ACLU de Arizona acusa al sheriff de Pima de ocultar colaboración con autoridades migratorias

Tucson, Arizona. – La Unión de Libertades Civiles en Arizona (ACLU por sus siglas en inglés) presentó este miércoles un escrito ante la Corte Superior del Condado de Pima en el que acusa al sheriff Chris Nanos de incumplir repetidamente la Ley de Registros Públicos del estado y solicita la entrega de nuevos documentos relacionados con la colaboración entre su departamento y autoridades federales de inmigración.

La demanda señala que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima (PCSD, por sus siglas en inglés) habría omitido entregar información clave sobre interacciones entre sus agentes y personas, en su mayoría hispanohablantes, que derivaron en la intervención de agencias federales como la Patrulla Fronteriza.

Según documentos obtenidos previamente por orden judicial, y citados en el nuevo escrito, existen reportes que contradicen declaraciones públicas del sheriff Nanos, quien había negado colaborar con autoridades migratorias.

Entre los incidentes documentados se incluyen llamadas a la Patrulla Fronteriza en situaciones donde no se reportaban delitos, como:

• Un reporte al 911 sobre la presencia de entre 25 y 45 personas hispanas con acento extranjero detrás de una tienda.
• Un grupo de hombres hispanohablantes detenidos al costado de la carretera, sin sospecha de crimen, pero referidos a autoridades migratorias.
• Un accidente vehicular tras el cual los agentes llamaron a la Patrulla Fronteriza bajo la sospecha de que los involucrados eran inmigrantes indocumentados.
• Un caso en el que cinco personas que buscaban trabajo fueron transportadas por agentes hasta un restaurante, donde posteriormente fueron entregadas a autoridades federales.

La ACLU sostiene que estos casos reflejan un patrón de colaboración que no ha sido transparente completamente al público.

“El avance de esta demanda confirma lo que la comunidad ha sospechado durante mucho tiempo: que las declaraciones públicas del sheriff no reflejan completamente las acciones de sus agentes”, dijo John Mitchell, abogado de derechos de inmigrantes de la ACLU de Arizona. “Seguiremos buscando transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando la seguridad de comunidades inmigrantes está en juego”.

Además, la organización acusa al PCSD de obstaculizar el acceso a registros adicionales correspondientes al periodo entre julio de 2024 y mayo de 2025, argumentando que la solicitud sería demasiado onerosa y requiriendo tarifas elevadas para su cumplimiento.

En Conecta Arizona contactamos a la oficina del sheriff del Condado Pima para obtener una reacción sobre la denuncia y nos contestaron que “el sheriff no hace comentarios sobre litigios pendientes”.

La ACLU de Arizona inició esta demanda en julio de 2025, junto con el medio local Arizona Luminaria, tras no recibir respuesta a solicitudes de registros públicos. De acuerdo con la organización, el departamento dejó de documentar solicitudes de apoyo de agencias federales en junio de 2024, a pesar de que su política interna requería mantener ese registro.

El caso forma parte de un debate más amplio sobre la relación entre autoridades locales y agencias federales de inmigración, así como el impacto que estas prácticas pueden tener en la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden e incluso el impacto en la economía local.