Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ayer fue un día muy importante para los beneficiarios de DACA en Estados Unidos. En la Corte de Apelaciones del quinto distrito se realizó una audiencia para determinar si ese programa de protección temporal es constitucional. No hubo una respuesta. Mientras, la protección migratoria de cientos de miles de soñadores pende de un hilo.

Aquí te traemos un resumen de lo que pasó en Nuevo Orleans y cómo se preparan os soñadores arizonenses ante un posible falo no favorable.

Te mando un apapacho,

Maritza L. Félix

Fundadora y directora de Conecta Arizona

Inmigración: advierten que el programa DACA podría finalizar o resolver la Corte Suprema

¿Qué pasará con el programa federal que les da un amparo temporal a cientos de miles de jóvenes inmigrantes? La audiencia en la Corte dejó entrever la vulnerabilidades del proyecto.

Existe una “fuerte posibilidad” de que el programa DACA, que beneficia a unos 700,000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en la infancia y que les otorga beneficios mientras aguardan su regularización, “pueda terminar” próximamente, aunque esa situación podría evitarse si el Congreso sanciona una reforma migratoria integral que proporcione un camino a la ciudadanía para los soñadores o dreamers, como se conoce a las personas protegidas por la iniciativa creada en 2012 por la Administración Obama. Otra opción que no se descarta es que la Corte Suprema de Justicia deba resolver, en un futuro, si el programa migratorio es o no constitucional.

Así lo afirmó Reyna Montoya, beneficiaria de DACA y fundadora y directora de Aliento, una organización sin fines de lucro en Arizona que ofrece asistencia a los inmigrantes protegidos por el programa, luego de participar ayer miércoles en una audiencia en una Corte de Apelaciones en Nueva Orleans, Luisiana, a la que asistieron cientos de dreamers. Allí se escucharon argumentos a favor y en contra de DACA, como parte de la disputa legal luego de la sentencia de un juez de Texas en 2021 que falló en oposición al programa. Las Cortes, en esta instancia o en la siguiente, deben determinar si la iniciativa creada hace 10 años es constitucional o no.

En este sentido, referentes de organizaciones que respaldan a los dreamers -como Aliento en Arizona- no descartan que el caso finalmente termine en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la siguiente instancia judicial. De todos modos, recomendaron a los beneficiarios de DACA que continúen renovando sus permisos laborales mientras se espera el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans y, eventualmente, la llegada del caso al máximo tribunal del país.

Si bien Montoya aclaró ayer en Twitter que “aún no se ha tomado una decisión” con respecto a la continuidad o no del programa, afirmó que existe “una fuerte posibilidad de que DACA pueda terminar”. “El Congreso puede detener esto de una vez por todas proporcionando un camino hacia la ciudadanía para los dreamers”, señaló la directiva de Aliento, luego de la audiencia en Nueva Orleans, y aconsejó a los beneficiarios que renueven el programa, mientras continúa la batalla en las Cortes estadounidenses.

“Se está peleando básicamente si DACA es constitucional, si el Presidente tiene el poder de hacer un tipo de programa (como este) o si tiene que ser un programa que debe pasar por el Congreso”, explicó Montoya a Conecta Arizona antes de la audiencia judicial realizada en la Corte de Apelaciones del 5to distrito en Nueva Orleans, que analizó la demanda que nueve estados -encabezados por Texas- presentaron contra el gobierno federal para limitar los beneficios de los inmigrantes protegidos con DACA. “Están peleando si DACA es constitucional. En pocas palabras, si es legal tener este programa. Si se llega a decir que no es legal, se puede terminar por completo”, agregó Montoya, entrevistada por Maritza L. Félix, directora y fundadora de Conecta Arizona.

Los dreamers llegaron a Estados Unidos cuando eran niños con sus padres inmigrantes y se quedaron como indocumentados antes de cumplir los 16 años. Desde entonces, la mayoría desarrolló su vida en el país (asistieron a las escuelas, se graduaron, tomaron empleos) pese a la falta de regularización. Por eso, hace años reclaman una normalización de su estatus migratorio, ya que DACA (sigla en inglés de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia) no solo los protege de la deportación, sino que les permite obtener permisos de trabajo, que deben renovar permanentemente. “DACA ha brindado seguridad a sus beneficiarios: la capacidad de obtener una educación superior, una licencia de conducir, comprar una casa, iniciar un negocio y buscar oportunidades profesionales que de otra manera no habrían sido posibles”, destacaron en Aliento.

“Nuestro futuro como beneficiarios de DACA sigue siendo un debate entre los tribunales, el Congreso y la Administración. Somos seres humanos, no papas calientes que se pueden tirar de un lado a otro. El Congreso tiene en sus manos acabar con esta incertidumbre y actuar”, señaló Montoya este miércoles en un comunicado de prensa de Aliento, en el que la organización reclama a los senadores por Arizona, los demócratas Kyrsten Sinema y Mark Kelly, que “asuman el liderazgo para proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los dreamers”.

