Más dinero, más detenciones: el costo humano de la expansión de ICE en Arizona
Detrás de la multimillonaria inversión para ampliar la capacidad de ICE en Arizona hay historias de familias separadas, personas detenidas en condiciones cuestionadas y un sistema que enfrenta crecientes críticas por su impacto humano.
Tucson, Arizona. – Karla Toledo todavía tiene pesadillas en las que hombres entran por la fuerza a su casa para detenerla. Ha pasado más de un mes desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)) la arrestaron en su vivienda el 18 de mayo.Desde entonces, asegura, el miedo y la incertidumbre siguen presentes.
“Todos los días pasa lo mismo. Escucho que se cierra una puerta afuera y le pido a mi esposo que revise las cámaras, o las reviso yo. Siento que vivo en modo de supervivencia”, relató Toledo a Conecta Arizona. “De hecho, instalamos más cámaras para no sentirnos tan desprotegidos. Y no es solo por los agentes de ICE; toda esta situación de que alguien invadiera nuestra casa nos hizo sentir profundamente vulnerados”.
En un video del operativo, Toledo, beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aparece preguntando a los agentes dónde estaba la orden judicial, una reacción que refleja el conocimiento que tenía de sus derechos. Según contó a Conecta Arizona, los agentes no le mostraron una orden antes de detenerla. Fue trasladada a las oficinas de ICE en Tucson y, esa misma noche, enviada al Centro de Detención de Florence. Posteriormente fue transferida al Centro de Detención de Eloy.
Aunque el caso de Toledo acaparó la atención nacional, su experiencia, ser detenida por agentes con el rostro cubierto y procesada rápidamente dentro del sistema de detención migratoria, refleja la realidad que enfrentan cientos de inmigrantes en Estados Unidos. Muchos permanecen bajo custodia durante semanas o incluso meses antes de conocer el siguiente paso de su caso, ya sea su liberación o deportación.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Congreso, con mayoría republicana en ambas cámaras, ha aprobado decenas de miles de millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, ampliar la capacidad de detención y fortalecer las operaciones de deportación. Sin embargo, abogados, defensores de los derechos de los inmigrantes y personas que han permanecido bajo custodia sostienen que ese aumento en el financiamiento no se ha traducido en mejores condiciones dentro de los centros de detención. Por el contrario, afirman que persisten problemas como el hacinamiento, la falta de atención médica y las deficiencias en el acceso a información y servicios básicos en Arizona y otras partes del país.
“Hemos visto esta forma en la que nos tienen, como con la soga al cuello. Todo sucede tan rápido que ya ni alcanzamos a procesarlo. Es rápido, rápido, rápido, como máquinas, como si dijeran: ‘el siguiente, el siguiente, el siguiente’, solo para sacarlos. No es justo y no está bien”, dijo Claudia Arévalo, abogada de inmigración con sede en Tucson. “Nada de esto está bien. Lo sabemos y estamos viviendo una época completamente distinta, una época profundamente antiinmigrante”.
El panorama de los centros de detención en Arizona
La detención de inmigrantes se ha convertido en una de las principales estrategias de la administración del presidente Donald Trump en materia migratoria. Según el gobierno federal, el objetivo es desalentar la inmigración irregular, acelerar las deportaciones y promover que las personas que viven en Estados Unidos sin autorización abandonen el país de manera voluntaria.
“Estar en un centro de detención es una decisión”, señaló un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado enviado a Conecta Arizona. El funcionario invitó a las personas sin estatus migratorio legal a utilizar la aplicación CBP Home para autodeportarse, y destacó que el gobierno federal ofrece 2,600 dólares y un vuelo gratuito al país de origen. “Alentamos a toda persona que se encuentre ilegalmente en el país a aprovechar esta oportunidad y conservar la posibilidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal para vivir el sueño americano. De lo contrario, será arrestada y deportada sin posibilidad de regresar”, indica el comunicado.
