La fiscal general de Arizona decide no presentar cargos contra la gobernadora Hobbs por acusaciones de un esquema de “pagar por favores”

Por Jacques Billeaud, Associated Press

PHOENIX (AP) — La fiscal general Kris Mayes anunció el viernes que los fiscales estatales decidieron no presentar cargos penales contra la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, por acusaciones de participación en un esquema de “pagar por favores” con una empresa de hogares grupales que recibió un aumento de tarifas estatal tras donar 100,000 dólares para su ceremonia de investidura.

La gobernadora demócrata ha sido acusada de dar trato preferencial a Sunshine Residential Homes después de que el Arizona Republic revelara que la empresa privada contribuyó al fondo de investidura y al Partido Demócrata de Arizona, recibiendo posteriormente un aumento del 30 % en los pagos. Solo Sunshine y otra compañía obtuvieron incrementos durante el periodo de contratación 2022-2023.

La investigación se ha convertido en una carga política para Hobbs mientras busca un segundo mandato como gobernadora. Su oponente republicano, el representante federal Andy Biggs, ha difundido un anuncio publicitario que destaca la investigación en curso sobre Hobbs.

Hobbs niega haber cometido irregularidades y afirma que no intervino en la decisión de otorgar el aumento.

“La investigación no ha revelado pruebas del quid pro quo necesario para sustentar una acusación de soborno”, declaró Mayes, quien también es demócrata. Sus investigadores concluyeron que el aumento de tarifas fue resultado de la posición de fuerza de Sunshine como el mayor proveedor de plazas para niños bajo tutela estatal, y no de presiones políticas.

Aunque la situación no cumplía con los requisitos para presentar cargos penales, Mayes afirmó que su investigación “demuestra la necesidad de una reforma legislativa” en torno a la transparencia de las donaciones políticas realizadas por contratistas del estado. Instó a Hobbs y a la Legislatura, controlada por el Partido Republicano, a adoptar mejoras.

Paralelamente, continúa otra investigación a cargo de la fiscal republicana del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, y del auditor general del estado. No está claro cuándo concluirá esta última investigación ni si su alcance difiere del enfoque de la fiscal general, centrado en delitos relacionados con el soborno. Erin Pellett, portavoz de Mitchell, declaró que no tenía una estimación sobre cuándo finalizaría la investigación y declinó hacer comentarios sobre el anuncio de la fiscal general, alegando que la investigación sigue abierta.

“Tal como se ha informado públicamente en múltiples ocasiones y como confirma ahora el informe de la fiscal general: la gobernadora Hobbs no participó, no dirigió ni dio instrucciones a ningún miembro de su administración respecto a los aumentos de tarifas aprobados por el Departamento de Servicios Infantiles”, afirmó Christian Slater, portavoz de Hobbs, en un comunicado.

La empresa obtuvo un aumento de tarifas tras realizar contribuciones políticas

La empresa donó 200,000 dólares al Partido Demócrata estatal en los meses previos a la contienda electoral de noviembre de 2022, en la que Hobbs se enfrentó a la republicana Kari Lake. Tras su ajustada victoria, Sunshine donó otros 100,000 dólares al fondo de investidura de Hobbs —semanas antes de que ella asumiera el cargo en 2023— y otros 100,000 dólares al partido en agosto de 2023, según los registros.

El fundador de la empresa, Simon Kottoor, y su esposa, Elizabeth Kottoor, aportaron cada uno un total de 10,000 dólares a las campañas de Hobbs para la gobernación.

Sunshine solicitó un aumento en 2022, pero la petición fue rechazada aproximadamente un mes después de que Hobbs asumiera el cargo. La empresa volvió a intentarlo y obtuvo la aprobación en mayo de 2023, elevando su tarifa de 149 a 195 dólares por cama.

