Deportaciones médicas desde Estados Unidos: afirman que no se denuncian “por miedo, desconocimiento o barreras lingüísticas” y que no hay registros oficiales

Muchas familias migrantes que sufren las llamadas deportaciones médicas desde hospitales de Estados Unidos hacia México u otros países no denuncian los casos ante las autoridades por “miedo, desconocimiento, barreras lingüísticas”, por lo que los casos son difíciles de registrar y documentar y “quedan fragmentados entre expedientes médicos, decisiones administrativas y testimonios personales”.

Así lo indicó la periodista Gabriela Ramírez, quien en Conecta Arizona realizó una investigación sobre las deportaciones de personas heridas que realizan los hospitales estadounidenses y que pueden ser más frecuentes en estados fronterizos como Arizona, debido al menor costo de traslado hacia otros países, no solo México. La investigación, también realizada por la periodista Tina Xu, incluye testimonios de familiares de personas que sufrieron estas deportaciones.

“Esta deportación (médica) sucede en el mismo sistema de salud y es cuando se trata de traslados internacionales organizados o facilitados por los propios hospitales, generalmente cuando el paciente no tiene seguro médico o acceso a cuidados de largo plazo. No son deportaciones organizadas por un juez ni por autoridades migratorias, sino que son decisiones que pasan en el hospital y es lo que hace de esta práctica mucho más difícil de descubrir, revelar el número de casos, porque no hay cifras oficiales, no existe un registro público que indique cuántas personas son deportadas médicamente cada año desde los hospitales del país”, explicó Ramírez en La Hora del Cafecito, el programa de radio de Conecta Arizona, entrevistada por Maritza Félix.

🎙️ No sabemos cuántas personas son deportadas médicamente cada año, por falta de transparencia de las organizaciones y el gobierno. Según un reporte de la Facultad de Derecho de Seton Hall y New York Lawyers for Public Interest, entre 2006 y 2012 hubo más de 800 casos de deportaciones médicas exitosos o intentados en hospitales de todo el país. Gabriela Ramírez es una de las periodistas que hizo esta investigación, un reportaje producido con el apoyo de una beca del USC Annenberg Center for Health Journalism. ¿Qué encontraron como parte de este ejercicio reporteril de tratar de buscar información que a veces el gobierno, las instituciones, los Consulados no están dispuestos a dar porque desvela el gran problema que existe en este país, en esta coyuntura de la Administración Trump, sobre las deportaciones médicas?

“Para explicar de qué se trata, esto no tiene nada que ver con las deportaciones masivas que hemos estado viendo en la Administración de Donald Trump, en la que millones de personas han sido deportadas desde hospitales, escuelas, iglesias, lugares muy vulnerables, sino que esta deportación (médica) sucede en el mismo sistema de salud y es cuando se trata de traslados internacionales organizados o facilitados por los propios hospitales, generalmente cuando el paciente no tiene seguro médico o acceso a cuidados de largo plazo. No son deportaciones organizadas por un juez ni por autoridades migratorias, sino que son decisiones que pasan en el hospital y es lo que hace de esta práctica mucho más difícil de cubrir (periodísticamente), y de descubrir, revelar el número de casos, porque no hay cifras oficiales, no existe un registro público que indique cuántas personas son deportadas médicamente cada año desde los hospitales del país. El último intento sistemático para documentar esta práctica fue realizado por Setton Hall entre 2006 y 2012, hace más de 10 años, pero esta práctica ha continuado en todo el país. Una de las dificultades ha sido trazar (seguir) estas deportaciones médicas: no hay transparencia institucional, los hospitales rara vez responden a solicitudes de información y muchas familias no denuncian por el clima de miedo, desconocimiento, barreras lingüísticas, y los casos quedan fragmentados entre expedientes médicos, decisiones administrativas, muchos testimonios personales. Logramos a través de nuestra investigación conectar con varias familias que han vivido esta experiencia para tratar de reconstruirla, desde su experiencia, los documentos que poseen y las voces de expertos de inmigración, académicos y el trabajo de organizaciones civiles que son las que realizan el mayor esfuerzo para contabilizar y darle visibilidad a este tema, que se va entre todo el ruido y entre la cantidad de noticias que hemos visto de deportaciones en el último año. Este es un tema del que no se habla porque no hay forma de conseguir las fuentes y, cuando se consiguen, el miedo que viven en el país las comunidades migratorias también impide dar a la luz esta clase de historias”.

