Sonora: proponen que víctimas de delitos de tránsito puedan recuperar sus vehículos resguardados sin pagar

El diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) presentó una iniciativa que busca que las víctimas de un delito en Sonora no paguen por el resguardo de sus vehículos cuando formen parte de una investigación penal, la cual fue revisada durante una reunión de socialización convocada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso de Sonora, que preside el diputado del Partido del Trabajo, René Edmundo García Rojo.

La iniciativa, que se creó desde 2018 mientras era regidor, plantea reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y permitiría que las víctimas de un delito pudieran recuperar el vehículo sin pagar nada.

“Es un problema que no es ajeno al resto del país, está en muchísimos estados esta situación y tampoco es nuevo. Es un tema que venimos arrastrando desde varias administraciones atrás. De hecho, este proyecto se generó desde el Cabildo, la última vez que fui regidor, que fue de 2018 a 2021. Incluso tuvimos acercamientos importantes con la fiscalía, nos pusieron incluso un encargado para que atendiera”, mencionó.

Ochoa Bazúa reveló que la propuesta tiene ya casi 2 años que se presentó ante el pleno y fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fue la que hizo un foro en días pasados en el Congreso del Estado al que acudieron abogados, víctimas del delito, personal de la Fiscalía, la Barra Sonorense de abogados y quien resultó interesado en el tema.

“Presenté la propuesta y estamos en la espera de que la comisión la dictamine y la mande al pleno para que se pueda aprobar, porque esta iniciativa yo la presenté iniciando la legislatura”, abundó.

El legislador por el PRI señaló que las tarifas que actualmente se cobran a las víctimas son tan elevadas que en ocasiones superan el costo de la propiedad, ya sea motocicleta o automóvil, lo cual es desproporcional e inviable, sin considerar además los daños que pudiera presentar y que tampoco asume la autoridad ninguna responsabilidad.

“Imagínate una moto de una persona trabajadora, el valor comercial de muchas de ellas es de alrededor de cinco o seis mil pesos y te quieren cobrar 12 mil por recuperar tu motocicleta. Entonces, es totalmente desproporcional, es totalmente inviable para la persona afectada que le pidan pagar 12 mil pesos, pues mejor te compras otra”, señaló Ochoa.

“Ese escenario lleva a que, lejos de estar agradecida con la autoridad por el trabajo que está haciendo de recuperar su vehículo, pues tiene que pagar por recuperarlo y pagar los daños del evento que sufriste como víctima, además el tiempo que dura sin el que, posiblemente, era su medio de transporte o de trabajo”, puntualizó.

Finalmente, el diputado denunció que esto ocurre porque se generan convenios con empresas privadas para dar el servicio porque el Estado no tiene la capacidad para brindarlo o no tiene áreas de resguardo que sean propias y entonces se ve en la necesidad de ese tipo de servicios.