Turismo de maternidad bajo la ofensiva de Trump: visas revocadas y disputas por la ciudadanía

Una madre de Nogales cuenta cómo perdió su visa tras ser interrogada sobre el nacimiento de su hija en Tucson. Aunque asegura haber pagado toda la atención médica, sigue sin conocer el motivo específico de la decisión. Autoridades migratorias explican la ley, mientras que organizaciones como ACLU confrontan las medidas antimigrantes de esta administración.

Esta es el área de inspección del puerto de entrada Mariposa en Nogales, Arizona. En fotomontaje, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, contra el turismo de nacimiento. Crédito: Paula Díaz.

Tucson, Arizona. Tucson, Arizona.– Para Lucía*, cruzar a Estados Unidos era parte de la vida cotidiana. Ha vivido siempre en Nogales, Sonora, donde la frontera también se cruza para comer, pasear e ir de compras. Ella y su familia habían tenido visa durante años. Cuando quedó embarazada en 2024, pensó que sería mejor que su hija naciera del “otro lado”, así que reunió el dinero y, según dijo, pagó las consultas con el ginecólogo y el parto. La niña nació sana en Tucson en abril de 2023. Después, ambas siguieron cruzando de ida y vuelta sin problemas; Lucía con su visa de turista y su hija como ciudadana estadounidense.

El 7 de febrero de 2025, un día antes de su cumpleaños, Lucía (quien pidió que se cambiara su nombre para proteger su identidad), salió del trabajo y vio que no había fila para cruzar a Nogales, Arizona. Decidió aprovechar para comprar pañales y regresar pronto. Esta vez iba sola; su hija se había quedado en México.

Lo que imaginó sería una compra rápida, como siempre, se convirtió en una jornada que, relató, se prolongó por casi cinco horas hasta la noche. Al llegar a la garita Mariposa, los agentes le indicaron que se estacionara y le informaron que su visa de turista B1/B2 había sido revocada. Lucía aseguró que durante el procedimiento la esposaron de manos y pies.

“Yo pensaba lo peor: que mi carro traía algo o ‘por qué estoy aquí’”, recordó todavía con indignación por todo lo que vivió ese día.

Relató que los agentes le preguntaron en qué hospital había nacido su hija y la dirección de su trabajo. Ante la incertidumbre, intentó explicar que había pagado la atención médica y ofreció buscar los comprobantes en su teléfono. Pero incluso con la información, dice, no le dieron una razón concreta y le cancelaron la visa.

Sala de espera del puerto fronterizo Mariposa, en Nogales, por donde ingresó Lucía y donde, según su relato, los agentes le preguntaron por el nacimiento de su hija en Estados Unidos. Crédito: Paula Díaz.

Un supervisor le dijo que seguían “órdenes de Washington” y que podía volver a solicitar el documento de cruce fronterizo. Esa explicación la dejó con más preguntas: si podía tramitarlo nuevamente, ¿por qué se la quitaban?

Mientras pasaban las horas, su preocupación era regresar con su hija, a quien todavía amamantaba. Relató que sentía dolor por no poder darle pecho y que terminó mareada y vomitando. Cuando finalmente le presentaron documentos para firmar, no los leyó y escribió su nombre. 

“Ya lo único que quería era irme”, comentó.

Lucía perdió su visa en febrero de 2025, apenas 18 días después de que el presidente Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 14160. La disposición buscaba excluir a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuando sus madres estuvieran en el país sin autorización o con una estancia legal temporal, por ejemplo, con visa de turista, estudiante o trabajo, y sus padres no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Un estatus legal de los padres no sería suficiente para obtener la ciudadanía en territorio estadounidense.

Lucía relaciona la pérdida de su visa con las preguntas que los agentes le hicieron sobre el nacimiento de su hija. Sin embargo, el fundamento específico de la revocación sigue sin esclarecerse: su testimonio recoge lo que recuerda de aquel procedimiento, pero no permite establecer por sí solo qué disposición aplicaron los agentes.

Para entonces, la primera administración de Trump ya había establecido una regla consular el 24 de enero del 2020 que ordenaba denegar visas de visitante cuando el funcionario tuviera motivos para creer que el propósito principal del viaje era dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.

La revocación ocurrió un año y medio antes de las nuevas medidas contra el turismo de maternidad. El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema declaró inconstitucional la orden de 2025 sobre ciudadanía por nacimiento. El 6 de agosto, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14419, que instruyó a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a tomar medidas contra los viajes con ese propósito. Entre las acciones previstas figuran negar visas o la entrada al país, revocar visas vigentes y, en ciertos casos, prohibir permanentemente el ingreso. Seis días después, el Departamento de Estado anunció un grupo de trabajo para revisar casos de titulares de visas, identificar posibles casos de turismo de maternidad e impulsar revocaciones de visas a quienes participen en esa práctica o la faciliten.

