Demanda de México contra tiendas de armas en Arizona sigue activa, confirma cónsul en Tucson

El Consulado de México en Tucson aseguró que el litigio presentado en 2022 contra cinco tiendas de armas en Arizona continúa en una corte federal. El gobierno mexicano busca que los comercios refuercen sus controles de venta y respondan por los daños que, afirma, ha causado el tráfico ilegal de armas hacia México.

La demanda presentada por el gobierno de México contra cinco tiendas de armas en Arizona continúa activa y sigue su curso en la Corte de Distrito de Arizona, confirmó el Consulado de México en Tucson.

El cónsul Fernando Sánchez explicó que el caso permanece en la misma etapa procesal desde que fue presentado y reiteró que el objetivo de la demanda no ha cambiado.

“El objetivo es que la corte ordene que estas tiendas implementen los mecanismos necesarios para la supervisión en sus ventas. Que se haga una indemnización al gobierno de México por los daños y perjuicios provocados por esta conducta, pues a todas luces es negligente”, dijo Sánchez en entrevista con Conecta Arizona.

El gobierno de México presentó la demanda en 2022 contra cinco tiendas de armas en Arizona, a las que acusa de facilitar la compra y el tráfico ilegal de armas que posteriormente terminan en manos de grupos delictivos responsables de la violencia en territorio mexicano.

El caso es independiente de otra demanda que México presentó contra fabricantes de armas en Massachusetts. En ese proceso, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó en junio de 2025 que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los fabricantes frente a ese tipo de demandas.

Tras esa decisión, el gobierno mexicano expresó públicamente su desacuerdo.

En un comunicado emitido en junio de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México continuará buscando mecanismos legales para responsabilizar a las empresas que, considera, contribuyen al tráfico ilícito de armas.

La demanda en Arizona avanza en un contexto de mayores esfuerzos de las autoridades estadounidenses para frenar el tráfico de armas hacia México. Este año, Arizona registra cerca de 150,000 incautaciones de armas, partes de armas y municiones, mientras que Nogales se mantiene como el principal puerto fronterizo para este tipo de decomisos. Autoridades federales sostienen que el flujo ilegal de armamento fortalece a organizaciones criminales transnacionales y alimenta la violencia en México.

“México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, señaló el comunicado.

Respecto al caso contra las tiendas de Arizona, Sánchez indicó que no existen nuevos avances públicos, pero reiteró que la petición del gobierno mexicano permanece sin cambios: que los establecimientos fortalezcan los mecanismos de supervisión y control sobre la venta de armas.

“Probablemente tú como vendedor puedes decir: ‘El fin no lo determino yo’. Pero sí hay una cadena de supervisión y regulación que puede tener un impacto plausible en la comunidad”, señaló.

Durante la entrevista, el cónsul rechazó el argumento expuesto durante el litigio de Massachusetts de que el número de armas vinculadas con las empresas demandadas representa una fracción mínima del tráfico total de armas hacia México. “A lo mejor un arma, dos armas o tres armas podrían parecer pocas, pero ya estamos hablando de una cadena de muchísimas armas. Está saliendo de lo que podría ser común o entendible”, dijo.

Añadió que el problema radica en la falta de controles suficientes sobre las ventas. “No hay una supervisión, no hay una regulación. Esto está impactando directamente al gobierno de México. Ya aquí estamos hablando de cientos de miles de armas que se distribuyen y llegan a grupos generadores de violencia en México”, afirmó.

Sánchez también informó que el Consulado de México en Tucson no ha recibido represalias por parte de las tiendas demandadas y señaló que autoridades mexicanas mantienen reuniones semanales con agencias estadounidenses para atender asuntos relacionados con la seguridad fronteriza.

“El diálogo que se mantiene es muy particular y es de trabajo en conjunto, de trabajo en equipo y que cada quien haga lo que le corresponde hacer. Esa ha sido la clave para obtener los resultados esperados para ambas naciones”, comentó.

En una respuesta enviada por correo electrónico a Conecta Arizona, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aseguró que mantiene esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas, divisas y otros tipos de contrabando.

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, bajo el Departamento de Seguridad Nacional, está activamente combatiendo el tráfico ilegal de armas, divisas y otro contrabando a través de los Estados Unidos”, indicó un portavoz de la agencia. “Este esfuerzo contribuye a la seguridad nacional al prevenir que las armas caigan en manos de organizaciones criminales transnacionales, las cuales alimentan la violencia que puede desestabilizar regiones y amenazar a Estados Unidos.”

Aunque el cónsul evitó comentar detalles específicos del litigio por encontrarse en proceso judicial, insistió en que la cooperación entre ambos gobiernos es fundamental para enfrentar un problema que afecta tanto a México como a Estados Unidos.

“No se trata de interferir en los asuntos de los Estados Unidos. Lo único que estamos pidiendo es que exista un mayor control y una mayor responsabilidad por parte de estas empresas. La violencia armada afecta no solo a México; también tiene consecuencias para ambas naciones”, concluyó.

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