Mientras tanto, el número de personas detenidas por motivos migratorios se mantiene en niveles históricamente altos. Actualmente, más de 60,000 personas permanecen bajo custodia de ICE en centros de detención de todo el país. En Arizona, cerca de 2,800 personas se encuentran recluidas en cinco centros de detención migratoria, de acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Aunque la población bajo custodia de ICE en Arizona se ha mantenido relativamente estable desde 2025, cuando se reportaban alrededor de 2,600 personas detenidas, el incremento del financiamiento federal destinado a ampliar la capacidad de detención y reforzar la aplicación de las leyes migratorias podría incrementar esa cifra en los próximos meses.
La mayor parte de las personas detenidas en Arizona permanece en el Centro de Detención de Eloy y en el Complejo Correccional Central Arizona Florence, ambos operados por CoreCivic, una empresa privada con fines de lucro que administra centros penitenciarios y de detención bajo contrato con el gobierno federal.
Arizona también cuenta con otros centros de detención migratoria, entre ellos el Florence Processing Center, propiedad del gobierno federal y operado por contratistas privados; el San Luis Regional Detention Center, administrado por la empresa privada LaSalle Corrections; y el Florence Service Processing Center, una instalación operada directamente por ICE.
“Este sistema no apareció de la noche a la mañana; se ha venido construyendo durante años”, afirmó Isabel García, copresidenta de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson. Recordó que hace dos décadas ya pronunciaba discursos denunciando la expansión de los centros de detención, pero asegura que el problema es hoy más grave que nunca.
“Llevo 40 años diciendo que esto es una violación de la Constitución. No importa que se trate de un inmigrante. La ley siempre ha establecido que los inmigrantes también tienen derecho a esas mismas protecciones”, sostuvo.
Las condiciones dentro de los centros de detención
A pesar de la millonaria inversión destinada a reforzar la política migratoria, defensores de los derechos de los inmigrantes, abogados y personas que han permanecido bajo custodia cuestionan cómo se están utilizando esos recursos. Denuncian condiciones de hacinamiento, alimentos insuficientes, problemas con la calidad del agua y la propagación de enfermedades infecciosas dentro de los centros de detención. A principios de este año, instalaciones migratorias en Arizona reportaron casos de hepatitis A y B, además de un brote de sarampión en un centro de detención de Florence.
El hacinamiento figura entre las principales preocupaciones de quienes han permanecido bajo custodia. “Estuve en Florence por una noche”, relató Toledo. “Las condiciones son horribles. La sección para mujeres era como una especie de tráiler. Había solamente 11 camas, pero éramos 28 mujeres. Muchas teníamos que dormir en el piso. Yo dormía debajo de las mesas donde se comía”.
De acuerdo con el Global Detention Project, el Central Arizona Florence Correctional Complex registra una población promedio diaria de 529 personas, con una estancia media de 39 días. Por su parte, el Florence Service Processing Center, una instalación de procesamiento operada por ICE, tiene capacidad para 392 personas y mantiene una población promedio diaria de 335 detenidos, cuya permanencia ronda los nueve días.
Posteriormente, Toledo fue trasladada al Centro de Detención de Eloy, donde, asegura, enfrentó condiciones similares. “Algunas dormían en las bancas, otras en el piso y otras sentadas. Recuerdo ver a todas las mujeres acostadas en el suelo y pensar: ‘Ojalá pudiera tomar una foto de esto’. Era una imagen muy triste que nunca voy a olvidar”.
De acuerdo con el Global Detention Project, el Centro de Detención de Eloy tiene capacidad para aproximadamente 1,550 personas. Aunque la población varía a lo largo del año, datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que con frecuencia el número de personas detenidas se acerca a la capacidad operativa de la instalación.
Para Toledo, el hacinamiento es solo una muestra de las deficiencias del sistema de detención migratoria. “La gente debe conocer lo que está ocurriendo dentro de los centros de detención”, afirmó.
Conecta Arizona ha documentado en múltiples ocasiones las condiciones dentro de estos centros. Entre ellas, la historia de “José”, cuya familia enfrentó un proceso confuso y desesperante para localizarlo tras su detención; el caso de Carmen García, quien denunció la falta de comunicación y de atención médica para su esposo mientras permanecía bajo custodia de ICE; y la visita sorpresa de la congresista Adelita Grijalva al Centro de Detención de Florence, donde cuestionó públicamente las condiciones de las instalaciones.
