La estafa de los “17 abogados”: cómo engañan a inmigrantes con identidades reales
Se publicó una lista de 17 supuestos abogados, algunos nombres eran completamente ficticios, pero otros correspondían a abogados reales a los que le suplantaron la identidad, según un reporte de AILA.

Tucson, Arizona. – La regulación fragmentada de los fraudes relacionados con servicios migratorios en Estados Unidos dificulta tanto su denuncia como su seguimiento. Dependiendo del caso, una víctima puede presentar una denuncia ante distintas agencias federales o estatales, lo que dispersa la información y complica tener un panorama claro del problema, según un reporte publicado por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
A nivel federal, algunas víctimas reportan estos casos al Buró Federal de Investigaciones (FBI) o a la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR), organismos que pueden abordar fraudes vinculados con servicios legales o procesos migratorios. Sin embargo, en otros casos las denuncias se presentan a nivel estatal, por ejemplo ante la oficina del fiscal general del estado o ante departamentos de policía locales.
Esta falta de centralización provoca que muchas denuncias queden repartidas entre distintas instituciones, lo que dificulta medir la magnitud real del problema.
Un indicio de su impacto surgió recientemente en Nueva York. El fin de semana pasado, la fiscal general del estado publicó su informe anual sobre las principales quejas de consumidores de 2025, en el que los fraudes de este tipo ocuparon el sexto lugar entre las diez principales categorías de denuncias. La posición es particularmente llamativa porque este tipo de estafas suele estar subreportado y afecta principalmente a una fracción relativamente pequeña de la población.

Las investigaciones también han revelado que los estafadores no se limitan a hacerse pasar por abogados de inmigración. En uno de los sitios analizados, por ejemplo, aparecía una lista de 17 supuestos abogados. Algunos nombres eran completamente ficticios, pero otros correspondían a abogados reales.
Entre los abogados reales identificados, la mayoría estaba registrada en el colegio de abogados de California, aunque sus áreas de práctica no tenían relación con inmigración. Había profesionales dedicados a sectores como gobierno, energía o compensación laboral, entre otros.
Según el análisis, es probable que muchos de estos abogados ni siquiera sepan que sus nombres están siendo utilizados. Además, cuando migrantes intentan contactarlos para verificar su identidad, es posible que los abogados no presten atención al mensaje, ya que la historia suele parecer confusa o improbable y además no corresponde a su área de práctica.
En otro sitio web que se revisó, solo aparecía el nombre de un abogado real, quien aparentemente trabajaba como abogado interno de una empresa energética.
Un patrón que se repite es que los estafadores suelen elegir abogados con nombres muy comunes, con nombres latinos o combinaciones de nombres, lo que dificulta verificar su identidad. También tienden a seleccionar profesionales con poca o ninguna presencia en internet, lo que hace más difícil para las víctimas confirmar si la persona realmente existe o si ejerce en el área migratoria.
Combatir estas prácticas se ha convertido en un proceso similar a un juego de “whack-a-mole”, donde cada intento por cerrar un sitio o identificar un fraude es seguido rápidamente por la aparición de otro. La combinación de regulación dispersa, subregistro de casos y suplantación de identidades complica aún más los esfuerzos por frenar este tipo de estafas que afectan especialmente a comunidades inmigrantes.

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