Southern Poverty Law Center enfrenta investigación criminal del Departamento de Justicia por uso de informantes pagados

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Turistas caminan frente a una pancarta con el presidente Donald Trump colgada en el Departamento de Justicia, el 27 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Rahmat Gul, Archivo)

Washington (AP) — El Southern Poverty Law Center (SPLC por sus siglas en inglés), una organización de derechos civiles en Estados Unidos, informó que es objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia y que podría enfrentar cargos relacionados con su uso pasado de informantes pagados para infiltrarse en grupos extremistas.

El grupo de derechos civiles hizo el anuncio el martes, señalando que la administración del presidente Donald Trump parece estar preparando acciones legales en su contra o contra algunos de sus empleados.

“Aunque no conocemos todos los detalles, el enfoque parece estar en el uso previo del SPLC de informantes confidenciales pagados para recopilar inteligencia creíble sobre grupos extremadamente violentos”, dijo el director ejecutivo Bryan Fair en un comunicado.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato.

El SPLC anteriormente pagó a informantes para infiltrarse en grupos extremistas y recopilar información sobre sus actividades, la cual a menudo compartía con autoridades locales y federales, dijo Fair. Señaló que este método se utilizaba para monitorear amenazas de violencia y que el programa se mantenía en secreto para proteger la seguridad de los informantes.

“Cuando comenzamos a trabajar con informantes, vivíamos bajo la sombra del punto más álgido del Movimiento por los Derechos Civiles, que había visto atentados con bombas en iglesias, violencia patrocinada por el estado contra manifestantes y el asesinato de activistas que no recibían respuesta del sistema de justicia”, dijo Fair. “No hay duda de que lo que aprendimos de los informantes salvó vidas”.

Agregó que la organización “se defenderá enérgicamente, a su personal y su trabajo”.

El SPLC, con sede en Montgomery, Alabama, fue fundado en 1971 y ha utilizado litigios civiles para combatir a grupos supremacistas blancos. La organización sin fines de lucro se ha convertido en un blanco frecuente de críticas por parte de republicanos, quienes la consideran excesivamente partidista y de izquierda.

La investigación podría aumentar las preocupaciones de que la administración republicana de Trump está utilizando el Departamento de Justicia para perseguir a opositores conservadores y críticos. Se suma a otras investigaciones dirigidas a adversarios de Trump que han generado cuestionamientos sobre si la agencia encargada de hacer cumplir la ley se ha convertido en una herramienta política.

El Southern Poverty Law Center ha enfrentado críticas constantes de sectores conservadores, que lo acusan de etiquetar injustamente a organizaciones de derecha como grupos extremistas debido a sus posturas. El SPLC critica regularmente la retórica y políticas de Trump en temas como el derecho al voto, inmigración y otros asuntos.

El SPLC enfrentó un nuevo escrutinio tras el asesinato el año pasado del activista conservador Charlie Kirk, lo que volvió a poner atención en cómo la organización caracteriza al grupo que él fundó y lideró. El SPLC incluyó una sección sobre ese grupo, Turning Point USA, en un informe titulado “El año en odio y extremismo 2024”, donde lo describió como “un caso de estudio de la derecha dura en 2024”.

El director del FBI, Kash Patel, dijo el año pasado que la agencia rompería su relación con el SPLC, que durante años había proporcionado investigaciones sobre delitos de odio y extremismo interno a las autoridades. Patel afirmó que el SPLC se había convertido en una “máquina partidista de difamación” y lo acusó de difamar a “estadounidenses comunes” con su “mapa del odio”, que documenta presuntos grupos extremistas y antigubernamentales en Estados Unidos.

Republicanos de la Cámara de Representantes realizaron una audiencia en diciembre centrada en el SPLC, afirmando que la organización coordinó esfuerzos con la administración demócrata del presidente Joe Biden “para atacar a estadounidenses cristianos y conservadores y privarlos de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y de asociación”.

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