Manifestantes de Arizona rechazaron la ley SB 1164, que avanzó en el Senado estatal y a la que consideran “antiinmigrante”
Un comité del Senado de Arizona aprobó este lunes, 17 de febrero, un proyecto de ley sobre inmigración impulsado por legisladores republicanos, que fue rechazado por los demócratas y por organizaciones comunitarias y de inmigrantes que se manifestaron en el Capitolio estatal. Se trata de la SB 1164, conocida como “Ley ICE de Arizona”, una iniciativa que, según sus impulsores, busca “la cooperación estatal con la aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de la Administración Trump” y que, para sus críticos, representa “un ataque” a las comunidades migrantes y la autorización para avanzar con “deportaciones masivas” en Arizona.
La SB 1164, aprobada por el Comité Senatorial de Asuntos Militares y Seguridad Fronteriza, fue impulsada por el presidente del Senado, el republicano Warren Petersen, y tiene el fin de “ayudar a proteger a los arizonenses y la seguridad nacional”, según declaró oficialmente este lunes el caucus republicano del Senado estatal. Petersen, en su cuenta de X, afirmó que “es fundamental que los gobiernos estatales y locales no obstruyan” la agenda del presidente Trump y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, “mientras cumplen su promesa de eliminar a los delincuentes peligrosos de nuestras calles”.
En rechazo a la iniciativa, en el Capitolio de Arizona se manifestaron líderes comunitarios y de organizaciones religiosas, quienes señalaron que la SB 1164 “es parte de una serie de proyectos de ley antiinmigrantes, conocidos como la Agenda de Deportación de Familias de Arizona” y representa “un ataque coordinado contra las familias inmigrantes de Arizona”. “SB1164, SB1268 y HB2099 explotan el dinero de nuestros impuestos para alimentar políticas divisivas en lugar de abordar los problemas reales que enfrentan los arizonenses todos los días, como el aumento del costo de la vivienda y de los comestibles, los salarios estancados y las escuelas públicas con fondos insuficientes”, señalaron los manifestantes en un comunicado de prensa.
En la concentración de este lunes en el Capitolio estatal, los manifestantes realizaron una conferencia de prensa en la que cuestionaron la aprobación de la SB 1164. La exlegisladora demócrata Raquel Terán asoció la aprobación de la SB 1164 con el “racismo” en la Legislatura estatal, donde el Partido Republicano tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y dijo que la iniciativa es “déjà vu” de la SB 1070 en 2010. “Estábamos aquí protestando miles de personas, muchos jóvenes que habían abandonado sus escuelas secundarias. Fue una acción multigeneracional y multirracial, todos le dijimos no a la SB1070”, recordó.
La exlegisladora estatal demócrata también dijo que no pudieron entrar a la audiencia en el Senado: “Este tipo de acciones no nos pueden desanimar porque este es nuestro Senado. Las personas elegidas nos representan. No importa si es un distrito demócrata o republicano, ellos nos representan, y nosotros tenemos derecho a estar dentro de las audiencias del comité. Tenemos derecho a testificar, a protestar. LUCHA y otras organizaciones tienen el compromiso de estar aquí todos los lunes de 4:00 a 6:00 hasta que termine la sesión legislativa. Nos organizaremos desde nuestra legislatura estatal”.
Sobre la SB 1164, Terán afirmó que “es un proyecto de ley tan malo que ni siquiera el sheriff podría respaldarlo” por lo que debió ser modificado. “Sigue siendo un mal proyecto de ley porque todavía obliga a los agentes de policía a actuar como agencia de ICE. La consecuencia de esto es la discriminación racial, es la separación familiar. Y costará dólares a los contribuyentes de Arizona. Al final del día, este tipo de proyectos de ley se crean y se plantean para politizar con un tema de humanidad”, sostuvo.
