y la MCSO para desestimar el fallo del caso Melendres, el litigio histórico que determinó que la oficina del alguacil había incurrido en perfilamiento racial bajo la administración de Joe Arpaio.

Los activistas citaron eventos recientes, como las redadas en los bares deportivos Zipps y la colaboración entre MCSO y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como evidencia de que, sin supervisión federal, el condado podría regresar a las prácticas policiales de la era anterior.

“En estos momentos están escuchando el testimonio de gente como Debbie Lesko, Felix Garcia, o gente que representa al Goldwater Institute pero que no representa a nuestra comunidad. Allá adentro Felix Garcia acaba de decir que la comunidad apoya al Sheriff Sheridan, y yo le pregunto a nuestra comunidad si de verdad apoya a un sheriff que era el adjunto de Arpaio, que llevó a cabo las redadas de Arpaio, que hace una semana estuvo protegiendo a los miembros de ICE”, cuestionó Salvador Reza.

La postura oficial: Auditoría y costos

Por otro lado, la audiencia del congresista Biggs se fundamenta en los resultados de una auditoría ordenada por un juez, la cual concluyó que el 72% de los fondos asignados bajo el caso Melendres carecían de justificación adecuada. Entre los gastos cuestionados en el reporte se incluyen la compra de carritos de golf, combustible para un jet del condado y créditos salariales anuales para empleados con participación mínima en el caso.

Para testificar sobre estos hallazgos, el congresista ha invitado a Debbie Lesko, miembro de la Junta de Supervisores (BOS) y excongresista; a Felix Garcia, miembro de Turning Point USA y designado por el Alguacil Jerry Sheridan para la Junta Asesora Comunitaria (CAB), y a John Riches, Consejero General del Instituto Goldwater, entidad que se ha opuesto a las órdenes del juez Snow.

La controversia surge en un momento crítico. Recientemente, la Junta de Supervisores, junto con la MCSO y el Departamento de Justicia (DOJ), presentaron una moción para desestimar el caso Melendres, argumentando que la agencia ha alcanzado el cumplimiento total de las órdenes judiciales.

Sin embargo, la tensión entre las ramas de gobierno es palpable. Funcionarios públicos han desestimado las advertencias previas del juez Snow, quien señaló que realizar afirmaciones falsas sobre costos de monitoreo excesivos podría conllevar consecuencias legales.

Mientras el sector oficial busca el fin de la intervención federal citando responsabilidad fiscal, las organizaciones comunitarias insisten en que la protección de los derechos civiles debe prevalecer, temiendo que el desmantelamiento de la supervisión bajo el liderazgo del alguacil Sheridan revierta los avances logrados en la última década.