A la tristeza, dice, se suma una sensación de injusticia e impotencia. Ella sostiene que nunca recibió beneficios del gobierno estadounidense y que su familia hizo un esfuerzo económico para cubrir la atención médica.

“Juntamos, hicimos, dejamos de pagar otras cosas por tener a la niña allá”, recordó Lucía sobre el esfuerzo económico que realizó con su familia.

En el corredor Sonora–Arizona, algunas mujeres que viajan a Estados Unidos para dar a luz comienzan el control prenatal en México y coordinan el parto con un equipo médico en Tucson o Phoenix. Las familias que viajan sin seguro médico pagan la atención de su bolsillo y también deben prever los gastos de traslado y alojamiento. Algunos hospitales ofrecen paquetes para partos vaginales y cesáreas programadas, y su personal de asesoría financiera informa sobre los precios y las opciones de pago.

Una referencia de cuánto puede costar el parto la ofrece Valleywise Health, en el área de Phoenix. En noviembre de 2026, el sistema hospitalario publicó tarifas para pacientes sin seguro de 5,675 dólares por un parto vaginal y 6,895 por una cesárea programada. Con el descuento por pronto pago, las tarifas bajaban a 4,575 dólares y 5,675 dólares, respectivamente.

Según dijo, conoce a residentes de Nogales, Sonora, que no pagaron sus partos y que reciben beneficios alimentarios que utilizan para comprar en Walmart y otras tiendas de Nogales, Arizona, o Tucson. Estas afirmaciones no han podido ser corroboradas para este reportaje; tampoco se ha establecido quiénes serían los titulares de esos beneficios ni bajo qué condiciones los reciben. De eso se habla en todas las fronteras. 

“Todo el tiempo compré mis cosas. O sea, yo no pedí ninguna ayuda de nada”, afirmó.

Su intención al tener a su hija en Estados Unidos, explicó, era darle más opciones para estudiar, trabajar o vivir allá cuando creciera. Para ella, pagar los gastos médicos era una manera de evitar problemas en sus cruces fronterizos posteriores.

Ciudadanos extranjeros que tuvieron hijos en Estados Unidos se enfrentan a la facultad discrecional para revocar visas de los agentes fronterizos al cruzar por los puertos de entrada al país, tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra el llamado turismo de maternidad. Crédito: CBP.

La Corte Suprema ratifica la ciudadanía por nacimiento y Trump endurece los controles de visas

La Orden Ejecutiva 14160, que Donald Trump firmó el 20 de enero de 2025 para restringir el reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento, fue impugnada en los tribunales. El 30 de junio de 2026, en el caso Trump v. Barbara, la Corte Suprema declaró inconstitucional la orden y resolvió que la Decimocuarta Enmienda protege el derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres están en el país sin autorización o de manera temporal. 

Después de ese fallo, el 6 de agosto de 2026, Trump firmó la orden ejecutiva 14419, titulada Ending Birth Tourism, para combatir el llamado turismo de maternidad mediante medidas migratorias. En el documento, la administración sostiene que existen operadores que prometen ciudadanía y acceso a beneficios públicos y que instruyen a sus clientes para tergiversar el propósito de sus viajes. 

Uno de esos casos se documentó en Long Island, Nueva York. Según la fiscalía federal, entre 2017 y 2020 una red liderada por Ibrahim Aksakal ayudó a mujeres embarazadas de Turquía a obtener visas de turista o de negocios mediante solicitudes que ocultaban el propósito del viaje: dar a luz en Estados Unidos para que sus hijos obtuvieran la ciudadanía. La red también presentó solicitudes de Medicaid en las que declaró falsamente que las mujeres residían en Nueva York. En marzo de 2022, un juez federal condenó a Aksakal a 27 meses de prisión por conspirar para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico, y le ordenó pagar más de un millón de dólares en restitución.

La orden define esa práctica como ingresar con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en Estados Unidos, o facilitar ese ingreso. Dispone medidas que pueden incluir negar o revocar visas e impedir la entrada a quienes participen o hayan participado en ella, dentro de las facultades legales de las autoridades. La definición no depende de que el parto haya quedado sin pagar ni de que se hayan solicitado beneficios públicos. 