Luego, el exsenador estatal Martín Quezada describió cómo fue la sesión en el Senado y dijo que “están alentando a las autoridades locales a actuar como agentes de ICE, como agentes federales de inmigración”. “Están alentando a las fuerzas del orden a atacar a personas como nosotros, a nuestras familias, la comunidad latina. ¿Cuánto nos cuesta eso a nuestra seguridad? Porque eso dejará de alentar a las personas a denunciar delitos, dejará de alentar a las personas a trabajar con las autoridades para mantener a nuestra comunidad más segura, desalentará la seguridad pública en nuestras comunidades. Y no podemos permitir que eso suceda. Queremos seguridad en nuestras comunidades, queremos poder confiar en las autoridades y eso no está sucediendo. Esto sólo va a empeorar las cosas. Están buscando chivos expiatorios, nos están culpando, están culpando a nuestras comunidades y no podemos permitir que eso suceda más”, señaló.
A su turno, Rocky Rivera, activista de la organización LUCHA, contó la historia de su familia en Bisbee, Arizona, y, al cuestionar a la SB 1164, dijo que la Legislatura debería “aprobar proyectos de ley que aborden necesidades reales en nuestra frontera”, como empleos en Douglas o agua potable en Yuma. Además, habló de una “migración forzada” de quienes cruzan la frontera desde México “intentando conseguir una vida mejor”.
También hoy habló Tyler Montague, asesor político de la Alianza de Negocios Pro-Inmigrantes de Arizona, quien afirmó que “no es sólo la izquierda política la que está preocupada por este tipo de proyectos de ley” sino también “la comunidad religiosa, la comunidad empresarial, nuestra educación”. “No nos oponemos a sacar a personas peligrosas de la comunidad, reconocemos que hay partes disfuncionales de la ley federal de inmigración que deben corregirse y mejorarse, pero la respuesta no es una disposición de cumplimiento a nivel estatal que requiera que nuestros departamentos de policía locales hagan sus mejores esfuerzos para hacer cumplir la ley federal de inmigración. Eso es lo que dividirá a las familias, podría devastar a nuestra fuerza laboral. El 5% de la fuerza laboral a nivel nacional proviene de inmigrantes indocumentados, que pagan $59 mil millones al año en impuestos. Del 4 al 6% de nuestro PIB es contribución de nuestros inmigrantes indocumentados. Nos gustaría que nuestros funcionarios electos dedicaran tiempo y esfuerzo a ayudarnos a aprovechar los beneficios de estas buenas personas que son miembros de nuestra comunidad y no aterrorizarlas y estar atentos a la seguridad pública”, indicó.
La reverenda Kristin Dazn, de la Congregación Universal de Phoenix, dijo por su parte que por “razones morales y éticas” la SB 1164 es “un proyecto de ley horrendo”. “No soy legisladora, soy una voz moral en nuestra comunidad. Este proyecto de ley es cruel, es injusto y dañará a nuestra comunidad. Lógicamente, las autoridades locales harán cumplir las leyes de inmigración”. En este sentido, dijo que las personas “no llamarán (a la Policía) por violencia doméstica, no denunciarán la trata de personas ni la delincuencia en su barrio”. “Cuéntame cómo esto nos hace más seguros. Estamos obligando a la gente a decidir entre dos tipos diferentes de seguridad: tengo que elegir si llamo para denunciar un delito o si mi familia se separa. Esto no es seguridad. La única forma en que hablan de nuestra comunidad de migrantes e inmigrantes es como criminales. Esto es abominable, somos seres humanos. Decir que hay que separar sólo a los delincuentes es aplicar perfiles raciales. Infunden miedo y nos hacen sentir miedo de los miembros de nuestra comunidad. Ya existe mucha desconfianza entre nosotros y nuestras fuerzas del orden. ¿Cómo puede esto mejorarlo? Mi trabajo es hablar de amor, inclusión y aceptación, hacer a los demás lo que nos habríamos hecho a nosotros mismos. No queremos que nuestra policía sea una fuerza de miedo y odio”, señaló.
