Un ataque a la prensa; una amenaza para todos

Mario Guevara regresó a El Salvador el 3 de octubre, más de dos décadas después de huir de su país. Su sueño era volver, cierto, pero no así: en un vuelo de extradición de Estados Unidos, deportado, tras más de 100 días en detención. Lo hizo con las muñecas marcadas por las esposas, 25 libras menos y las ojeras oscurecidas por las lágrimas; pero también con la sonrisa de saber que, a pesar de todo, había llegado a casa.

Es periodista. En Georgia había trabajado con publicaciones hispanas antes de lanzar su canal de noticias. Lo siguen miles de personas que lo admiran o lo critican, le creen o le cuestionan, pero siempre están pendientes de sus reportes. Ellos fueron los que denunciaron primero su detención en el verano, cuando fue arrestado en la cobertura de las protestas “Sin reyes”, en contra de la administración Trump. Su encuentro con las autoridades fue muy mediático; la pelea por su caso, mucho más. Aun así, dice, “perdió”.

Ese día, Mario acató todos los protocolos de seguridad que nos enseñan a los periodistas en los entrenamientos. Permaneció calmado, cooperó con las autoridades, fue respetuoso y no forcejeó con los agentes. Estaba identificado con su chaleco y su credencial de prensa, mientras transmitía en español, en vivo, por Facebook. Nada valió. Aunque desestimaron los cargos en su contra, las autoridades de migración tomaron custodia de Mario por no ser ciudadano estadounidense.

Mario tenía una presencia legal en el país y un permiso de trabajo que le daba la libertad de hacer su labor periodística mientras conseguía un estado migratorio más seguro. Tampoco eso importó. El sistema de justicia que antes lo había protegido, ahora desapareció con la actual administración. Y no está solo. Muchos son los casos de personas en situación regular migratoria, incluso residentes permanentes y algunos ciudadanos, que han sido víctimas de perfil racial, discriminación y hasta detenciones arbitrarias.

Él aguantó más de 100 días en custodia, peleando su caso, y podría haber seguido así si hubiera una posibilidad de quedarse en Estados Unidos con su familia; pero ni el apoyo de sus abogados ni la presión de organizaciones internacionales sirvió para que no terminara fichado, deportado y fuera regresado a su país como un criminal. Eso le duele. Se siente humillado. Es la impotencia lo que cala más, quizá.

Más allá del caso personal, este trasfondo legal revela una crisis de garantías. ¿Es este el principio de un ciclo de represalias y criminalización del oficio periodístico? El Committee to Protect Journalists (CPJ) calificó esta expulsión como una “erosión vergonzosa” de la libertad de prensa en Estados Unidos. La American Civil Liberties Union (ACLU) condenó la deportación, y muchas otras organizaciones de derechos humanos se sumaron a la indignación por el actuar de las autoridades y del sistema migratorio.

Mario es el primero, pero temo que no será el último.

Su detención me consternó y su remoción me dejó con un dolor en el pecho, como cuando los presagios se manifiestan con punzadas en el corazón. Yo también soy migrante; tuve un permiso de trabajo tras otro hasta llegar a la residencia y apenas el año pasado a la ciudadanía. Mi jornada duró 18 años. También me tocó reportar en la incertidumbre cuando la SB1070 o Arpaio, cuando la separación familiar y la política de cero tolerancia; pero ni en esos momentos me sentía tan vulnerable, como hoy.

Y sé que tengo muchos privilegios y con esa conciencia pregunto en este país ¿a quién le pertenecen la justicia y la libertad?, ¿quién carga con el peso de la verdad y quién se libera con ella? Este no es solo un ataque al periodismo, es una amenaza para todos.