La administración Trump dice que retendrá SNAP de los estados liderados por demócratas si no proporcionan datos

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ARCHIVO – Un cartel informativo de SNAP EBT se muestra en una gasolinera en Riverwoods, Illinois, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Foto AP/Nam Y. Huh, archivo).

Por GEOFF MULVIHILL and DARLENE SUPERVILLE, Associated Press

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump dijo el martes que tomará medidas para retener la ayuda alimentaria SNAP a los beneficiarios en la mayoría de los estados controlados por los demócratas a partir de la próxima semana, a menos que esos estados proporcionen información sobre quienes reciben la asistencia.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en una reunión de gabinete el martes que la acción se avecina porque esos estados se niegan a proporcionar los datos solicitados por el departamento, como los nombres y el estatus migratorio de los beneficiarios de la ayuda. Dijo que la cooperación es necesaria para erradicar el fraude en el programa. Los estados demócratas han demandado para bloquear el requisito, diciendo que verifican la elegibilidad de los beneficiarios de SNAP y que nunca comparten grandes cantidades de datos confidenciales sobre el programa con el gobierno federal.

En Arizona, una persona que pidió ser identificada como Lucia, residente en Nogales, contó a Conecta Arizona su experiencia con este tema: “He vivido en la frontera toda mi vida y conozco de primera mano el abuso de beneficios en las instituciones de Gobierno. Es muy incómodo cuando escuchas personas que viven en otro país y hacen alarde que calificaron a seguro médico estatal (en Arizona), estampillas y muchas veces cheque de disability; no entiendo cómo le hacen, porque se supone que hay restricciones para calificar. A mí me toca ver mucha gente con situación económica relajada, con carros de lujo y sus hijos becados en los deportes con estampillas y seguro gratis, con préstamos a universidades que no pagan y del sistema de salud ni hablar. Mucha gente extranjera conoce perfectamente las ventanillas del sistema para no pagar. Y llegan a los cuartos de emergencia y niegan su situación económica para recibir el seguro estatal de emergencia y cubrir con ello los gastos. No pagan impuestos de acuerdo a su estilo de vida y saquean la ayuda que debería de ser para los más necesitados”.

“Ahora hay otro problema con eso porque muchos de ellos entran al sistema de ayuda económica por falta de empleo, pero cuando alguien les ofrece trabajo te dicen: ‘Trabajo si me paga en efectivo, es que si no pierdo los beneficios y no me conviene’. Creo que el gobierno necesita hacer mejor trabajo social para verificar el status económico de las personas que aplican. Hay ocasiones que entro al supermercado o Walgreens y hay personas que se acercan y te dicen: ‘señora, si va a pagar eso, ¿no quiere que lo pague yo y usted me da el efectivo?’. Yo me niego pero hay personas que negocian y les dicen: “Y si te digo que sí, te pago menos de lo que es’ y ellos aceptan. Hay mucho fraude en la ayuda y mucho abuso. Me da pena porque por eso vemos que pagan justos por pecadores”, agregó.

Marissa Saldivar, portavoz del gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata, se mostró escéptica sobre si realmente se quitarán los fondos. “Ya no tomamos las palabras de la Administración Trump al pie de la letra; veremos qué hacen en realidad”, dijo en un comunicado. “Recortar programas que alimentan a los niños estadounidenses es moralmente repugnante”.

Veintidós estados y el Distrito de Columbia demandaron previamente por la solicitud de información, que se realizó inicialmente en febrero. Un juez federal con sede en San Francisco ha prohibido a la administración, al menos por ahora, recopilar información de esos estados.

La semana pasada, el gobierno federal envió a los estados una carta diciendo que era hora de cumplir, como lo han hecho otros estados, pero todas las partes acordaron darles a los estados hasta el 8 de diciembre para responder.

La administración dice que se necesitan datos para detectar el fraude

Alrededor de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, o 1 de cada 8, dependen del SNAP para comprar alimentos. El beneficio mensual promedio es de aproximadamente $190 por persona, o un poco más de $6 por día.

Rollins ha citado información proporcionada por estados que han cumplido, diciendo que muestra que 186,000 personas fallecidas reciben beneficios SNAP y que 500,000 reciben beneficios más de una vez.

“Pedimos a todos los estados por primera vez que entreguen sus datos al gobierno federal para permitir que el USDA se asocie con ellos para erradicar este fraude, para asegurarnos de que aquellos que realmente necesitan cupones para alimentos los obtengan”, dijo Rollins, “pero también para garantizar que el contribuyente estadounidense esté protegido”.

