Directiva de ICE elimina audiencias de fianza para inmigrantes indocumentados y provoca detenciones prolongadas

En una nueva directiva la semana pasada, la administración del presidente Donald Trump eliminó las audiencias de fianza para inmigrantes indocumentados que enfrentan deportación. La medida provoca detenciones prolongadas para millones de personas.

En una declaración por correo electrónico a Conecta Arizona, la directora del programa para servicios legales de inmigracion Friendly House, Monica E. Manke, compartió: “Todas las personas merecen una oportunidad justa de presentar su caso y ser consideradas para su liberación, especialmente quienes no representan una amenaza para la seguridad pública”.

Friendly House proporciona representación legal asequible para inmigrantes. En su trabajo con clientes, Manke afirmó que las nuevas directivas ya están generando “miedo y confusión”, con quienes temen “no tener una oportunidad justa de ser escuchados ni de reunirse con sus familias”.

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El 8 de julio, un memorando obtenido por el Proyecto de Seguimiento de Políticas de Inmigración del director interino de el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, instruyó a los agentes de ICE a detener a los inmigrantes indocumentados durante todo el proceso de deportación.

En el memorando, Lyons explica el tratamiento que espera para los nuevos detenidos: “Estos extranjeros ahora reciben el mismo trato que históricamente se ha dado a los inmigrantes recién llegados”.

Históricamente, los inmigrantes detenidos al ingresar a EE. UU. han estado sujetos a detención obligatoria, no pueden ser liberados bajo fianza por un juez de inmigración y solo pueden ser liberados si las autoridades de inmigración les otorgan libertad condicional discrecional.

El memorando afirma que ahora, casi todos los inmigrantes indocumentados en proceso de deportación, sin importar cómo o cuándo ingresaron, deben permanecer detenidos durante toda la duración de su caso.

Manke cree que la nueva orden sólo causa más daño: “Esto no promueve la justicia ni la seguridad pública; crea más dificultades para familias y comunidades enteras”.

Organización de Arizona presenta Orden de Restricción Temporal por políticas de Trump

En abril, nueve organizaciones de derechos de los inmigrantes, incluyendo el Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Arizona, presentaron una nueva Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) para impedir la cancelación de los programas de orientación legal para inmigrantes por parte de la administración Trump.

En un comunicado en línea, Laura St. John, directora legal del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, declaró: “Nos unimos a nuestros colaboradores para solicitar esta Orden de Restricción Temporal y garantizar que las personas detenidas por inmigración en Arizona reciban la educación y el apoyo legal que les corresponde por ley”.

La notificación de cancelación de la administración incluía el Programa de Orientación Legal para Grupos Familiares, la Iniciativa de Asesoría Juvenil, el Servicio de Ayuda de Tribunales de Inmigración, el Programa de Orientación Legal y el Programa de Orientación Legal para Custodios.

La TRO renovada, tras la primera orden de enero, impugnaba la abrupta orden de suspensión de labores que desfinanciaba programas cruciales de acceso legal para inmigrantes, incluyendo el Programa de Orientación Legal, el Servicio de Ayuda de la Corte de Inmigración, el Programa de Orientación Legal para Grupos Familiares y la Iniciativa de Asesoría Jurídica para Niños.

En ese momento, un juez federal emitió la TRO, y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) rescindió su orden de suspensión, restableciendo la financiación y permitiendo que estos programas legales se reanudarán temporalmente.

En una declaración en línea, Sam Hsieh, subdirector del Laboratorio de Impacto de la Inmigración del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, declaró: “El gobierno aún no ha ofrecido ninguna razón legítima para cancelar estos programas que protegen los derechos más básicos del debido proceso para los no ciudadanos, además de promover la eficiencia”.

El DOJ y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración no han hecho comentarios públicos sobre la cancelación de los programas de asistencia legal para inmigrantes ni respondieron a una solicitud de declaración.

El éxito de la primera orden de TRO para bloquear la orden del gobierno no se extendió a la orden renovada. En julio, según un resumen del caso del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el tribunal concluyó que no podía decidir sobre la mayoría de las demandas porque se encontraban en el tribunal equivocado, involucran decisiones de la agencia que no están sujetas a revisión judicial o carecían de pruebas de un daño real.

Sigue vigente un programa legal para ayudar a inmigrantes detenidos con problemas de salud mental

Aunque el tribunal confirmó la legalidad de las terminaciones y reestructuraciones de programas clave, se restableció un programa para ayudar a inmigrantes con problemas de salud mental.

El juez Amir Ali, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ordenó al gobierno reanudar la política del Programa Nacional de Representantes Calificados (NQRP, por sus siglas en inglés), el único mecanismo que utilizan los tribunales de inmigración para designar representantes legales a los demandados detenidos y sin representación legal que no pueden representarse a sí mismos en los procedimientos de fianza y deportación debido a una discapacidad mental o cognitiva grave.

Manke afirmó que la limitación de los programas legales para ayudar a los inmigrantes provocará la separación de familias durante largos periodos y que más personas permanezcan detenidas durante meses o incluso años: “Muchas de estas personas tienen fuertes vínculos con Estados Unidos, incluyendo hijos y cónyuges que son ciudadanos estadounidenses. Esta decisión dificultará la defensa de sus casos y aumentará aún más la presión sobre los ya saturados sistemas judiciales y de detención”.