Otra preocupación recurrente es el acceso a información en distintos idiomas. Aunque ICE establece que debe proporcionar servicios de interpretación y traducción cuando son necesarios, abogados y personas que han permanecido bajo custodia aseguran que, en la práctica, muchos documentos y procedimientos solo se explican en inglés o no se traducen de forma adecuada. Esto, afirman, deja a numerosas personas sin comprender plenamente qué están firmando o con temor de hacerlo por miedo a aceptar, sin saberlo, una orden de deportación.
“Hay un problema muy serio con la interpretación y la traducción. Muchas cosas no están traducidas correctamente”, explicó Toledo. “Hay documentos que las personas tienen que firmar y quienes les indican dónde hacerlo muchas veces no hablan español ni otros idiomas que hablan los detenidos”.
La comunicación también representa uno de los principales desafíos, aseguró la abogada de inmigración Claudia Arévalo. Según explicó, muchas personas ingresan a los centros de detención sin recibir información clara sobre el proceso migratorio que enfrentarán, los derechos que les asisten, la forma en que sus familiares pueden depositar dinero en sus cuentas o cómo ponerse en contacto con el Consulado de su país.
“Entonces entre ellos mismos se tienen que educar. ‘Mira, yo llevo aquí un año y tengo un dinerito que puedes usar para llamarle a tu familiar’. ‘Préstame un minuto en tu teléfono’”, dijo Arévalo. “En cuanto llegan aprenden del sistema de las otras personas que están detenidas… y así es como se apoyan entre ellos”.
Otra de las preocupaciones más graves es la presunta negligencia médica. Uno de los casos más recientes es el de Emmanuel Damas, un inmigrante haitiano de 56 años que murió mientras permanecía bajo custodia de ICE, tras sufrir complicaciones relacionadas con una infección dental.
Su fallecimiento marcó la undécima muerte bajo custodia de ICE registrada en 2026. Desde entonces, otras siete personas han muerto mientras permanecían detenidas, de acuerdo con los registros publicados por la propia agencia. Según ICE, Damas reportó dificultad para respirar el 17 de febrero y fue trasladado a un hospital, donde falleció el 2 de marzo.
“Permitieron que la infección de su muela se agravara hasta convertirse en una septicemia. ¿Qué clase de atención médica es esa?”, cuestionó la activista García. “No quieren brindar atención porque eso reduce sus ganancias”.
“En Arizona y en todo el país seguimos observando un patrón profundamente preocupante de negligencia médica, retrasos en la atención y crueldad sistemática dentro de los centros de detención de ICE”, señaló la congresista Adelita Grijalva tras su muerte. “Cuando el gobierno federal detiene a una persona, asume la responsabilidad de proteger su seguridad, su salud y su bienestar. Precisamente por eso es indispensable una supervisión sólida por parte del Congreso”.
Aunque ICE sostiene que tomó medidas para salvarle la vida, una persona que permanecía detenida con Damas aseguró que otros internos pidieron ayuda en repetidas ocasiones sin obtener respuesta. Según su testimonio, solo después de que tres personas detenidas bloquearon la entrada de la celda en señal de protesta, los guardias atendieron la emergencia médica.
Un informe elaborado por Detention Watch Network y el Florence Immigrant & Refugee Rights Project documenta problemas como atención médica deficiente, condiciones insalubres en los comedores, servicios de lavandería inadecuados, confinamientos frecuentes, uso indebido del aislamiento y de la vigilancia por riesgo de suicidio, violaciones a la privacidad de las mujeres y abusos físicos y verbales por parte del personal.
Pese a estas denuncias, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechaza las acusaciones de negligencia. En un comunicado enviado a Conecta Arizona, la agencia aseguró que todas las personas bajo custodia reciben alimentos adecuados, agua potable, mantas, atención médica y oportunidades para comunicarse con sus familiares y representantes legales. Además, sostuvo que “ICE tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones de Estados Unidos donde se encuentran ciudadanos estadounidenses”.
