Entre “cuotas” migratorias y preocupación local: El centro de procesamiento de ICE en Surprise

La apertura de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Surprise, Arizona, es ya un hecho inevitable. Ubicado en una antigua zona de bodegas en el 13290 W. Sweetwater Ave., el complejo podría recibir a sus primeros detenidos a finales del año fiscal en curso, hacia el mes de septiembre.

Esta nueva instalación ha encendido el debate, generando inquietud en el gobierno municipal por el impacto urbano y alarmas en el Consulado de México por el riesgo de arrestos masivos y la privatización migratoria.

La postura de la ciudad: Promesas del DHS y el impacto local

Buscando disipar la ambigüedad sobre el proyecto, el alcalde de Surprise, Kevin Sartor, viajó recientemente a Washington D.C. para reunirse con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Tras dialogar con Tim Kaiser, coordinador del proyecto federal, Sartor aseguró que la intención del cabildo es basar las decisiones locales en hechos y no en la “frustración” inicial que provocó la noticia.

Una de las principales exigencias de la comunidad era garantizar que no existiera actividad de agentes de ICE en escuelas, iglesias o centros comunitarios cercanos al complejo. Al respecto, el alcalde fue categórico: “Expresamos nuestra preocupación y ellos reafirmaron que no llevarían a cabo operaciones en esas zonas”. Para blindar esta promesa, la ciudad buscará formalizar un Memorando de Entendimiento con el gobierno federal.

Por otro lado, aunque la instalación fue adquirida por casi 70 millones de dólares y tiene una gran capacidad proyectada, el DHS informó a la ciudad que la cifra de detenidos inicial no superará las 50 personas. Paralelamente, el ayuntamiento de Surprise ya instruyó a su personal para evaluar el impacto real en los recursos, la infraestructura y la seguridad pública del municipio.

El impacto reputacional también representa un reto para las autoridades. “Tenemos una ciudad increíble, con 150,000 residentes, servicios de primer nivel… y quiero que se conozca a Surprise por eso, no por esta instalación del DHS. Es una preocupación absoluta para mí”, admitió Sartor.

La advertencia consular: El peligro de las “cuotas”

Mientras el gobierno local negocia la logística urbana, el Consulado General de México en Phoenix observa la situación desde una óptica de derechos humanos. Ante el alarmante registro de 14 mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE en Estados Unidos en lo que va de 2026, la preocupación central radica en las futuras condiciones de encierro.

El Cónsul Jorge Mendoza Yescas explicó la diferencia operativa de este nuevo complejo. Hasta ahora, en el Valle del Sol solo operan estaciones de procesamiento temporal donde los detenidos pasan entre 12 y 14 horas antes de ser trasladados a prisiones en Florence y Eloy. El riesgo con Surprise, advierte el diplomático, es la creación de una nueva dinámica de detención rápida a gran escala.

“Si hacen un centro de procesamiento con capacidad para 100, 200 personas al día, eso es un problema porque van a tener que llenar esas cuotas”, advirtió Mendoza Yescas. Aunque el DHS prometió al alcalde un inicio cauteloso con 50 detenidos, los registros federales indican que el lugar está diseñado para albergar hasta 1,500 camas. En consecuencia, esta infraestructura multiplicará inminentemente la capacidad operativa del gobierno para procesar aprehensiones.

El fondo del problema: La privatización del sistema

La llegada de ICE a Surprise toca una herida profunda en el sistema migratorio: el negocio de la detención. Mientras las prisiones en Florence y Eloy son manejadas por empresas como CoreCivic, el nuevo centro de Surprise involucra millonarios contratos adjudicados a corporativos de seguridad privada.

El Cónsul general de México en Phoenix, Mendoza Yescas es tajante al definir este modelo: “Es un negociazo. Se supone que lo hacen para poderle ahorrar al gobierno, ser más eficientes, pero el gobierno termina gastando más, pagándoles unos 300 o 400 dólares por día por reo”.

Esta dinámica corporativa, además de costosa, genera un peligroso vacío legal. ICE paga las instalaciones y asigna a los jueces, pero la atención médica y el trato digno recaen enteramente en las compañías privadas. Cuando ocurren negligencias, la rendición de cuentas se diluye en la burocracia corporativa.

De cara a la inminente apertura en septiembre, el escenario está trazado: mientras la ciudad de Surprise busca proteger su imagen y recursos a través de acuerdos burocráticos con el DHS, el Consulado de México se prepara para intensificar sus visitas de inspección, intentando defender a una comunidad vulnerable frente a un millonario modelo de retención.