El caso de Lucía forma parte de un panorama más amplio de revocaciones. En una respuesta a Conecta Arizona, un portavoz del Departamento de Estado aseguró que la dependencia ha revocado “miles de visas” a extranjeros que participaron o facilitaron el turismo de maternidad. No precisó cuántas corresponden a ciudadanos mexicanos ni cuántas ocurrieron en la frontera con Arizona.Tampoco detalló los criterios utilizados para la cancelación de esas visas ni si se debieron a un factor de discrecionalidad. 

Según explicó, en agosto de 2026 el departamento creó un grupo de trabajo para revisar las actividades de titulares de visas en todo el mundo, identificar posibles casos y actuar contra quienes practiquen o faciliten el turismo con esos fines.

El vocero señaló que la sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al Departamento amplias facultades para revocar visas. Según la dependencia, utiliza esa autoridad cuando encuentra información que indica que una persona podría haber dejado de reunir los requisitos para conservar una visa, representa una amenaza para la seguridad pública o nacional, o existen otras circunstancias que justifican la medida.

Asimismo, el portavoz añadió que el 23 de septiembre de 2026 el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una política de restricciones de visas dirigida a personas que, de manera consciente, participen, hayan participado o faciliten el turismo de maternidad.

La dependencia también advirtió que tergiversar deliberadamente el propósito de un viaje o del ingreso a Estados Unidos puede ocasionar que una persona quede permanentemente inhabilitada para obtener una visa o entrar al país. “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, sostuvo el portavoz.

Consultada por Conecta Arizona, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señaló que sus agentes verifican que quienes solicitan ingresar al país cuenten con la documentación correspondiente y que su viaje sea compatible con el propósito autorizado.

“Estar embarazada no es un motivo de inadmisibilidad”, afirmó un portavoz de CBP en una respuesta escrita. Sin embargo, agregó que la agencia impedirá el ingreso de personas cuyo único propósito sea participar en el turismo de maternidad, así como de quienes hayan incumplido previamente las condiciones de su admisión a Estados Unidos.

El abogado Fernando Romo, especialista en leyes migratorias radicado en Los Angeles, California, explicó que las autoridades cuentan con amplia discrecionalidad para evaluar si una persona utilizó su visa con un propósito distinto al autorizado.

“Si la persona tiene visa de turista y tiene un hijo nacido aquí en los Estados Unidos, esa nueva orden ejecutiva de agosto le da el derecho al Departamento de Estado de cancelar las visas de turismo”, indicó el abogado. Su explicación apunta el margen de decisión que tienen las autoridades para evaluar estos casos, aunque la orden no establece que todo nacimiento en Estados Unidos provoque automáticamente la cancelación de la visa de los padres.

En las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, que asumirán en enero de 2027. Romo advirtió que el cambio de mayorías en el Congreso, por sí solo, no elimina las restricciones de visas vinculadas al turismo de maternidad. Según explicó, la política puede seguir aplicándose mientras el Ejecutivo no la modifique o un tribunal no limite su alcance. La ciudadanía de los hijos y la autorización migratoria de sus padres son asuntos distintos: el reconocimiento de la primera no garantiza que los segundos conserven sus visas.

ACLU mantiene batalla judicial por la ciudadanía por nacimiento

A pesar de que Lucía no puede cruzar la frontera a Estados Unidos por no tener una visa vigente, su hija sigue siendo ciudadana de Estados Unidos y tiene derechos constitucionales garantizados, derechos que se han puesto en tela de juicio por órdenes ejecutivas que siguen desafiadas en los tribunales. 

Como ejemplo, en el frente judicial, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones continuaron sus acciones legales contra las restricciones a la ciudadanía por nacimiento. El 11 de agosto de 2026 acudieron nuevamente al tribunal de New Hampshire, dentro del caso Barbara v. Trump, para solicitar que se aclarara que los bebés incluidos en la demanda colectiva seguían protegidos frente a las nuevas medidas de la administración Trump. 

El 9 de septiembre, presentaron nuevas mociones para ampliar la protección judicial a otras personas afectadas.

“La administración Trump continúa amenazando la ciudadanía por nacimiento”, afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU y abogado principal del caso. Wofsy sostuvo que las acciones del gobierno persistían pese a su derrota ante la Corte Suprema.

Otras organizaciones que participan en el litigio también cuestionaron las nuevas medidas. Amia Trigg, subdirectora de litigios del Legal Defense Fund, sostuvo que la ciudadanía es un derecho constitucional, mientras que Aarti Kohli, directora ejecutiva del Asian Law Caucus, acusó a la administración de intentar desconocer la Constitución y el fallo del máximo tribunal.