El Departamento de Seguridad Infantil de Arizona informó que Sunshine comunicó al estado que reduciría su capacidad de camas si no obtenía un aumento de tarifas y que, en su lugar, destinaría dichas camas a alojar a menores inmigrantes no acompañados para el gobierno federal. El ultimátum se produjo en un momento en que el gobierno federal pagaba a los hogares grupales casi el doble de la tarifa abonada por el estado; este último ya había observado cómo algunos proveedores trasladaban plazas al programa federal que atiende a menores inmigrantes no acompañados, según informó la agencia.

Sunshine es el mayor proveedor estatal de plazas para niños sin discapacidades del desarrollo, con unas 290 plazas distribuidas en 28 hogares. Asimismo, aporta el 70 % de las plazas para grupos de hermanos bajo tutela estatal en el área metropolitana de Phoenix. La pérdida de las plazas de Sunshine afectaría considerablemente la capacidad del estado para ubicar a los niños en hogares y probablemente provocaría la separación de hermanos bajo tutela, quienes serían enviados a hogares distintos, señaló la agencia a principios de este mes.

“La posible pérdida de aproximadamente 290 plazas representaba una grave preocupación en cuanto a la capacidad, lo que exigía analizar detenidamente las consecuencias para los niños y para el sistema de bienestar infantil en general”, declaró la agencia.

La agencia informó que el entonces director del DCS, David Lujan, aprobó el aumento y que ni la gobernadora ni su equipo participaron en el proceso.

Todos los proveedores que ya tenían contratos con la agencia recibieron aumentos en sus tarifas durante una nueva ronda de contratación en 2024; en ese momento, la tarifa de Sunshine también aumentó a 234 dólares por plaza.

El aumento de tarifas fue probablemente consecuencia de la gran influencia que Sunshine ejercía sobre el estado, concluye el Fiscal General.

Hobbs se negó a ser entrevistada por los investigadores, pero presentó dos declaraciones a través de sus abogados el lunes, según un memorando de Nick Klingerman, jefe de la división penal de la Fiscalía General. En sus declaraciones, afirmó que no habló sobre las tarifas de los contratos con nadie de Sunshine, ni “ordenó ni autorizó” a terceros que lo hicieran en su nombre; de ​​hecho, ni siquiera supo que se estaba negociando sobre las tarifas hasta después de que se aprobara el aumento.

“Más que el resultado de un soborno, la investigación ha determinado que los aumentos de tarifas de Sunshine parecen derivar de su enorme influencia sobre el programa de atención en centros residenciales del DCS”, escribió Klingerman.

Además, señaló que las contribuciones políticas están protegidas por la libertad de expresión y que cualquier cargo presentado contra Hobbs o los directivos de Sunshine probablemente sería desestimado invocando la Primera Enmienda.

Al solicitar las investigaciones, el senador estatal republicano T.J. Shope señaló que la empresa de hogares grupales estaba siendo objeto de escrutinio por la atención brindada a Jakob Blodgett, un niño de 9 años que se alojó en un centro de Sunshine en Glendale en diciembre de 2022, después de que su padre fuera detenido por un delito relacionado con drogas. El menor falleció días después en un hospital debido a complicaciones de la diabetes tipo 1, incluida la grave complicación conocida como cetoacidosis.

Una demanda alega una gestión deficiente de la diabetes del niño mientras estaba bajo tutela estatal, así como negligencia por parte de las autoridades de bienestar infantil y de Sunshine al exponerlo a riesgos que derivaron en su muerte. Aunque el estado ha negado las acusaciones de negligencia, dos empleados de Sunshine responsables de la atención directa de Blodgett durante una etapa crítica del deterioro de su salud declararon que carecían de la formación o los conocimientos necesarios para atender a una persona con diabetes tipo 1. La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa entrevistó a varios empleados de Sunshine como parte de su investigación penal sobre la muerte de Blodgett. Nadie ha sido acusado formalmente. La agencia del condado informó que la investigación sigue abierta.

___

El periodista de Associated Press Jonathan J. Cooper contribuyó a este artículo.