“ICE es auditado e inspeccionado regularmente por organismos externos para garantizar que todas sus instalaciones cumplan con los Estándares Nacionales de Detención Basados en el Desempeño (PBNDS) de 2025”, señaló un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien remitió a Conecta Arizona a ese documento. Según la agencia, estas normas están diseñadas para garantizar que las personas detenidas “sean tratadas con humanidad, protegidas contra cualquier daño, reciban atención médica y de salud mental adecuada y gocen de los derechos y protecciones que les corresponden”.
La respuesta de los líderes políticos
Entre quienes han dado seguimiento a las condiciones dentro de los centros de detención migratoria se encuentra la congresista Adelita Grijalva, quien ha realizado visitas de supervisión a instalaciones en Arizona y Texas para conocer de primera mano las denuncias de las personas detenidas y de sus familiares.
Grijalva explicó que su oficina recibe de manera constante llamadas de residentes que buscan ayuda después de que un familiar es detenido por autoridades migratorias. Incluso, dijo, muchas personas se le acercan al término de conferencias de prensa para pedir orientación o apoyo.
“No sienten que alguien los esté escuchando o ayudando en esos casos”, dijo Grijalva a Conecta Arizona. “Esa es la realidad que estamos viviendo. La gente piensa: ‘Tal vez usted pueda ayudarnos’, y por eso se acercan a nosotros”.
La congresista explicó que su oficina cuenta con un especialista en atención de casos que da seguimiento a denuncias relacionadas con agencias federales. A través de ese servicio, los residentes pueden presentar sus inquietudes y recibir apoyo directo de su equipo.
La preocupación por las condiciones en los centros de detención también ha llegado al Senado. En abril, los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que solicitaron suspender la expansión de los centros de detención de ICE en Arizona, al expresar preocupaciones por la falta de transparencia y las condiciones de seguridad.
Un mes después, la congresista Adelita Grijalva, junto con los congresistas Greg Stanton y Yassamin Ansari, enviaron otra carta al DHS como parte de sus funciones de supervisión, luego de que una investigación de Arizona Mirror revelara que agentes de ICE utilizaron gas pimienta contra aproximadamente 47 personas detenidas dentro de una sala sobreocupada del Arizona Removal Operations Coordination Center (AROCC), en Mesa. La investigación, basada en una grabación de una llamada al 911 obtenida mediante una solicitud de registros públicos, indicó que al menos una persona requirió atención médica tras el incidente.
Tanto Greg Stanton como Yassamin Ansari también han realizado visitas de supervisión a centros de detención migratoria en Arizona, donde escucharon de primera mano los testimonios de personas detenidas que denunciaron hacinamiento, largas horas de espera, falta de información y otras condiciones dentro de las instalaciones.
Tras una visita no anunciada al Arizona Removal Operations Coordination Center (AROCC), ubicado en el Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway, Stanton presentó una iniciativa de ley para atender el hacinamiento en los centros de detención de corta estancia. Durante la inspección, el congresista afirmó haber encontrado habitaciones diseñadas para 21 personas en las que permanecían entre 40 y 50 detenidos.
Siguiendo la ruta del dinero
En 2025, el Congreso aprobó la ley presupuestaria conocida como One Big Beautiful Bill Act, que destinó más de 170 mil millones de dólares para reforzar la política migratoria del gobierno federal. Los recursos fueron asignados a ampliar la capacidad de los centros de detención, fortalecer las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), financiar deportaciones y reforzar la seguridad fronteriza hasta 2029.
Como parte de ese paquete, 45 mil millones de dólares fueron destinados a ampliar la capacidad de los centros de detención de ICE, lo que prácticamente triplicó el presupuesto de la agencia para la detención de inmigrantes y permitió incrementar de manera significativa el número de camas disponibles.
