Elecciones 2026: ¿Qué está en juego para DACA y la política migratoria?

El caso de Karla Toledo, beneficiaria de DACA residente en Tucson, y los cambios que abogados de inmigración aseguran estar observando en el programa muestran cómo las decisiones del próximo Congreso podrían incidir en la política migratoria de Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones de medio término. El abogado de inmigración Moe Goldman explica los cambios que ha observado en sus casos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Tucson, Arizona. – Karla Toledo sabe muy personalmente cómo la política puede afectar la vida cotidiana de una persona: ella misma lo ha vivido. El 18 de mayo de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la detuvieron en su casa después de seguir a su esposo hasta su domicilio. Los agentes derribaron la puerta principal y finalmente detuvieron a Toledo. Fue trasladada a un centro de detención en Eloy y después a Florence, donde permaneció durante cinco días.

“Fue algo muy traumático… no es vivir, no estamos viviendo”, dijo. “Estos cuatro meses han sido una gran oportunidad para conocer a tantas personas, conectar con tantas personas, pero al mismo tiempo sé dónde estoy parada, y ahora mismo dónde estoy parada se siente bastante inestable”.

Toledo es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una política que permite a ciertas personas indocumentadas que llegaron a Estados Unidos durante su infancia solicitar protección temporal frente a la deportación y autorización de empleo, pero que no concede un estatus migratorio legal. Tras su detención en mayo, DHS afirmó que Toledo tenía una solicitud de DACA pendiente y que había ingresado ilegalmente al país en octubre de 2024. Toledo y su equipo legal han rechazado la versión del gobierno y sostienen que ella regresó a Estados Unidos con un permiso de advance parole. Después de que un juez desestimara sin perjuicio el primer proceso de remoción en su contra, el gobierno presentó un nuevo caso, que continúa pendiente.

Aunque DACA ofrece acción diferida contra la deportación — de ahí su nombre —, no garantiza una protección absoluta. Entre enero y septiembre de 2025, ICE arrestó a 270 beneficiarios de DACA y deportó a 174. Aunque DACA ofrece acción diferida frente a la deportación, no constituye un estatus migratorio legal ni garantiza una protección absoluta. Según información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al Congreso, entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2025, ICE arrestó a 270 beneficiarios de DACA y 174 solicitantes de DACA fueron removidos de Estados Unidos.

Sin embargo, DHS proporcionó posteriormente cifras diferentes: en otra respuesta al Congreso informó que, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, ICE había arrestado a 261 beneficiarios de DACA y removido a 86, pese a que ese periodo era más largo. Las discrepancias llevaron a legisladores a solicitar al departamento una explicación y un recuento preciso de las detenciones y remociones relacionadas con DACA. Muchos de ellos, escribió la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, eran “delincuentes convictos… tenían cargos penales pendientes… o estaban violando la ley migratoria”.

En la carta, Noem agregó que DACA “no otorga un estatus migratorio legal ni garantiza la permanencia indefinida en Estados Unidos”. También señaló que el programa fue creado por la administración de Barack Obama en 2012 sin una legislación específica aprobada por el Congreso.

Desde su creación, DACA ha enfrentado cambios administrativos y prolongados litigios judiciales que han generado incertidumbre sobre su continuidad y alcance. A diferencia de una ley aprobada por el Congreso, el programa se estableció mediante una política del Departamento de Seguridad Nacional, por lo que su futuro ha estado sujeto a decisiones del poder ejecutivo y de los tribunales.

Esta semana, Toledo y su abogado de inmigración, Mo Goldman, asistieron a un evento en Pima Community College para hablar con estudiantes y miembros de la comunidad sobre algunas de las barreras que enfrentan los beneficiarios de DACA, lo que están observando actualmente y cómo ha ido cambiando el sistema migratorio, así como lo que un cambio en el Congreso podría significar para la inmigración durante las elecciones de medio término.

“El ambiente en el que vivimos ahora es muy incierto cuando se trata de DACA”, dijo Goldman durante el evento. “No sabemos si habrá un futuro para los beneficiarios de DACA, no sabemos si alguna vez habrá una legislación que se convierta en ley”.

Lo que Goldman ha observado con DACA

Para cumplir con los requisitos de DACA, una persona debe, entre otros criterios, haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y antes del 15 de junio de 2007; haber residido continuamente en el país desde esa fecha; cumplir con determinados requisitos educativos, de servicio militar o de baja honorable de las Fuerzas Armadas; y no haber sido condenada por ciertos delitos.

En enero de 2025, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito emitió una decisión sobre la Regla Final de DACA en el litigio que durante años ha cuestionado la legalidad del programa. Actualmente, USCIS continúa aceptando solicitudes iniciales y renovaciones de DACA. Sin embargo, debido a las órdenes judiciales vigentes, la agencia no puede aprobar nuevas solicitudes iniciales, mientras continúa procesando y tomando decisiones sobre las renovaciones.

