EE.UU. restringe visas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por corrupción y narcotráfico

La nueva política también alcanza a familiares inmediatos de las personas señaladas por Washington de participar en actividades que, según el Departamento de Estado, socavan gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio.

Tucson, Arizona. – El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva política para restringir la emisión de visas a ciudadanos extranjeros y a sus familiares inmediatos que, según las autoridades estadounidenses, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades relacionadas con corrupción o narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

La medida se suma a una política más amplia de la administración Trump sobre el uso y la revocación de visas a ciudadanos extranjeros. En agosto, el subsecretario de Estado Christopher Landau defendió públicamente la autoridad de Estados Unidos para cancelar visas cuando el gobierno considere que la conducta de una persona puede afectar sus intereses de política exterior. Casos recientes, como los de la activista colombiana Viviana Marín y el activista Beto Coral, han alimentado el debate sobre los alcances de estas facultades, la actividad política de extranjeros y la discrecionalidad del gobierno estadounidense para determinar quién puede ingresar al país.

El Departamento de Estado informó que la política comenzó a aplicarse de inmediato contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que participan en la iniciativa Escudo de las Américas. La medida se fundamenta en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la entrada a Estados Unidos cuando el gobierno determina que la presencia o las actividades propuestas de una persona podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

Según la agencia federal, la nueva herramienta busca permitir una respuesta más rápida mientras se recopilan pruebas contra personas que presuntamente participan en corrupción, narcotráfico u otras actividades que afecten el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Bolivia concentra el mayor número de medidas

En Bolivia, Estados Unidos anunció restricciones contra 12 ciudadanos y sus familias, cuyos visados vigentes fueron revocados.

Entre las personas identificadas por el Departamento de Estado se encuentran el exministro de Justicia Iván Manolo Lima Magne; fiscales y jueces bolivianos; funcionarios de aduanas; integrantes de la Policía y un empresario a quien no se identificó.

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa estadounidense, junto con sus familias, quedaron en términos generales excluidos de la posibilidad de obtenerla bajo esta política.

El Departamento de Estado también anunció por separado la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presunta participación en “corrupción significativa”.

Washington acusa a Mariaca de haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y favorecer a personas acusadas de delitos violentos. Estas son acusaciones formuladas oficialmente por el gobierno de Estados Unidos en el anuncio de la designación.

La medida contra Mariaca se realizó bajo la sección 7031(c) de la legislación de asignaciones del Departamento de Estado, una disposición que permite declarar generalmente inelegibles para ingresar a Estados Unidos a funcionarios extranjeros y familiares inmediatos cuando el secretario de Estado determina que existe información creíble de su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos. Esta herramienta ha sido utilizada por administraciones estadounidenses anteriores para imponer restricciones similares.

Dos colombianos pierden sus visas

En Colombia, el Departamento de Estado revocó las visas de dos ciudadanos y sus familiares:

Euclides Antonio Torres Romero, empresario vinculado a compañías de los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Peralta ha estado bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esa investigación es un proceso judicial colombiano independiente de la decisión anunciada por el gobierno estadounidense.

El comunicado del Departamento de Estado no detalla individualmente qué conducta atribuye a Torres Romero o Peralta para justificar la aplicación de la nueva política.

Medidas contra ciudadanos de Ecuador y Perú

En Ecuador, la administración estadounidense informó que impuso restricciones de visa a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familias, y que revocó las visas de ambas personas. El comunicado oficial no identifica públicamente sus nombres.

En Perú, Washington revocó la visa de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y aplicó también la restricción a su familia.

La herramienta de presión diplomática que usa la administración Trump

El Departamento de Estado presentó la política como parte de los compromisos de la administración Trump para coordinar restricciones de visa, sanciones y otras medidas contra personas consideradas responsables de corrupción, narcotráfico y acciones que, según Washington, debilitan las instituciones democráticas de la región.

La decisión no constituye por sí misma una acusación penal en Estados Unidos. Una restricción o revocación de visa es una medida migratoria y de política exterior, distinta a un proceso criminal.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el nuevo mecanismo continuará utilizándose contra ciudadanos extranjeros cuando el gobierno estadounidense considere que existen elementos suficientes para aplicar las restricciones previstas en la legislación migratoria.

El anuncio completo del Departamento de Estado puede consultarse en su comunicado oficial en español.