ICE lo deja claro: indocumentados están en la mira, tengan o no antecedentes criminales

En una entrevista exclusiva con Face the Nation de CBS News, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó que su agencia intensificará los operativos para detener y deportar a cualquier persona en el país sin autorización, incluso si no tiene antecedentes criminales.
Lyons subrayó que, aunque ICE continuará concentrando “recursos limitados” en el arresto de “lo peor de lo peor”—personas con historial de delitos graves—, tampoco perdonará a quienes no tengan registros penales.
¿Por qué ahora se persigue también a no criminales?
Lyons explicó que muchas políticas estatales y locales de “ciudades santuario” impiden que ICE acceda a detenidos en cárceles locales, lo que obliga a agentes a realizar arrestos en medio de la comunidad, incluso de personas no criminales.
Tom Homan, el zar de inmigración, amenazó este martes con “inundar” a las ciudades santuario con agentes de ICE.
A su vez, Lyons anunció que ICE restaurará las redadas masivas en sitios de trabajo y endurecerá penalidades contra las empresas que contraten trabajadores sin autorización.

Según él, estos operativos no sólo buscan arrestar a los inmigrantes, sino también enfrentar a los empleadores que se aprovechan de mano de obra indocumentada, acusándolos de cometer delitos como explotación laboral o explotación infantil.
Qué cambia respecto a la era Biden
- Durante el gobierno de Biden, las grandes redadas laborales fueron suspendidas, y la estrategia se concentró en criminales, amenazas a la seguridad nacional y recientes llegadas a EE.UU.
- Con la entrada del segundo mandato de Trump en enero, esa directriz quedó anulada y, según Lyons, se ha expandido radicalmente el enfoque en inmigrantes indocumentados, sin importar su historial.
Implicaciones para Arizona
Este endurecimiento repercute directamente en comunidades fronterizas como Arizona, donde:
- Aumenta la presión sobre trabajadores indocumentados, que ahora están en riesgo incluso sin antecedentes penales.
- Las empresas locales —granjas, restaurantes, talleres— deben reforzar sus controles de elegibilidad laboral (I-9 y E-Verify) o enfrentar sanciones legales.
- La dinámica entre ICE y autoridades locales, especialmente en regiones con políticas de colaboración limitada, podría intensificarse.

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