Es precisamente en el proceso de renovación, que los beneficiarios de DACA deben realizar cada dos años, donde Goldman dijo haber observado cambios.

Goldman dijo que ha observado que algunas solicitudes de renovación están tardando varios meses en resolverse, lo que puede provocar que beneficiarios vean expirar su autorización de empleo mientras esperan una decisión. Los datos muestran un aumento considerable en las solicitudes pendientes: al tercer trimestre del año fiscal 2026 había 125,282 renovaciones de DACA pendientes, frente a aproximadamente 27,000 en el mismo periodo del año fiscal anterior, según datos recopilados por el National Immigration Forum

“La gente trata de seguir las instrucciones, seguir la política, y entonces el gobierno se tarda ocho meses, 10 meses, 12 meses, y de repente estas personas que tenían un permiso de trabajo, tenían una licencia de conducir, tenían un buen empleo y tienen cuentas que pagar, ya no pueden hacerlo”, dijo. “¿Por qué están haciendo esto? Es porque las personas que están moviendo los hilos y los titiriteros detrás de todo esto están dirigiendo a nuestro gobierno para hacer esto, para que las personas se vayan por su propia cuenta”.

Goldman atribuye los retrasos a una estrategia de la administración para incentivar que inmigrantes abandonen voluntariamente Estados Unidos. Conecta Arizona no ha encontrado evidencia de que USCIS haya atribuido públicamente los retrasos en las renovaciones de DACA a ese objetivo.

El número de beneficiarios activos de DACA también ha disminuido. Según datos recopilados por el National Immigration Forum, pasó de 533,280 al cierre de 2024 a 436,350 al 30 de junio de 2026, una reducción de casi 100,000 personas. La organización atribuye gran parte de la caída reciente a los retrasos en el procesamiento de renovaciones, aunque señala que algunos beneficiarios también pueden haber obtenido otro estatus migratorio.

Para Goldman, la reducción puede responder a varios factores, entre ellos retrasos o falta de renovación, deportaciones o personas que han abandonado Estados Unidos. Los datos sobre el número de beneficiarios activos, por sí solos, no permiten determinar cuántas personas corresponden a cada una de esas circunstancias.

Otra situación que está observando, dijo, es que el gobierno está reactivando procesos de deportación a pesar de que las personas tienen DACA. En los tribunales de inmigración, los abogados de ICE han solicitado que los casos lleguen a una resolución definitiva mediante la deportación, aunque también es posible alcanzar esa resolución mediante la terminación del caso, dijo.

“Nuestro sistema migratorio… es un sistema construido para aplastar a las personas. Es un sistema imposible, y las razones son que tenemos capas de leyes y políticas que continúan haciendo que esto sea difícil e imposible”, dijo Goldman. “¿Está realmente segura alguna persona con DACA en este momento? No creo que estén seguras porque ahora he tenido varios beneficiarios de DACA que han sido puestos en procesos de deportación, y una de esas personas está sentada aquí mismo sin ninguna razón, sin ninguna buena razón”.

DACA y la inmigración entran en la conversación electoral

Toledo dijo que la incertidumbre sobre su situación migratoria se remonta a años atrás, cuando estudiaba en una universidad en Utah y vio cómo, durante la primera administración Trump, el gobierno intentó poner fin al programa DACA y posteriormente restringió el programa, medidas que dieron lugar a años de litigios y decisiones de tribunales federales.

Ella se considera “afortunada” por haber tenido un permiso DACA válido durante todos esos intentos.

“Recuerdo la primera vez que lo eliminaron. Tenía un familiar de México a quien nunca había visto en mi vida que me ofreció mudarme a México y estudiar allá, porque realmente se estaba poniendo muy mal aquí, y es una locura pensar que aquello no era tan malo como lo es ahora”, dijo Toledo.

Toledo tiene programada una audiencia ante el Tribunal de Inmigración de Tucson el martes 6 de octubre, como parte del proceso de remoción que enfrenta.

“No me voy a quedar callada porque cuando estuve callada pasó esto, así que eso no te salva, pero si como comunidad nos unimos, veremos cambios”, dijo. “No tengo miedo. Sí estoy emocional, pero no tengo miedo porque tengo un excelente abogado”.

Aunque Toledo considera que expresarse mediante protestas y marchas es importante para generar cambios, también cree que es importante contar en el Congreso con legisladores que apoyen cambios en las políticas migratorias.

Dijo que el proyecto de ley ha conseguido 217 de las 218 firmas necesarias para obligar a la Cámara de Representantes a votar sobre la propuesta. Agregó que el representante republicano Juan Ciscomani podría ser el voto que falta, y ni seria el unico republicano a votar por ella. 