En medio de esta disputa, Conecta Arizona habló con Lucia Goin, abogada del equipo de ciudadanía por nacimiento (Birthright Citizenship) de ACLU, para conocer las implicaciones legales de las dos órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump el 6 de agosto: una relacionada con la ciudadanía por nacimiento y otra dirigida a combatir el llamado turismo de maternidad.

“Presentamos una nueva demanda para impugnar la nueva orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento en el Distrito de Columbia. Ese caso sigue en curso”, dijo Goin a Conecta Arizona.

La abogada aclaró que las posibles revocaciones o negativas de visas a padres extranjeros que tuvieron hijos en Estados Unidos corresponden a un asunto legal distinto y no forman parte de esa demanda.

“Dependiendo de cómo el gobierno aplique la segunda orden ejecutiva o las regulaciones existentes del Departamento de Estado, existe ese riesgo”, señaló Goin, sobre la posibilidad de que los padres enfrenten consecuencias migratorias.

Sin embargo, destacó que una decisión sobre la visa de los padres no modifica, según la interpretación constitucional que defiende ACLU, el derecho a la ciudadanía de sus hijos nacidos en Estados Unidos.

“Incluso si a alguien se le niega una visa, si da a luz en territorio estadounidense, nuestra posición es que ese niño sigue siendo ciudadano estadounidense por nacimiento”, explicó.

Goin agregó que la organización espera una próxima resolución judicial que reafirme esa protección constitucional, aunque reiteró que las negativas de visas relacionadas con el turismo de maternidad quedan fuera del alcance de su litigio.

Las acciones descritas en el comunicado de las organizaciones se concentran en la ciudadanía de los niños; no identifican una impugnación específica contra la revocación de visas por turismo de maternidad.

Desde que Lucía perdió su visa, su hija tampoco ha vuelto a cruzar a Estados Unidos. Otros integrantes de la familia siguen cruzando, mientras madre e hija se quedan en México. Si la niña necesitara una consulta pediátrica o una vacuna del otro lado de la frontera, la familia tendría que decidir quién podría acompañarla y qué autorización necesitaría esa persona. La situación también plantea preguntas a futuro: si la familia quisiera inscribir en una escuela en Estados Unidos, ¿quién haría los trámites y la llevaría a clases? Por ahora, la niña sigue sin volver al país donde nació.

Un grupo de pasajeros espera mientras el autobús en el que viajan con destino a Phoenix pasa por el sistema de inspección vehicular Z-Portal en la garita Mariposa, en Nogales, Arizona. Esta tecnología permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectar drogas ilícitas y otros artículos prohibidos que puedan estar ocultos en los vehículos. Crédito: Jerry Glaser | CBP.

“Ellos no saben cómo está acostumbrado uno, que vive en la frontera, a nada más cruzar, a pasear, a comer, a comprar”, dijo.

Ahora prepara una nueva solicitud de visa. Cuenta que conserva los comprobantes de los gastos médicos y que recibió un correo del consulado en el que le informaron que podía volver a tramitarla. Su expectativa es recuperar una parte de aquella cotidianidad y compartirla con su hija.

“Lo único que quiero es que me la regresen para poder ir a pasear con mi bebé”.

*El nombre de Lucía fue cambiado para proteger la privacidad e identidad de la entrevistada, de acuerdo con nuestra política de cuidado de nuestras fuentes. 

📸 Imagen ilustrativa generada por IA

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Autor(a)

Paula Díaz es una periodista con más de 20 años de experiencia, especializada en inmigración, derechos humanos y justicia social en Estados Unidos, enfocándose en las comunidades latinoamericanas. A lo largo de su carrera, ha documentado numerosas historias de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la frontera sur de EE.UU., brindando una mirada profunda a los desafíos que enfrentan los migrantes. Su trabajo de investigación resalta problemas urgentes en la migración y ha dado lugar a iniciativas como su sitio web Migrantesdesaparecidos.com.

Ha trabajado en importantes medios de comunicación como Voice of America, donde cubrió la Casa Blanca y el Congreso, y en Univision-Arizona como Gerente de Contenidos Digitales. También ha colaborado con Telemundo, EFEy otros medios en EE.UU. y América Latina. Inició su carrera en EE.UU. como reportera para la edición en español de Los Angeles Times y ha sido corresponsal de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en El Salvador. Nacida en Colombia, emigró a Los Ángeles en 2001 y posee una licenciatura en periodismo de la Universidad Autónoma de Cali, además de una maestría en Periodismo Bilingüe de la Universidad de Arizona.

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