Esta instancia judicial en Nueva Orleans fue un capítulo más en la disputa judicial en relación a la legalidad o no del programa DACA. En julio de 2021, el juez federal Andrew Hanen, de Texas, dictaminó que es ilegal, pero en septiembre pasado la Administración Biden apeló el fallo a favor de la iniciativa creada por la Administración Obama en 2012 y rescindida por la Administración Trump en septiembre de 2017. El caso se conoce como Texas v. Estados Unidos (además de Texas, son demandantes los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental). En este ida y vuelta acerca de la legalidad del programa, los soñadores aguardan una definición que regularice su situación.

De todos modos, Montoya cuestionó a la Administración Biden porque muchas aplicaciones de solicitantes “quedaron estancadas” desde 2021, cuando asumió, luego de años en que la gestión de Trump no impulsó la iniciativa. Se estima que en la actualidad hay 83 mil solicitudes pendientes de definición. Este número se deriva de que la Administración Biden, con la apertura de nuevas inscripciones, pretendía proteger a entre 100,000 y 200,000 indocumentados, de los cuales unos 83,000 alcanzaron a presentar sus solicitudes. Sin embargo, estas solicitudes fueron frenadas por el fallo del juez Hanen, por lo que se encuentran en una indefinición legal.

“DACA está un poquito atrasado, porque muchos de los estudiantes se quedaron estancados con su aplicación. Cuando se reabrió el programa, en diciembre de 2020, pudieron aplicar, pero la Administración Biden no hizo muy buen trabajo; sus aplicaciones quedaron estancadas y ahorita estos muchachos están indocumentados y no tienen ni siquiera ese alivio de (evitar) la deportación”, explicó Montoya, en declaraciones a La Hora del Cafecito, el programa de radio de Conecta Arizona.

María Valeria García, estudiante indocumentada de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), representa uno de estos más de 80 mil casos: es elegible para el programa DACA, pero era demasiado joven para solicitarlo antes de que Trump lo rescindiera en 2017 y cuando el programa se abrió nuevamente en diciembre de 2020 lo solicitó, pero su aplicación se detuvo -junto a las de otros miles que solicitaron por primera vez- debido al fallo del juez Hanen en 2021. “Estoy esperando para solicitar DACA desde que tenía 10 años. Cumpliré 20 años en octubre y mi vida todavía está en el limbo. Es angustioso estar en persona mientras el futuro de DACA se desarrolla en los tribunales, pero tenemos que seguir intentando y presionando para lograr algo mejor”, afirmó García, quien en representación de Aliento acompañó a Montoya desde Arizona para la audiencia en Nueva Orleans.

Montoya, en declaraciones a Conecta Arizona, puso énfasis también en el desgaste que supone la espera para los dreamers luego de tantos años de indefinición. “Ha sido bien difícil seguir todo lo que está pasando en las Cortes con el programa de DACA. Ya tenemos años en esto”, sostuvo, y recordó que la falta de definiciones en relación al programa “es muy difícil” de sobrellevar para los beneficiarios, que hace una década esperan una regularización definitiva, tal vez como parte de una reforma integral inmigratoria que tampoco nunca llega. “Ha sido bien difícil, con tanta ansiedad y estrés, no saber si el programa se puede quitar (o no) a cada momento”, dijo.

En caso de que la demanda no sea favorable para los soñadores, y que se deba poner fin al programa en algún momento, Montoya señaló que “hay diferentes proyecciones, de que puede ser en 2023, 2024, dependiendo de qué tantas apelaciones vayan a haber en las Cortes”, aunque también admitió que el caso “puede llegar” a la Corte Suprema de Justicia. De todos modos, pidió “que no cunda el pánico, porque el programa sigue aún abierto”.

Abogados de inmigración, de todos modos, estiman que el proceso judicial podría extenderse hasta el verano de 2023 si esta demanda continúa, lo que supone más tiempo de indefinición para los beneficiarios, que gracias a la protección de DACA tienen permisos de trabajo que renuevan periódicamente, a la espera de una regularización definitiva.

En este sentido, Montoya dijo que los beneficiarios pueden seguir renovando sus permisos de trabajo: recomendó que lo hagan cuanto antes y recordó que en Aliento les ofrecen asesoramiento gratuito. “Si tienes DACA y has conseguido ese permiso puedes seguir renovándolo. Déjanos un mensaje de texto o un mensaje en las redes sociales y te ayudamos a llenar (las solicitudes), te orientamos con un abogado para revisar la aplicación. Puedes aún renovar, que no cunda el pánico. Si tienes que hacer tu renovación en los siguientes seis meses, por favor hazlo lo más pronto posible”, recomendó.

En la actualidad DACA protege a unos 700,000 soñadores (en su punto más alto fueron más de 830,000), que tienen un promedio de edad de 26 años. Durante el último año y medio más de las tres cuartas partes de los beneficiarios de DACA en la fuerza laboral (343,000) estaban empleados en trabajos considerados esenciales por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), de los cuales más de 40 mil trabajan en salud. Según Aliento, una encuesta de CBS National mostró que más del 85% de los estadounidenses apoyan a los dreamers en el país.