TPS para salvadoreños llega a su fecha límite, pero DHS mantiene la protección hasta nuevo aviso

Más de 170,000 salvadoreños enfrentan incertidumbre sobre su futuro migratorio en Estados Unidos. El DHS aseguró este miércoles que continuarán protegidos mientras el gobierno decide qué hará con el Estatus de Protección Temporal vigente desde 2001. La esperanza está en la relación actual de la Administración Trump con el gobierno de Buckele.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador llegó este miércoles 9 de septiembre a la fecha en que estaba previsto su vencimiento, pero miles de salvadoreños en Estados Unidos seguirán protegidos mientras el gobierno federal toma una decisión definitiva sobre el futuro del programa.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado. Hasta que se haga ese anuncio, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos bajo el TPS mantienen su protección”, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la agencia EFE este miércoles.

La declaración cambia, al menos temporalmente, el escenario para una comunidad que llegó a la fecha límite sin conocer si la administración del presidente Donald Trump extendería o terminaría la protección migratoria.

La incertidumbre aumentó en las últimas semanas después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) publicara avisos señalando que la designación de El Salvador y sus beneficios asociados estaban programados para terminar el 9 de septiembre.

En una actualización publicada el 3 de septiembre, USCIS informó además que determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD) vinculados al TPS habían sido extendidos hasta este 9 de septiembre.

Una protección que comenzó tras los terremotos de 2001

El TPS permite a ciudadanos de países designados permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo cuando determinadas condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres naturales, dificultan un regreso seguro.

La actual designación de El Salvador se remonta a 2001, después de dos devastadores terremotos que golpearon al país centroamericano en enero y febrero de ese año.

Desde entonces, la protección ha sido prorrogada en numerosas ocasiones y miles de sus beneficiarios han construido durante más de dos décadas sus vidas y familias en Estados Unidos.

La administración del expresidente Joe Biden anunció en enero de 2025 la extensión más reciente por 18 meses, desde el 10 de marzo de 2025 hasta el 9 de septiembre de 2026. En ese momento, el DHS calculó que aproximadamente 232,000 beneficiarios podían ser elegibles para reinscribirse.

Actualmente, distintas estimaciones sitúan en más de 170,000 el número de salvadoreños protegidos por el programa.

“Hay que ser realistas y pragmáticos”

Para Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización con sede en Los Ángeles que brinda asistencia a migrantes centroamericanos, la ausencia de una decisión anticipada ya era motivo de preocupación.

“El TPS actual que caduca este día 9 de septiembre tiene 25 años de haberse instaurado para los salvadoreños como resultado de dos devastadores terremotos que afectaron la nación salvadoreña en enero y febrero del año 2001”, dijo Sanabria en entrevista con Conecta Arizona.

Sanabria considera que el futuro del programa depende tanto de consideraciones migratorias como de las prioridades políticas y estratégicas de Estados Unidos.

“Hay que ser realistas y pragmáticos en esto. Es una decisión de carácter político”, señaló.

El activista recordó que, tradicionalmente, las decisiones sobre extensiones se anunciaban con anticipación, lo que permitía a los beneficiarios realizar los trámites correspondientes.

“Si la voluntad política hubiera estado ahí desde el comienzo de esta administración, la extensión del TPS para El Salvador debió haber sido anunciada hace tres meses”, aseguró Sanabria.

Preocupación por los empleos

La incertidumbre no es únicamente migratoria. También afecta directamente la estabilidad laboral y económica de las familias.

Sanabria aseguró que El Rescate ha recibido llamadas de beneficiarios preocupados por lo que podría suceder con sus empleos.

“En los últimos 25 años, nuestra organización ha servido a miles de ellos”, dijo. “La primera preocupación es su estabilidad laboral”.

USCIS había informado a través de E-Verify que determinados documentos de autorización de empleo relacionados con el TPS permanecerían vigentes hasta el 9 de septiembre de 2026 y había dado instrucciones a empleadores sobre cómo verificar esas autorizaciones.

La declaración del DHS de este miércoles, sin embargo, establece que los beneficiarios mantienen por ahora su protección mientras esperan un nuevo anuncio oficial.

El impacto podría llegar hasta El Salvador

Sanabria también advierte que una eventual terminación del programa tendría consecuencias más allá de Estados Unidos.

Una de ellas sería el impacto sobre las remesas que los trabajadores salvadoreños envían regularmente a sus familiares.

Según datos citados por The Associated Press, las remesas enviadas a El Salvador alcanzaron aproximadamente $9,900 millones el año pasado, equivalentes a cerca del 24% del producto interno bruto del país.

Sanabria considera que la pérdida de empleos entre beneficiarios del TPS podría afectar ese flujo de dinero. “Va a ser un golpe muy duro a la economía familiar en El Salvador”, afirmó.

Familias que llevan décadas en Estados Unidos

Otra de las preocupaciones es la posible separación de familias.

Después de 25 años de TPS, muchos beneficiarios tienen hijos nacidos en Estados Unidos, trabajos, viviendas y profundas raíces en las comunidades donde residen.

Sanabria advierte que, si finalmente pierden la protección y no cuentan con otra alternativa migratoria, algunas personas podrían considerar salir del país, mientras otras podrían quedar expuestas a procesos migratorios.

“Quizás lo más preciado: peligra la unidad familiar”, señaló.

El TPS, por sí solo, no conduce a la residencia permanente ni a la ciudadanía estadounidense. Por esa razón, la situación migratoria de cada beneficiario puede ser diferente.

Recomiendan buscar asesoría legal

Ante la incertidumbre, Sanabria recomienda que los beneficiarios no tomen decisiones precipitadas y consulten con profesionales especializados en inmigración para determinar si tienen otras opciones legales.

“Cada caso es individual y único, por eso debe ponerse en manos de expertos legales en materia de ley de inmigración”, dijo.

También advirtió sobre el riesgo de recurrir a personas que ofrecen servicios migratorios sin estar calificadas.

“Si tiene abogado privado, pues consulte con ellos también para evitar caer en manos de estafadores y charlatanes que solo le van a hacer perder su dinero y meterlo en problemas legales mayores”, agregó.