Juez federal ordena intervención del sistema de salud en prisiones de Arizona tras años de fallas y muertes prevenibles

Phoenix (AP) — Una jueza federal ordenó la intervención del sistema de atención médica en las prisiones de Arizona y designará a un funcionario para administrar las operaciones sanitarias, tras años de denuncias por atención médica y de salud mental deficiente.

La decisión, emitida el jueves por la jueza federal Roslyn Silver, se produce después de su fallo de 2022 en el que concluyó que Arizona violó los derechos de las personas privadas de la libertad al proporcionar atención inadecuada que derivó en sufrimiento y muertes prevenibles.

Silver escribió que el estado no ha logrado siquiera un nivel básico de cumplimiento con los cambios ordenados por la corte ni con la Constitución tras casi 14 años de litigio, señalando que “este enfoque no solo ha fracasado completamente, sino que, de continuar, sería nada menos que una indulgencia judicial ante conductas profundamente inconstitucionales”.

La jueza afirmó que las personas encarceladas siguen expuestas a “una amenaza grave, intolerable e inmediata de daño y sufrimiento continuo debido a que las deficiencias sistémicas afectan toda la administración del sistema de salud”.

The Associated Press solicitó comentarios al Departamento Correccional tras la orden. El estado y los abogados que representan a los reclusos tienen 60 días para presentar una lista de candidatos que puedan dirigir los servicios médicos y de salud mental en las prisiones.

“Esta decisión significa que una autoridad independiente podrá implementar los cambios sistémicos necesarios para garantizar que la atención médica y de salud mental cumpla con los estándares constitucionales”, afirmó David Fathi, uno de los abogados que representan a los prisioneros. “Es una intervención que salva vidas y ofrece esperanza de que el sufrimiento y las muertes prevenibles que han afectado al sistema penitenciario de Arizona durante más de una década finalmente puedan terminar”.

Los abogados de los reclusos sostienen que el estado ha realizado pocas mejoras desde el fallo judicial y solicitaron una medida más drástica conocida como “receivership” (administración judicial), argumentando que el sistema sigue roto y que los prisioneros que necesitan atención continúan en riesgo.

Durante más de una década, el gobierno estatal ha enfrentado críticas por el manejo deficiente del sistema de salud para aproximadamente 25,000 personas recluidas en prisiones administradas por el estado.

El estado se comprometió a reformar los servicios médicos y de salud mental en un acuerdo de 2014, pero posteriormente fue acusado de incumplir muchas de esas promesas. Esto derivó en multas por desacato a la corte por 2.5 millones de dólares y, eventualmente, en la revocación del acuerdo por parte de la jueza Silver, quien señaló que los funcionarios correccionales mostraron poco interés en implementar cambios.

Posteriormente, en un juicio realizado en 2022, la jueza falló contra el estado y emitió una orden judicial para que las autoridades correccionales corrigieran las violaciones constitucionales.

Mientras los abogados de los reclusos aseguran que el estado carece de liderazgo para cumplir en un tiempo razonable, el Departamento Correccional afirma que ha transformado el sistema de salud penitenciario en los últimos dos años, ampliando el acceso a tratamientos, aumentando el personal y abriendo unidades médicas especializadas.

Funcionarios correccionales sostienen que la parte contraria se enfoca en la reputación del pasado en lugar de reconocer los avances actuales, y aseguran que la agencia ha actuado de buena fe para cumplir con las órdenes judiciales.

En septiembre de 2019, los abogados de los reclusos solicitaron una intervención similar, pero la jueza Silver la rechazó en ese momento, indicando que reconsideraría esa posibilidad si el estado actuaba de mala fe o no cumplía con las órdenes judiciales. Intervenciones similares han ocurrido en otros estados; en California, en 2005, un juez federal tomó el control del sistema médico penitenciario tras determinar que, en promedio, un preso moría cada semana por negligencia médica o mala praxis.

La demanda en Arizona no incluye a las casi 10,000 personas encarceladas en prisiones privadas por condenas estatales.

Nota de Associated Press (AP) traducida con la ayuda de la inteligencia artificial.

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