En junio de 2026, el Congreso aprobó una legislación adicional que destinó casi 70 mil millones de dólares para reforzar las operaciones migratorias del gobierno federal durante el resto del mandato del presidente Donald Trump. La ley asignó 38 mil millones de dólares a ICE, 26 mil millones a CBP y 5 mil millones adicionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Trump promulgó la legislación ese mismo mes. Todo ese financiamiento proviene de recursos públicos aportados por los contribuyentes estadounidenses.
Para llevar a cabo estas operaciones, el gobierno federal depende en gran medida de contratos con empresas privadas que administran centros de detención y prisiones, como CoreCivic y GEO Group. Históricamente, estos contratos se adjudicaban mediante procesos de licitación competitivos. Sin embargo, tras la declaración de emergencia nacional en la frontera sur y la expansión de la capacidad de detención impulsada por la administración del presidente Trump, el gobierno federal recurrió cada vez más a mecanismos de contratación acelerada y procedimientos de emergencia para reabrir centros de detención cerrados, ampliar instalaciones existentes y habilitar nueva infraestructura.
“Al gobierno no le conviene legalizar ni hacer una reforma migratoria si tiene una mano de obra barata. Cuando la necesita la acepta, y cuando ya no, simplemente le dice que se regrese a su país”, opinó la abogada de inmigración Claudia Arévalo. “Eso ha ocurrido antes con distintas comunidades, como los chinos, los japoneses, los braceros y muchas otras nacionalidades. Históricamente, la migración ha sido utilizada para obtener beneficios económicos”.
Según estimaciones presupuestarias de ICE, el costo promedio diario de mantener a una persona en un centro de detención migratoria es de aproximadamente 152 dólares. Con más de 60,000 personas bajo custodia en todo el país, el sistema de detención representa un gasto de millones de dólares al día financiado con recursos públicos, una parte de los cuales se destina a empresas privadas que operan estos centros.
Una de las principales beneficiadas es CoreCivic, la empresa que administra el Centro de Detención de Eloy y el Complejo Correccional Central Arizona Florence. De acuerdo con su informe financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la compañía registró 2,200 millones de dólares en ingresos, un incremento del 13 % respecto al año anterior. Sus ganancias netas crecieron 69 %, hasta alcanzar 116.5 millones de dólares.
Los contratos con ICE fueron uno de los principales motores del crecimiento financiero de CoreCivic en 2025. Durante el cuarto trimestre, los ingresos provenientes de la agencia pasaron de 120.3 millones de dólares en el mismo periodo de 2024 a 244.7 millones de dólares en 2025, más del doble en comparación con el año anterior.
“Esperamos que 2026 sea otro año de sólido crecimiento, a medida que varias de nuestras instalaciones previamente inactivas continúen recibiendo población adicional y la demanda por nuestros servicios se mantenga”, señaló el presidente y director ejecutivo de CoreCivic, Patrick Swindle, al presentar los resultados financieros de la compañía.
“Esperamos que 2026 sea otro año de fuerte crecimiento, ya que varias de nuestras instalaciones que anteriormente estaban inactivas seguirán recibiendo población adicional y la demanda de nuestros servicios continuará”, afirmó Patrick Swindle, presidente y director ejecutivo de CoreCivic, al presentar los resultados financieros de la empresa.
Aunque no existe un desglose público detallado sobre el destino de todos los recursos asignados por el Congreso, el incremento del financiamiento federal coincide con la expansión de la capacidad de detención de ICE en todo el país. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que una parte importante de esos recursos se ha destinado a ampliar la detención obligatoria y mantener bajo custodia a personas que, en otras circunstancias, probablemente no habrían sido detenidas.
Datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, muestran que cerca del 70 % de las personas bajo custodia de ICE no tienen antecedentes penales, una cifra que organizaciones defensoras de los inmigrantes citan para cuestionar el alcance de las políticas de detención de la administración Trump.
El futuro de los centros de detención en Arizona
Mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa una expansión de la infraestructura para la detención de inmigrantes, Arizona se perfila como uno de los estados donde esa estrategia tendrá mayor impacto.
Actualmente existen al menos dos proyectos para ampliar la capacidad de detención migratoria: uno en Marana y otro en Surprise.
