Fiscal General de Florida incita a denunciar a exparejas indocumentadas en medio de sanciones judiciales por ley migratoria
En un nuevo tuit esta semana, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, alentó a las personas a alertar a su oficina si tienen una expareja que esté en Estados Unidos de manera ilegal.
El fiscal general compartió en la plataforma X: “Si tu ex está en este país ilegalmente, no dudes en comunicarte con nuestra oficina. Estaremos encantados de ayudar”.
Uthmeier afirma que su nueva invitación a denunciar y potencialmente deportar a sus exparejas surge después de que su oficina recibiera una pista “de alguien cuyo ex abusivo se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa de turista”. Añadió que la persona ahora está “en la lista de deportación”.
El tuit recibió mil comentarios, en su mayoría apoyando esta nueva invitación. Los mensajes de respaldo iban desde “esto es más útil de lo que imaginas” hasta “yo voté por esto.”
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. retuiteó la publicación de Uthmeier y compartió el número telefónico de la línea de denuncias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): “De abusador doméstico a perdedor deportado. Línea de denuncias de ICE: 866-DHS-2-ICE”.
Juez federal sanciona al fiscal general
La firme postura de Uthmeier sobre inmigración también ha tenido repercusiones, lo que condujo a una sanción en junio por parte de un juez federal por desafiar una orden judicial que bloqueaba la aplicación de la ley de inmigración de Florida, la SB 4-C. Esta ley hacía un delito que ciertos inmigrantes indocumentados entraran o estuvieran en Florida.
En un comunicado en línea, el director ejecutivo de la ACLU de Florida, Bacardi Jackson, afirmó: “Esta sanción y reprimenda legal es una afirmación excepcional y rotunda de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las personas más poderosas del estado”.
En abril de 2025, un tribunal federal emitió una orden judicial preliminar que suspendió la aplicación de la SB 4-C, declarando que la ley probablemente era inconstitucional, ya que la aplicación de la ley migratoria es responsabilidad federal.
Ese mismo mes, el 23 de abril, según el fallo judicial, Uthmeier envió una carta a la policía informándoles que podían continuar aplicando la ley y realizando arrestos bajo la ley SB 4-C, alegando que ninguna orden legal impedía su aplicación.
En su fallo en junio, la jueza federal Kathleen Williams ordenó a Uthmeier que presente informes quincenales para garantizar que la policía no arrestara a nadie bajo la ley de inmigración que bloqueó en abril.
En respuesta a la decisión, Uthmeier recurrió a X para compartir: “Si ser declarado culpable de desacato es lo que cuesta defender el estado de derecho y apoyar firmemente la agenda del presidente Trump sobre la inmigración ilegal, que así sea”.
La postura de Florida sobre inmigración
La nueva propuesta del fiscal general contribuye a las políticas y medidas controvertidas en Florida, respaldando la agenda del gobierno de Trump contra los inmigrantes.
Según un rastreador de arrestos migratorios del New York Times, hasta junio de 2025 Florida registra un promedio de 64 arrestos diarios realizados por ICE. Esto la ubica como el segundo estado con más arrestos diarios, detrás de Texas, que tiene un promedio de 142.
El aumento en arrestos en Florida desde el año 2024 es de un 219%.
El estado, liderado por el gobernador Ron DeSantis, también ha recibido críticas tras el anuncio de “Alligator Alcatraz” —un nuevo centro de detención ubicado en un aeropuerto aislado, a unos 45 millas al oeste del centro de Miami y rodeado por pantanos infestados de mosquitos, pitones y caimanes.
Luego de su apertura el 1 de julio, el 3 de julio Uthmeier compartió en la plataforma X: “Alligator Alcatraz recibirá esta noche a cientos de inmigrantes ilegales criminales”.
En respuesta a la apertura del centro de detención, organizaciones como la ACLU declararon: “Esta instalación es un fracaso moral, una amenaza ambiental y un desastre fiscal”.
Según reportes de AP, el centro ha recibido más de 245 millones de dólares de fondos públicos para su construcción y gestión. Actualmente, el centro puede alojar a 3 mil migrantes, pero se espera que su capacidad aumente a 5 mil.
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