🎙️ Es importante resaltar que Arizona es uno de los estados que ha participado en estas deportaciones médicas, y recordemos también que Estados Unidos tiene leyes mucho más restrictivas de acceso a la información personal de un paciente a la hora de los cuidados médicos.

“Sí, Arizona es uno de los estados (donde se hacen deportaciones médicas). Los estados que están en la frontera (con México) son un tema muy particular por la facilidad logística que tiene trasladar a un paciente de un lado de la frontera al otro, porque no les cuesta mucho a los hospitales pagar una ambulancia que traslade de un lado al otro. En cambio, cuando necesitas enviar a un paciente desde cualquier otro estado en el medio del país a países más lejanos es mucho más costoso: los hospitales pueden pagar entre 30,000 y 90,000 dólares por este tipo de traslados, dependiendo de la distancia y los cuidados médicos que el paciente requiera”.

🎙️ ¿Qué pasa con los pacientes que están inconscientes en estos hospitales o centros médicos? Cuéntanos también qué pasó con el caso de la familia de Junior, qué tan difícil fue para ellos pelear el caso para mantener a su ser querido en Estados Unidos.

“Junior llegó a Estados Unidos desde República Dominicana con su familia en 2022 y pocos meses después su esposa cayó con aneurisma en el hospital. De acuerdo con lo que nos comentó Junior, ella tuvo una mala práctica dentro del hospital y desde esa fecha no volvió a ser la misma. Ella ya no está en el hospital, pero está en una nursing home, un lugar para cuidados, donde se está rehabilitando; tuvimos la oportunidad de visitarla en este centro de rehabilitación y pudimos ver los pocos cuidados que está recibiendo. También tiene poco acceso a seguro, no tenía seguro en principio que le cubriera los primeros cuidados y el cuidado a largo plazo, no podía ser beneficiaria de estos cuidados luego de que salió de emergencia. Si te pones en los zapatos de Junior, cuando las autoridades del hospital le dijeron para enviarla a República Dominicana ella todavía estaba en cuidados intensivos, estaba conectada a cables; o sea, es realmente aterrador para una familia ver que te desconectan a tu ser querido para enviarlo en un vuelo de horas. Ellos fueron por las vías legales, con organizaciones como Free Migration Project, que está en Pensilvania, Filadelfia, y es una de las que más ha trabajado con este tipo de casos: desde 2020, cuando los comenzó a cuantificar, ha recibido más de 20 hasta ahora en todo el país. Junior fue asesorado, recibió la ayuda de un abogado, quien también empezó a poner presión desde los medios de comunicación; muchos medios fueron al hospital donde ella estaba, en Pensilvania, para que se dé a conocer (su caso) y que los hospitales se sientan presionados desde el punto de vista público. Así fue como esas amenazas (de deportación) se calmaron un poco, pero aún así estos últimos tres años la familia ha seguido una lucha para conseguir que el seguro le mantenga los pagos, para que Solida pueda seguir recibiendo los cuidados médicos en el centro de rehabilitación y pueda ver alguna mejora y recuperación; ya han pasado tres años y continúa en la cama de ese hospital. Para Junior y su familia, es un proceso muy triste. Y ellos piensan que Solida no está recibiendo los cuidados que requiere por la exclusión, por ser migrantes, por no tener un estatus (migratorio) en el país y por todas las barreras económicas que tienen, y creen que si ella estuviese recibiendo los cuidados y las atenciones médicas que necesita ya habría mejorado”.