Inmigrantes detenidos dejan de aparecer del localizador de ICE: abogados alertan sobre riesgos para el debido proceso

El abogado de inmigración Héctor Quiroga advierte que las dificultades para localizar a personas bajo custodia migratoria complican su defensa legal y generan incertidumbre entre sus familiares. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración también ha expresado preocupación por esta situación.

Tucson, Arizona. – Las dificultades para localizar a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están generando preocupación entre abogados de inmigración, quienes advierten que la falta de información sobre el paradero de sus clientes puede afectar su representación legal y las garantías del debido proceso.

El abogado de inmigración Héctor Quiroga explicó que, desde el 15 de septiembre de 2026, se han vuelto más frecuentes los problemas para encontrar a personas detenidas mediante el sistema público de localización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esta herramienta, conocida como Online Detainee Locator System (ODLS), permite a familiares y abogados buscar a personas bajo custodia migratoria mediante información personal o su número de extranjero, conocido como A-Number.

Sin embargo, cuando una persona deja de aparecer en el sistema, los representantes legales deben realizar gestiones administrativas adicionales para determinar dónde se encuentra y poder informar a sus familiares.

Quiroga advirtió que esta situación genera confusión y desesperación entre las familias, que en ocasiones desconocen si su ser querido continúa detenido, fue trasladado a otro centro o ha sido deportado.

Traslados pueden complicar la defensa legal

Uno de los principales problemas, según Quiroga, es que los traslados entre centros de detención pueden implicar cambios de jurisdicción, lo que afecta la presentación de determinados recursos legales ante los tribunales correspondientes.

El abogado explicó que desconocer la ubicación de un cliente puede dificultar la presentación de documentos ante la corte adecuada, así como la obtención de firmas y la preparación de una estrategia de defensa.

También puede impedir la comunicación confidencial entre el abogado y su cliente, incrementar los costos de representación y limitar el acceso a la justicia.

Estas preocupaciones fueron planteadas también durante una conferencia de prensa organizada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), en la que participaron abogados y representantes del Congreso.

Ruby Powers, abogada de inmigración y fundadora de Powers Law Group en Texas, explicó que conocer la ubicación exacta de un detenido resulta fundamental para establecer comunicación con él, debido a que cada centro de detención tiene sus propias reglas para permitir llamadas, videoconferencias o visitas presenciales.

Powers señaló que la información también es esencial para presentar recursos de habeas corpus, mediante los cuales una persona puede cuestionar judicialmente la legalidad de su detención.

Cuando un inmigrante es trasladado entre instalaciones ubicadas en diferentes distritos judiciales, pueden surgir complicaciones sobre dónde corresponde presentar estos recursos.

Un cliente desapareció del sistema y hasta el juez desconocía su situación

Durante la conferencia, Powers relató el caso de un cliente que dejó de aparecer temporalmente en el localizador de ICE.

La abogada explicó que durante varias horas desconoció su paradero y temió que hubiera sido deportado.

Después de comunicarse con las autoridades migratorias, confirmó que su cliente continuaba detenido, aunque ya no aparecía en el sistema público.

La confusión también llegó al tribunal. Según Powers, un juez creyó que la persona ya no estaba bajo custodia y tomó una decisión basándose en esa información.

El caso refleja las consecuencias que puede tener la falta de información actualizada sobre el paradero de los detenidos, tanto para sus abogados como para los procedimientos judiciales.

Powers también advirtió que una orden de deportación no significa necesariamente que una persona haya agotado todas sus opciones legales, ya que podría tener fundamentos para solicitar la reapertura de su caso o cuestionar su detención.

¿Se está violando el debido proceso?

Para Quiroga, la situación plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso y el derecho de las personas detenidas a recibir asistencia legal.

El abogado aclaró que no existe una prohibición legal general que impida a las autoridades migratorias trasladar a los detenidos entre instalaciones.

Sin embargo, considera que los problemas surgen cuando esos movimientos dificultan que los abogados localicen a sus clientes, se comuniquen con ellos y preparen adecuadamente su defensa.

La imposibilidad de establecer contacto oportuno puede afectar la presentación de documentos, la identificación de alternativas legales y el ejercicio de derechos durante el procedimiento migratorio.

