Preocupación entre residentes legales ante nuevas políticas migratorias de la administración Trump

TUCSON, Arizona – La administración del presidente Donald Trump ha implementado medidas que afectan a los migrantes con residencia legal permanente en Estados Unidos, conocidos como titulares de la “Green Card”. Estas acciones han generado gran preocupación entre las comunidades inmigrantes y han desatado un debate sobre los derechos de los residentes legales, especialmente en medio de las nuevas políticas de inmigración y la campaña de deportación masiva.

La abogada especializada en leyes migratorias, María Quiroga, explicó en entrevista con Conecta Arizona las circunstancias bajo las cuales un residente permanente puede perder su estatus legal. Según la experta, existen varias razones establecidas en la ley de inmigración que pueden desencadenar la pérdida de la residencia.

“Un residente permanente puede perder su estatus si comete ciertos delitos graves, como una felonía agravada, o cargos relacionados con violencia doméstica o abuso infantil”, indicó Quiroga. “Delitos como fraude o robo también pueden afectar la residencia de una persona”, agregó.

Residentes legales no pueden permanecer fuera del país más de 180 días

Otro factor que podría poner en riesgo la residencia legal es la permanencia prolongada fuera del país. “Si un residente está fuera de Estados Unidos por más de 180 días, se puede considerar que ha abandonado su residencia. Y si la ausencia supera un año, la residencia es automáticamente revocada”, advirtió la abogada.

Aunque los agentes de inmigración pueden retirar la tarjeta verde, Quiroga subrayó que “la pérdida del estatus de residente solo puede ocurrir mediante un proceso de deportación en corte”. A pesar de esto, algunos residentes temen que la administración actual pueda acelerar los procesos de deportación.

Una de las preocupaciones más recientes tiene que ver con la participación en protestas. “La Constitución protege el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la participación en manifestaciones pacíficas”, explicó Quiroga. No obstante, destacó que “la administración ha utilizado leyes de seguridad nacional para justificar deportaciones basadas en este tipo de participación”, una medida que ha generado alarma entre la comunidad inmigrante.

Quiroga también abordó el tema de los DUI (conducir bajo la influencia de alcohol o drogas), explicando que, en general, un primer DUI no representa una causa para perder la residencia. “Sin embargo, un DUI que involucre lesiones o muerte, o múltiples DUIs, puede ser interpretado como una amenaza a la comunidad”, explicó. Agregó que “un DUI puede afectar el proceso de naturalización, ya que se requiere demostrar un buen carácter moral durante los cinco años previos a la solicitud de ciudadanía”.

La abogada recomendó a los residentes permanentes que se mantengan informados sobre sus derechos y busquen asesoría legal si se encuentran en una situación de riesgo.

Incertidumbre entre residentes legales

Por su parte, el director de El Rescate, Salvador Sanabria, destacó el clima de incertidumbre generado por las nuevas políticas migratorias de la segunda administración Trump, que ha incrementado el temor entre los residentes legales en Estados Unidos. “Los residentes tienen miedo, especialmente cuando viajan fuera del país. Al regresar, se enfrentan a interrogatorios, cuestionamientos y preguntas por parte de los oficiales fronterizos”, afirmó Sanabria a Conecta Arizona.

Sanabria señaló que este temor no solo está relacionado con los interrogatorios en la frontera, sino también con la posibilidad de que se les viole su derecho constitucional, lo que podría resultar en la revocación injusta de su estatus de residencia permanente. “Es fundamental que los residentes se informen sobre sus derechos para evitar que situaciones injustas lleven a la remoción de su estatus legal”, dijo.

Además, Sanabria destacó que las organizaciones comunitarias están intensificando sus esfuerzos de comunicación para asegurar que aquellos residentes legales que llevan más de cinco años en el país, apliquen para la ciudadanía.

Casos de residentes permanentes enfrentan revocación del estatus migratorio

Durante la actual administración, se han registrado dos casos reconocidos de residentes permanentes legales que han enfrentado la revocación de su estatus migratorio y han sido objeto de procesos de deportación, lo que ha atraído la atención nacional.

Uno de estos casos es el de Mahmoud Khalil, activista palestino y exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia. Khalil fue arrestado el 8 de marzo por autoridades de inmigración de EE.UU. A pesar de ser residente permanente legal, Khalil ha sido detenido sin que se hayan especificado los cargos en su contra. Un juez ha bloqueado temporalmente su deportación y ha ordenado que su caso sea transferido a un tribunal federal en Nueva Jersey, según reportó New York Magazine.

Otro caso es el de Yunseo Chung, estudiante de la Universidad de Columbia y residente permanente en EE.UU. desde su infancia. Chung fue arrestada durante una protesta pro-palestina. Posteriormente, las autoridades de inmigración intentaron revocar su estatus de residencia y deportarla, lo que llevó a Chung a presentar una demanda contra la administración actual, según reportó The Guardian.

Estos casos reflejan una tendencia en la que la administración ha intensificado las políticas de “investigación extrema”, aumentando el escrutinio sobre los titulares de la Green Card, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles desafíos a la residencia legal, retrasos en los tiempos de procesamiento y problemas en los puertos fronterizos con más cuestionamientos para el ingreso al país.

Revisión de perfiles en redes sociales

Además, la administración Trump ha propuesto revisar los perfiles en redes sociales de quienes solicitan la residencia permanente y ya viven legalmente en Estados Unidos. Esta medida ha sido criticada por considerarse un ataque a la libertad de expresión, ya que podría tener un efecto intimidante sobre los solicitantes. Sin embargo, esta no es una práctica nueva; en administraciones anteriores, funcionarios de inmigración han solicitado el acceso a los celulares cuando tienen razones para desconfiar de las declaraciones del visitante.

La situación sigue siendo tensa, y tanto activistas como expertos en leyes migratorias insisten en la importancia de que los residentes legales se mantengan informados y busquen ayuda legal para proteger su estatus.