Líderes y residentes rechazan plan para abrir centro de detención migratoria en Marana

Tucson, Arizona. – La congresista por el Distrito 7 de Arizona, Adelita Grijalva, se reunió este martes a las afueras de la antigua prisión estatal de Marana, donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) evalúa instalar un centro de detención migratoria. En el lugar, estuvo acompañada por residentes, líderes comunitarios y activistas que rechazan la propuesta.

Durante una conferencia de prensa, Grijalva se unió a organizaciones locales para expresar su oposición al posible uso de estas instalaciones como centro de detención de inmigrantes al noroeste de Tucson.

La legisladora criticó la propuesta del gobierno federal de convertir el complejo en un centro operado por ICE y advirtió sobre el impacto que podría tener en las familias inmigrantes y en la comunidad del sur de Arizona.

“Estoy profundamente preocupada por la prisa de la administración Trump por abrir esta instalación sin transparencia ni participación de la comunidad”, señaló Grijalva. “Seamos claros: la expansión de los centros de detención es una máquina de hacer dinero para la industria de prisiones privadas. Las cuotas arbitrarias de deportación significan más camas, contratos más grandes y mayores ganancias para empresas que han invertido millones en la campaña de Trump”.

La posible reapertura del complejo surge después de que ICE emitiera un aviso de intención para otorgar un contrato a la empresa privada Management and Training Corporation (MTC) para operar la instalación como centro de detención migratoria.

De acuerdo con documentos federales, el centro podría albergar entre 500 y más de 700 personas detenidas, lo que ha generado preocupación entre residentes, organizaciones comunitarias y defensores de derechos de los inmigrantes.

La empresa detrás del proyecto

Management and Training Corporation (MTC) es una empresa privada con sede en Utah que opera prisiones privadas, centros de detención migratoria y programas de capacitación laboral en Estados Unidos.

La compañía administra varias instalaciones vinculadas al sistema migratorio federal, incluyendo centros de detención en Texas, California y Nuevo México, donde miles de inmigrantes permanecen bajo custodia de ICE.

A lo largo de los años, la empresa también ha enfrentado críticas y controversias relacionadas con condiciones en centros de detención, denuncias sobre atención médica insuficiente y problemas de seguridad en algunas instalaciones.

Preocupación en la comunidad

Los críticos del proyecto señalan que la expansión de centros de detención migratoria podría tener consecuencias para las familias inmigrantes de la región y aumentar la presencia de instalaciones privadas dentro del sistema migratorio federal.

Por ahora, el contrato para operar la instalación en Marana no ha sido anunciado oficialmente, pero organizaciones comunitarias aseguran que continuarán movilizándose para impedir que el proyecto avance.

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