Finalmente Roberto Reveles, veterano y activista de derechos civiles, afirmó que el Comité del Senado “ha creado una gran mentira sobre el crimen” y que “las paradas de tráfico y las detenciones se imponen predominantemente a personas de color, a pesar de que la mayoría de las personas que fueron encontradas en posesión de drogas ilegales eran conductores blancos”. Además, dijo que “la aplicación de la ley históricamente se ha basado en el racismo” y que “el Departamento de Policía de Phoenix también ha estado bajo escrutinio por parte del Departamento de Justicia”. “En la Legislatura estatal se está promoviendo una gran mentira, no hay datos creíbles. Ese es el supuesto sobre el cual esta Legislatura impulsa un proyecto de ley que presume que se está luchando por la seguridad y contra los delincuentes. Es la Gran Mentira”, dijo.
Además, en un comunicado de prensa los manifestantes señalaron: “A dos meses de 2025, los republicanos, desde Washington D.C. hasta Arizona, han dejado dolorosamente claras sus prioridades: desfinanciarían las escuelas públicas de nuestros hijos, recortarían los programas de vivienda asequible y socavarían la atención médica, la Seguridad Social y Medicare que mantienen seguras a las familias trabajadoras y a las personas mayores, todo para financiar una campaña de discriminación racial que llevará a cabo deportaciones masivas de familias de Arizona”.
“Si alguien creía que los legisladores republicanos podrían dar prioridad a las escuelas totalmente financiadas, expandir las viviendas asequibles y una mejor atención médica para nuestras familias, esa esperanza se ha desvanecido rápidamente. En cambio, están utilizando a las familias inmigrantes como chivos expiatorios para distraer la atención de una economía amañada que mantiene los salarios bajos mientras los costos del alquiler, los comestibles y la gasolina siguen aumentando. Estos proyectos de ley -SB1164, SB1268, HB2099 y otros- alimentan la discriminación racial, ponen en peligro la salud pública y utilizan el dinero de los contribuyentes para promover deportaciones masivas en lugar de abordar las necesidades apremiantes de la comunidad. La llamada ‘crisis de inmigración’ es una distracción fabricada de la verdadera crisis económica que enfrentan las familias trabajadoras. Estos proyectos de ley amenazan con separar a las familias, socavar las economías locales y desviar fondos de los servicios esenciales”, agrega el texto.
Desde el Partido Republicano en el Senado, por su parte, este lunes explicaron los alcances de la iniciativa aprobada: “Según la versión enmendada de la SB 1164, las ciudades y pueblos tienen prohibido adoptar o hacer cumplir cualquier política que bloquee o restrinja la cooperación policial con las autoridades federales de inmigración para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Si las ciudades y pueblos no cumplen, los legisladores estatales pueden presentar una queja ante el Procurador General de Arizona solicitando una investigación, también conocida como 1487. Si la investigación del Procurador General revela que se violó la ley estatal, entonces los ingresos compartidos por el estado pueden ser retenidos de las ciudades y pueblos hasta que cumplan. El proyecto de ley también exige que los alguaciles del condado y el Departamento Correccional cumplan con las solicitudes de detención de inmigrantes, evitando que los extranjeros ilegales criminales sean liberados nuevamente en las calles”.
En un comunicado de prensa, los legisladores republicanos del Senado destacaron que, según la SB 1164, “las autoridades deben hacer todo lo posible para apoyar la aplicación de las leyes federales de inmigración”. Según Petersen, citado en el comunicado, la iniciativa “protege a los arizonenses de los criminales extranjeros ilegales en nuestras comunidades”. “Después de los últimos cuatro años de anarquía en nuestra frontera, es imperativo que todos los niveles de gobierno apoyen los esfuerzos para salvaguardar a nuestras comunidades de los daños de la inmigración ilegal. Arizona es un estado fronterizo y, como tal, necesitamos empoderar a nuestros agentes jurados para hacer cumplir nuestras leyes y ayudar a los esfuerzos de la Administración Trump en este frente. El tiempo es esencial para proteger a ciudadanos inocentes y respetuosos de la ley en todo nuestro gran estado”, señala Petersen, y resalta el apoyo de la Asociación de Sheriffs de Arizona.
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