Recortes federales podrían afectar, en Arizona, la respuesta ante eventos extremos como calor, tormentas de polvo, incendios forestales y lluvias monzónicas

➡️ Por Johani Carolina Ponce

En Arizona, el calor extremo ya no es una anomalía de verano, sino una amenaza que persiste durante meses y se intensifica cada año: en 2023, Phoenix registró 54 días con temperaturas superiores a 110 °F (43 °C), incluyendo una racha sostenida de 31 días consecutivos por encima de esa marca. Además, entre 2005 y 2021 se documentaron 531 eventos de tormentas de polvo, también conocidas como haboobs, en el área metropolitana de Phoenix. Esta combinación de olas de calor prolongadas, tormentas de polvo, incendios forestales y lluvias monzónicas que provocan inundaciones repentinas afecta especialmente a las comunidades latinas en ciudades como Phoenix, Yuma y Tucson, que enfrentan estos riesgos sin suficientes recursos, información en español ni acceso adecuado a la ayuda institucional.

La doctora Julie A. González, investigadora posdoctoral en el Center for Environment, Community, & Equity (CECE), estudia cómo la desigualdad estructural y los riesgos ambientales interactúan, afectando de forma desproporcionada a poblaciones vulnerables. Esta perspectiva resulta clave para entender cómo, en Arizona, el cambio climático y la falta de preparación institucional profundizan la brecha social.

Alertas que no llegan y vecindarios expuestos al calor y la contaminación

González advierte que los recortes a agencias clave como FEMA, la EPA y el Servicio Meteorológico Nacional han debilitado gravemente la capacidad de preparación frente a emergencias. La eliminación de recursos ha reducido los sistemas de alerta temprana, las operaciones de respuesta ante incendios y las traducciones al español de información crítica. “Incluso ahora, en 2025, todavía hay comunidades afectadas por el huracán Helene (Carolina del Norte) que no han logrado recuperarse”, señala. “Con tormentas más frecuentes, esta situación solo pone en riesgo a más familias y propiedades, sin atacar de raíz el problema”, afirma.

La falta de respuesta oportuna también se ha observado tras olas de calor que han provocado apagones, muertes por insolación y saturación en hospitales.

En 2025, las olas de calor en Arizona han tenido un impacto alarmante en la salud pública: hasta el 14 de junio se confirmó un fallecimiento directamente relacionado con el calor y más de 100 casos están en investigación. Solo en 2023, hubo más de 4,000 visitas a salas de emergencias por enfermedades relacionadas con el calor y más de 900 muertes en todo el estado. Además, para este verano se proyecta un aumento aproximado del 25 % en las admisiones hospitalarias por insolación y deshidratación en Phoenix y Tucson.

Según González, muchas familias latinas deben recurrir a sus redes comunitarias, iglesias o grupos de vecinos para cubrir necesidades básicas, ya que las barreras de idioma, el estatus migratorio y la desconfianza en las autoridades limitan su acceso a los servicios públicos. “Muchos han pasado meses esperando reparaciones, han perdido días de trabajo y han tenido dificultades para acceder a atención médica”, explica. “Cuando la respuesta es lenta o inexistente, se refuerza la desigualdad”, agrega.

Altos precios, miedo a las autoridades y ayuda condicionada

Tras un desastre climático, la recuperación económica se convierte en un reto mayor para las familias latinas. En Arizona, muchas personas trabajan por hora o sin beneficios, lo que significa que un solo día sin trabajo implica una pérdida significativa. “El alza de precios después de un desastre agrava las dificultades económicas”, afirma González. “Y todo esto se complica aún más con las redadas de ICE y el aumento de la vigilancia migratoria en sus comunidades”. El miedo a solicitar ayuda impide que muchas familias accedan a recursos que legalmente podrían recibir. “Sin apoyo real, los costos altos y las barreras migratorias empujan a las familias a ciclos de deuda e inestabilidad que pueden durar años después de un desastre”.

Además, la politización de la ayuda por desastre ha limitado el alcance de los fondos en momentos críticos. González subraya que en 2025 la entrega de recursos se ha condicionado cada vez más a intereses partidistas. “Durante la administración Trump, la ayuda federal para incendios en California se ató a requisitos como leyes de identificación de votantes, y se congelaron fondos clave de FEMA, lo que interrumpió programas de recuperación”. En contraste, señala, administraciones anteriores habían priorizado criterios de necesidad. “Cuando la ayuda se politiza, quienes tienen menos poder son los que más sufren”, concluye.

Frente a este escenario, González destaca la urgencia de actuar desde lo local. “La verdadera preparación comienza mucho antes de que llegue una tormenta o un evento extremo”, advierte. Y, aunque reconoce que el financiamiento federal es clave, también insiste en el papel de las organizaciones comunitarias, líderes locales y redes de apoyo. “Nuestra fuerza está en organizarnos, exigir acción y asegurarnos de que nadie quede atrás”.

Sobre la experta

La doctora Julie A. González es investigadora posdoctoral en el Center for Environment, Community, & Equity. Su trabajo integra análisis espacial, demografía aplicada y modelación estadística para identificar patrones de riesgo ambiental en comunidades marginadas. Ha trabajado junto a instituciones académicas, agencias públicas y organizaciones sociales para promover políticas de justicia ambiental basadas en datos.