Su oficina no ha publicado datos detallados, ni siquiera sobre cuántos beneficios obtenidos por error o fraude se están utilizando.

Tampoco está claro qué estados han entregado la información. Rollins dijo que 29 han cumplido y 21 no. Pero 22 han presentado una demanda para bloquear la orden.

Además, Kansas, que no formó parte de la demanda, no lo ha proporcionado. El USDA le dijo al estado en septiembre que se cortarían los fondos SNAP. El estado pidió a la agencia que revocara la acción. Un portavoz de la gobernadora demócrata Laura Kelly dijo que hasta el martes aún no había habido respuesta. Carolina del Norte parece ser el único estado con un gobernador demócrata que ha entregado la información.

Los expertos dicen que, si bien ciertamente hay fraude en un programa de $100 mil millones al año, los problemas mucho mayores son los esfuerzos del crimen organizado para robar las tarjetas de beneficios u obtenerlas en nombre de personas inventadas, no las malas acciones de los beneficiarios.

Los funcionarios demócratas cuestionan los motivos de la administración

La representante federal Jahana Hayes, una demócrata de Connecticut que copatrocina la legislación para deshacer los recientes cambios del SNAP, dijo que Rollins está tratando de hacer cambios sin transparencia -o sin un papel para el Congreso- y que está caracterizando erróneamente el programa.

“Las personas que simplemente están tratando de comprar comida no son las que están jugando con el sistema en la forma que la administración está tratando de retratar”, dijo Hayes en una entrevista el martes antes de que Rollins anunciara su intención.

Los funcionarios demócratas respondieron al anuncio de Rollins criticando a la administración.

“El gobernador desea que el presidente Trump sea un presidente para todos los estadounidenses en lugar de lanzar sus venganzas políticas contra las personas que más necesitan estos beneficios”, dijo Claire Lancaster, portavoz del gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz. “Ya sea que amenace la financiación de carreteras o la asistencia alimentaria, el presidente está tomando decisiones maliciosas que aumentarán los precios y perjudicarán a las familias”.

En respuesta a los comentarios de Rollins, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, tuiteó: “Pregunta genuina: ¿Por qué la administración Trump está tan empeñada en que la gente pase hambre?”

SNAP ha estado en el centro de atención recientemente

Normalmente, el programa no está en el centro de atención política, pero sí lo ha estado este año.

Como parte del gran proyecto de ley de impuestos y políticas de Trump a principios de este año, los requisitos laborales se están ampliando para incluir a personas entre 55 y 64 años, personas sin hogar y otros.

Y en medio del reciente cierre del gobierno federal, la administración planeó no financiar los beneficios para noviembre. Hubo idas y venidas en los tribunales sobre si podían hacerlo, pero luego el gobierno reabrió sus puertas y se reanudaron los beneficios antes de que se tomara la última palabra.

Mientras tanto, algunos estados se apresuraron a financiar los beneficios por su cuenta y la mayoría aumentó o aceleró el dinero para los bancos de alimentos.

Mulvihill informó desde Haddonfield, Nueva Jersey. Contribuyeron los reporteros Sophie Austin en Sacramento, California; John Hanna en Topeka, Kansas; Michael Hill en Albany, Nueva York; Steve Karnowski en Minneapolis; y Gary Robertson en Raleigh, Carolina del Norte.

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Autores

Paula Díaz es una periodista con más de 20 años de experiencia, especializada en inmigración, derechos humanos y justicia social en Estados Unidos, enfocándose en las comunidades latinoamericanas. A lo largo de su carrera, ha documentado numerosas historias de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la frontera sur de EE.UU., brindando una mirada profunda a los desafíos que enfrentan los migrantes. Su trabajo de investigación resalta problemas urgentes en la migración y ha dado lugar a iniciativas como su sitio web Migrantesdesaparecidos.com.

Ha trabajado en importantes medios de comunicación como Voice of America, donde cubrió la Casa Blanca y el Congreso, y en Univision-Arizona como Gerente de Contenidos Digitales. También ha colaborado con Telemundo, EFEy otros medios en EE.UU. y América Latina. Inició su carrera en EE.UU. como reportera para la edición en español de Los Angeles Times y ha sido corresponsal de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en El Salvador. Nacida en Colombia, emigró a Los Ángeles en 2001 y posee una licenciatura en periodismo de la Universidad Autónoma de Cali, además de una maestría en Periodismo Bilingüe de la Universidad de Arizona.