Operativos del DHS en Minneapolis por fraude con fondos públicos sacuden el debate migratorio y fiscal

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Minneapolis, Minnesota. — Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se encuentran realizando operativos “puerta a puerta” en distintos puntos de Minneapolis como parte de una investigación por presunto fraude relacionado con el uso de fondos públicos, confirmó la agencia esta semana en una publicación en la red social X.

De acuerdo con mensajes y videos difundidos por el DHS en redes sociales, los agentes están visitando sitios considerados sospechosos de participar en esquemas de fraude, con el objetivo de verificar cómo se han utilizado recursos financiados con dinero de los contribuyentes. La agencia señaló que, cuando se detecte abuso, se buscarán arrestos y acciones legales contra los responsables.

“Los estadounidenses merecen respuestas sobre cómo se está usando su dinero y arrestos cuando se encuentra abuso”, señaló el DHS, en la que también destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo por reforzar la rendición de cuentas bajo el liderazgo de la secretaria Kristi Noem.

Investigación en curso y antecedentes

Autoridades federales han indicado que las visitas forman parte de investigaciones ya abiertas sobre presunto fraude en programas financiados con fondos estatales y federales. En Minnesota, fiscales y agencias federales han documentado en años recientes casos de fraude a gran escala, incluidos esquemas vinculados a programas de nutrición infantil y servicios sociales, algunos de los cuales se originaron durante la pandemia.

Uno de los casos más conocidos es el relacionado con organizaciones que habrían desviado cientos de millones de dólares destinados a la alimentación de menores, considerado uno de los mayores fraudes de fondos públicos en la historia del estado.

Reacciones y controversia

El operativo ha generado reacciones encontradas. Mientras funcionarios federales y sectores políticos defienden la intervención directa como una medida necesaria para proteger los recursos públicos, algunos negocios y organizaciones visitadas han cuestionado la forma en que se han llevado a cabo las inspecciones.

Algunos propietarios han señalado que no fueron notificados previamente ni informados claramente sobre el motivo de la presencia de los agentes, y expresaron preocupación por aparecer en videos difundidos por el propio DHS sin que exista, hasta ahora, una acusación formal en su contra.

Defensores comunitarios también han advertido sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades específicas, en particular a sectores de inmigrantes que operan pequeños negocios o centros de servicios sociales, y han pedido que las investigaciones se conduzcan con transparencia y debido proceso.

Qué sigue

Hasta el momento, el DHS no ha detallado cuántos sitios han sido visitados, si ya existen arrestos relacionados directamente con estos operativos ni el monto total del presunto fraude bajo investigación. Las autoridades federales indicaron que se trata de investigaciones en desarrollo y que se darán a conocer más detalles conforme avancen los procesos legales.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la supervisión de programas públicos, el uso de fondos federales y estatales, y el equilibrio entre la rendición de cuentas y el impacto que este tipo de operativos puede tener en comunidades vulnerables.

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