En Marana, la empresa privada Management & Training Corporation (MTC) adquirió la antigua prisión estatal con la intención de reabrirla como un centro de detención para inmigrantes. La instalación tiene capacidad para 506 personas, aunque un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en junio señala que, tras una serie de remodelaciones, podría ampliarse hasta a 1,300 camas.
“Desearía que el estado no hubiera vendido esta prisión a una empresa privada que enfrenta demandas en distintas partes del país relacionadas con las condiciones de las personas detenidas, presuntos abusos y las condiciones laborales de sus empleados”, dijo la supervisora del condado de Pima, Jennifer Allen, en declaraciones a Conecta Arizona.
En Surprise, ICE compró por 70 millones de dólares un antiguo almacén para convertirlo en un centro de procesamiento migratorio con capacidad para 1,500 camas. De acuerdo con los planes de la agencia, las operaciones comenzarían con aproximadamente 50 personas detenidas, antes de ampliar gradualmente su capacidad.
En ambos proyectos, residentes, organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado que la información se hizo pública cuando las negociaciones, los cambios de uso de suelo y otras decisiones clave ya estaban avanzadas, lo que, aseguran, limitó la participación de la comunidad durante las primeras etapas del proceso.
En Marana y Tucson, vecinos y líderes locales han realizado manifestaciones contra el nuevo centro de detención. Sus principales preocupaciones incluyen el trato a las personas detenidas, el impacto sobre los recursos hídricos y el incremento de la presencia de agentes de ICE en la región.
“¿Por qué estamos construyendo tantos centros de detención?”, cuestionó García. “Esto solo va a provocar un encarcelamiento masivo”.
Funcionarios municipales de Marana, sin embargo, han señalado en repetidas ocasiones que el gobierno local tiene un margen de acción limitado para frenar el proyecto debido a las regulaciones estatales y federales.
En Surprise, residentes rechazan la iniciativa y la ciudad rechazó el proyecto de ICE. La propuesta, presentada en junio, requeriría el respaldo de aproximadamente 70,000 votantes registrados, equivalentes a dos terceras partes del padrón electoral, para avanzar.
Mientras el gobierno federal destina decenas de miles de millones de dólares a ampliar el sistema de detención migratoria, abogados, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y personas que han permanecido bajo custodia sostienen que problemas como la falta de información, las deficiencias en la comunicación, la atención médica insuficiente y el hacinamiento continúan sin resolverse.
Para quienes permanecen detenidos, la expansión del sistema no se ha traducido necesariamente en mejores condiciones, sino en el ingreso de más personas a un modelo que, según sus críticos, sigue presentando deficiencias estructurales.
“Es un sistema diseñado en contra de los migrantes”, afirmó la abogada de inmigración Claudia Arévalo. “Hacen las leyes cada vez más duras, pero tampoco las aplican de manera justa. Además, muchas veces no tienes forma de defenderte. Para mí, eso representa un abuso de poder”.
Durante una conferencia de prensa realizada el 22 de junio en apoyo a Karla Toledo, la congresista Adelita Grijalva y la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, condenaron la detención de Toledo y la de otras personas que, afirmaron, permanecen privadas de su libertad de manera injusta.
“Es completamente falso que esto tenga que ver con la seguridad”, dijo Grijalva. “Se trata de intimidar y de hacer que el resto de nosotros guardemos silencio, y eso no va a suceder. No está bien secuestrar a personas de nuestra comunidad y encarcelarlas sin motivo. Ellos lo saben, y por eso siguen persiguiendo a Karla. Nosotros vamos a seguir alzando la voz”.
El crecimiento de la red de centros de detención en Arizona refleja el contraste entre la creciente inversión del gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias y las persistentes denuncias sobre las condiciones dentro de estas instalaciones. Mientras el sistema continúa expandiéndose, el debate ya no gira únicamente en torno al número de camas o de nuevos centros de detención, sino también sobre quién asume el costo humano de una política migratoria cada vez más enfocada en la detención.
Con información y edición de Paula Díaz.
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