“Call center” de la extorsión: desde un cárcel en Colombia habrían movido más de $1.5 millones de dólares

La organización no solo operaba un “call center” de extorsiones desde la cárcel, sino que, según la investigación, contaba con una especie de “escuela de extorsión” para enseñar sus métodos y extendía sus operaciones a víctimas en el exterior.

Una llamada telefónica desde la cárcel La Picota era apenas el comienzo de una cadena de engaños, amenazas y exigencias de dinero. Detrás del teléfono, según una investigación de la Fiscalía General de Colombia, funcionaba una estructura criminal que presuntamente convirtió un pabellón penitenciario en una especie de centro de operaciones para extorsionar y estafar.

Las pesquisas señalan a alias “El Don” como presunto líder de la organización, que habría operado desde el pabellón 6 de La Picota y logrado evadir los controles penitenciarios para acceder a teléfonos celulares, información personal y aplicaciones financieras.

De acuerdo con las evidencias recopiladas por la Fiscalía, el entramado habría obtenido más de 4.900 millones de pesos colombianos, alrededor de $1.56 millones de dólares producto de sus actividades ilícitas.

Perfiles falsos y amenazas para conseguir dinero

La modalidad dependía, en buena medida, de la capacidad de los integrantes de la organización para construir identidades falsas y convencer o intimidar a sus víctimas.

Las llamadas podían convertirse en amenazas y exigencias económicas. Una vez que la víctima accedía a pagar, comenzaba otra parte de la operación: mover el dinero de manera que resultara más difícil establecer quién estaba detrás de la extorsión.

Muchas de esas llamadas las hacían al exterior, no es claro quienes eran las víctimas, si colombianos o era parte de una red internacional.

El seguimiento financiero de la Fiscalía permitió reconstruir parte de esa ruta. Según la investigación, el dinero era enviado inicialmente a billeteras digitales y cuentas de terceros, para después ser distribuido entre diferentes integrantes de la estructura.

Los recursos finalmente eran retirados en efectivo o utilizados para comprar bienes, de acuerdo con los investigadores.

La magnitud de las transacciones llevó a las autoridades a examinar más de 631.000 operaciones financieras. La Fiscalía también documentó 43 noticias criminales vinculadas con denuncias y reportes de víctimas.

Dentro de ese universo de movimientos, los investigadores identificaron además un presunto mecanismo destinado a ocultar al menos 2.000 millones de pesos colombianos (US$ 400.000) en menos de cuatro años.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, siendo candidato había manifestado que en el país suramericano “no hay cárceles, hay universidades del crimen” y responsabilizó parcialmente al institulo penitenciario nacional por permitir que los centros penitenciarios funcionaran de esa manera.

El pasado 4 de septiembre en una entrevista con Caracol Radio, afirmó que las cárceles “no van a continuar funcionando como antros desde los cuales se ordenan extorsiones, homicidios y acciones terroristas”. 

El hallazgo se conoce en momentos en que el presidente Abelardo de la Espriella ha endurecido su discurso frente al crimen organizado desde las prisiones. La investigación de La Picota revela que, según la Fiscalía, allí incluso se reclutaba y entrenaba a internos para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas.

Las cárceles convertidas en centros de llamadas

El caso de La Picota, en Bogotá, la capital colombiana, no sería un hecho aislado. Las autoridades colombianas han encontrado anteriormente estructuras dedicadas a realizar extorsiones telefónicas desde establecimientos penitenciarios.

En 2024, la Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre el desmantelamiento de “La Cabina”, un grupo que presuntamente operaba un call center clandestino desde la cárcel La Modelo de Bogotá.

En ese caso, las autoridades encontraron una estructura organizada con espacios identificados como si se tratara de cabinas u oficinas. Durante un operativo fueron incautados 58 teléfonos celulares, 77 tarjetas SIM, 12 cargadores, 28 cables USB y ocho cuadernos que contenían guiones e información utilizada para realizar las extorsiones, además de ocho armas blancas.

Según la Policía, aquella organización utilizaba al menos cinco modalidades. Una de ellas consistía en hacerse pasar por fiscales o policías y amenazar a las víctimas con supuestas órdenes de captura relacionadas con delitos graves. Otra implicaba suplantar a integrantes de grupos armados para exigir dinero, señala el comunicado de la policía nacional colombiana.

También recurrían a la modalidad conocida como “Tío, Tío”, en la que los delincuentes aseguraban falsamente que un familiar de la víctima había sido detenido o había sufrido un accidente y necesitaba dinero de manera urgente. Este tipo de llamadas se han recibo en Estados Unidos.

Las autoridades estimaron entonces que esa estructura obtenía entre 60 y 100 millones de pesos por semana producto de extorsiones y estafas.

Una operación que continúa bajo investigación

El expediente de La Picota muestra una dimensión adicional del fenómeno: no solamente las llamadas realizadas desde prisión, sino la infraestructura financiera necesaria para recibir, distribuir y posteriormente ocultar el dinero.

La reconstrucción de cientos de miles de transacciones permitió a los investigadores seguir el rastro de los recursos e identificar a personas que presuntamente habrían facilitado sus cuentas o billeteras digitales para mover el dinero.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de organizaciones criminales para acceder desde las cárceles a celulares, tarjetas SIM y servicios financieros, herramientas que les permiten contactar a víctimas fuera de los centros penitenciarios y administrar los recursos obtenidos mediante las extorsiones.