El despido de jueces de inmigración perjudica a millones que esperan en corte, advierten abogados

Los recortes implementados por la Administración del presidente Donald Trump al gobierno federal ha afectado a 20 jueces de inmigración que fueron despedidos justo cuando los tribunales de inmigración enfrentan un atasco de más de 3.7 millones de casos pendientes, algunos con casi una década de espera.

“Esto causará más demoras en los casos de corte de inmigración”, advirtió a Conecta Arizona el abogado de inmigración Fernando Romo.

Entre los destituidos se encuentran 13 jueces que aún no habían sido juramentados y cinco jueces adjuntos principales de inmigración.

“Al no haber juramentado, fue más fácil removerlos”, explicó Romo. “Pienso que lo hicieron para utilizar esas vacantes en la contratación de jueces alineados con las políticas de la Administración Trump, lo que llevará a que los casos sean más difíciles de ganar”.

Esto último es lo que ha elevado las alarmas tanto de los abogados como de los inmigrantes que esperan que sus casos sean escuchados. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que las acciones de la Administración Trump comprometen la integridad de los 71 tribunales de inmigración y tres centros de adjudicación en que operan en todo el país. 

Estos cambios radicales politizan los tribunales, afectando su imparcialidad y capacidad de garantizar procesos justos, según AILA. “No habíamos visto antes, en ninguna administración, este número de jueces despedidos”, afirmó Allen Orr, presidente de la asociación. 

La organización ha venido denunciando por años la necesidad de más jueces para agilizar los casos pendientes. La Administración del expresidente Joe Biden nombró decenas de nuevos jueces y elevó la cifra a casi 700 jueces esperando que los juristas ayudaran con el atasco de casos. 

Aunque parecen pocos, estos despidos podrían agravar aún más los retrasos en los procesos migratorios y generar incertidumbre tanto para los solicitantes como para los profesionales del derecho que los representan, como lo explicó el abogado Héctor Quiroga.

“Estamos llegando a 3.7 millones de casos retrasados y ahora, con menos jueces, incluso los casos que más necesitan ser escuchados de manera urgente van a ser más demorados. Esto va a exacerbar el problema migratorio en el país”, comentó Quiroga. 

Por su parte Romo advirtió que es “muy posible” que el gobierno republicano “contrate jueces que no estén comprometidos con la justicia y la imparcialidad. Necesitamos jueces que escuchen ambos lados de los casos”.

Todo esto con el fin de acelerar las expulsiones de inmigrantes y avanzar con la promesa hecha en campaña por el presidente de realizar deportaciones masivas. “Se están saltando los debidos procesos y llevando a personas a tomar decisiones incorrectas, dejándolas abandonadas cuando podrían ser torturadas si son regresadas al país del que huyeron”, agregó Quiroga.

Por su parte, la Administración Trump a través del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha defendido la implementación de una serie de recortes significativos en la fuerza laboral federal, que incluye la reestructuración de varias agencias, entre ellas el Departamento de Justicia, que tiene a cargo las Cortes de Inmigración en EE.UU. 

Los jueces en Arizona 

Las Cortes de Inmigración cuentan actualmente con 23 jueces de inmigración asignados: 9 en Phoenix, 3 en Florence, 6 en Eloy y 5 en Tucson.

El éxito de los casos depende en gran medida del juez que tenga asignado el caso. Por ejemplo, en Tucson la juez Gilda M. Terrazas denegó el 71,7% de los 258 casos que revisó. En contraste, la jueza Kathryn L. Deangelis falló en contra del 55,6% de los 196 casos asignados, según los datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de la Universidad de Syracuse de Nueva York. 

La corte de Eloy presenta la tasa más alta de denegación de asilo, con variaciones entre el 37.8% y el 90.4%, lo que evidencia diferencias significativas en los fallos judiciales.”Históricamente, esto ha dependido de los jueces que han estado presentes. Hemos visto variaciones significativas en las tasas de aprobación y negación”, explicó la abogada de inmigración Claudia Arévalo, con práctica en Tucson.

Miedo entre inmigrantes en Tucson

El panorama ha generado un clima de zozobra y temor entre los inmigrantes indocumentados y con casos en cortes cercanas a a frontera, especialmente en ciudades como Tucson. 

“La gente tiene miedo de ir a sus trabajos, de enviar a sus hijos a la escuela. Recordemos que, por la proximidad con la frontera, tenemos puestos de control migratorio en el área”, subrayó Arévalo. 

De acuerdo con la abogada, sus clientes le han expresado que sus niños temen ir a la escuela porque piensan que no volverán a ver a sus padres si los deportan. “Estamos atravesando una situación muy difícil”, aseguró Arévalo.