Powers también cuestionó la constitucionalidad de estas dificultades y advirtió que la falta de acceso a información sobre los detenidos puede limitar la posibilidad de recurrir a los tribunales.

Congresista de Arizona denuncia falta de transparencia en tribunales migratorios

Las preocupaciones por el sistema de localización de ICE forman parte de un debate más amplio sobre la transparencia de los procedimientos migratorios.

Durante la misma conferencia de AILA, el congresista demócrata Greg Stanton, representante del cuarto distrito de Arizona, denunció obstáculos para ingresar a una sala utilizada para audiencias migratorias dentro de un edificio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en Washington D. C.

Stanton explicó que inicialmente le negaron el acceso a las instalaciones y que debió esperar aproximadamente dos horas mientras su equipo realizaba gestiones ante distintas agencias federales.

Finalmente, recibió autorización para ingresar, pero los empleados del Congreso que lo acompañaban no pudieron hacerlo.

El legislador también relató que, durante una de sus visitas, ninguna de las personas incluidas en una lista de audiencias programadas se presentó físicamente en el lugar. Sin embargo, reconoció que desconocía las razones de esas ausencias.

Stanton informó que, junto con el congresista Jamie Raskin, envió una carta solicitando explicaciones sobre el funcionamiento de estas salas y las restricciones de acceso.

Aunque las denuncias sobre los tribunales migratorios y las dificultades del localizador de ICE corresponden a situaciones distintas, AILA sostiene que ambas generan preocupaciones sobre la transparencia y las garantías procesales.

Familias enfrentan angustia e incertidumbre

Más allá de las consecuencias legales, Quiroga destacó el impacto emocional que puede tener la falta de información sobre el paradero de una persona detenida.

El abogado advirtió que las familias pueden experimentar ansiedad, desesperación y confusión al desconocer dónde se encuentra un ser querido.

La situación puede resultar especialmente difícil para los niños que no saben dónde están sus padres.

Quiroga considera que la incertidumbre también puede provocar consecuencias psicológicas perjudiciales para las familias.

Mientras persisten estas preocupaciones, los abogados insisten en la importancia de garantizar que las personas detenidas puedan comunicarse con sus representantes legales y que sus familiares tengan acceso a información sobre su ubicación.

Las personas que buscan a un familiar bajo custodia migratoria pueden consultar el localizador oficial de ICE en https://locator.ice.gov/.

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¿Qué te lo explique el abogado?

¿Qué hacer si ICE detiene a un familiar y no sabes dónde está?

El abogado de inmigración Héctor Quiroga explica cómo puede afectar un proceso migratorio la imposibilidad de localizar a una persona detenida, qué derechos están en juego y qué alternativas tienen las familias para encontrarla.

Además, desconocer el paradero de un detenido dificulta la comunicación con su abogado, la firma de documentos y la preparación de una estrategia de defensa. Esto puede incrementar los costos legales y limitar el acceso a la justicia.

La preocupación por el acceso a representación legal se produce en un contexto de cuestionamientos más amplios sobre las prácticas de detención migratoria.

De acuerdo con un boletín de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), una investigación de ProPublica documentó 506 incidentes en los que agentes migratorios retuvieron contra su voluntad a ciudadanos estadounidenses desde enero de 2025. Entre los casos recopilados, 36 ciudadanos permanecieron detenidos durante un día o más sin poder comunicarse con sus familiares o abogados.

Aunque estos incidentes no están directamente relacionados con el funcionamiento del sistema de localización de ICE, reflejan otras preocupaciones sobre el acceso a asistencia legal y la comunicación durante la detención.

¿Qué ocurre con el debido proceso?

Quiroga señaló que, aunque no existe una prohibición legal general que impida trasladar a personas entre centros de detención, la imposibilidad de localizarlas plantea interrogantes sobre las garantías del debido proceso.

La falta de comunicación puede impedir que un abogado consulte oportunamente con su cliente, obtenga las firmas necesarias o prepare adecuadamente su defensa.

El impacto también se extiende a las familias. No conocer el paradero de un ser querido puede provocar desesperación, ansiedad y consecuencias emocionales, especialmente cuando hay niños que desconocen dónde se encuentran sus padres.