Toledo señaló como ejemplo el American Dream and Promise Act of 2025 (H.R. 1589). Una petición de descarga presentada en la Cámara de Representantes para llevar la propuesta al pleno ha conseguido 217 de las 218 firmas necesarias. El mecanismo permitiría avanzar hacia la consideración del proyecto sin depender de que el Comité de Reglas lo lleve al pleno. 

La beneficiaria de DACA mencionó al representante republicano de Arizona Juan Ciscomani entre los legisladores que, en su opinión, podrían aportar la firma restante. Ciscomani no aparece entre los firmantes de la petición en el registro oficial de la Cámara. 

“He tratado de comunicarme varias veces, en muchas ocasiones. Él ha dicho que apoya a los Dreamers, pero eso no es cierto”, dijo Toledo. “Si tenemos una mayoría demócrata en el Congreso, podemos lograr que ese proyecto de ley sea aprobado porque muchos demócratas lo apoyan y también hay algunos republicanos que apoyan a los Dreamers. Así que siento que eso sería un paso adelante”.

El representante republicano Juan Ciscomani ha expresado públicamente su apoyo a los beneficiarios de DACA y a encontrar una solución permanente para ellos. En diciembre de 2024 afirmó que los beneficiarios del programa deberían poder permanecer en Estados Unidos. En junio de 2025, además, fue uno de cuatro republicanos que apoyaron en el Comité de Apropiaciones de la Cámara una enmienda que permitiría a beneficiarios de DACA trabajar como empleados del Congreso. Sin embargo, esas posiciones no equivalen a un respaldo al American Dream and Promise Act of 2025(H.R. 1589), y Ciscomani no figura entre los firmantes de la petición de descarga que busca llevar esa propuesta a consideración del pleno de la Cámara.

Maria Dorie, de 25 años, estudia en el programa de asistente legal y actualmente no tiene una vía hacia la ciudadanía. Ha solicitado DACA anteriormente, pero sus solicitudes no han resultado en la obtención de esa protección.

Aunque no es elegible para votar, Dorie dijo que considera importante que quienes sí pueden hacerlo conozcan las posiciones de los candidatos sobre inmigración.

“Un político que defienda su postura, que dé la cara y realmente diga lo que va a hacer, y que no cambie de posición solamente para conseguir el voto de alguien”, dijo.

Con el aumento de la aplicación de las leyes migratorias, sus temores han aumentado al saber que no hay nada que pueda hacer para protegerse de las autoridades migratorias.

“Para mí, cuando se trata de viajar a la escuela, existe este nerviosismo que nunca había tenido. Es pensar: ‘¿Me están siguiendo?’, ‘ese carro tiene las ventanas súper polarizadas’. Tengo muchas cosas en la cabeza, como: ‘¿será hoy el día?’”, dijo.

Dorie también señaló la importancia de conocer las iniciativas que aparecen en la boleta y mencionó como ejemplo la Proposición 314, aprobada por los votantes de Arizona en 2024. Una de sus disposiciones, que entró en vigor en julio de 2026, permite a autoridades estatales y locales realizar arrestos bajo determinadas circunstancias por el ingreso a Arizona desde otro país fuera de un puerto oficial de entrada y contempla que jueces estatales puedan ordenar que una persona regrese al país desde el que ingresó. La disposición ha enfrentado cuestionamientos legales de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que sostienen que invade facultades federales y puede dar lugar a detenciones indebidas y perfilamiento racial. 

“Pero ahora, desafortunadamente, la Proposición 314 fue aprobada. Así que creo que para mí es realmente importante, incluso si son las elecciones de medio término y aunque sean las primarias, salir a votar y aprender sobre lo que está en la boleta. No solamente lo que están anunciando, sino también lo que significa”, afirmó Dorie.

Cómo el Congreso puede influir en la política migratoria

Goldman dijo que un cambio en las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado podría influir en la política migratoria, especialmente a través de la autoridad del Congreso sobre el gasto federal y de sus facultades de supervisión del poder ejecutivo.

“Si cambia la mayoría en la Cámara y cambia la mayoría en el Senado, entonces el control sobre los recursos financieros tendrá más influencia sobre hacia dónde se dirige ese financiamiento”, dijo Goldman, dijo Goldman, quien anteriormente buscó la candidatura al Congreso por el Distrito Congresional 7 de Arizona antes de retirarse de la contienda. “Esperemos que puedan frenar eso para que no estén invirtiendo miles de millones y miles de millones de dólares en [la aplicación de las leyes migratorias]”.

El Congreso tiene el llamado “poder de la bolsa” (power of the purse), es decir, la autoridad constitucional para decidir cómo se recaudan y gastan los fondos públicos. Esta facultad también funciona como un mecanismo de control sobre el poder ejecutivo, ya que las agencias federales dependen de las asignaciones aprobadas por el Congreso para financiar sus operaciones, según la Oficina del Historiador de la Cámara de Representantes.

El proceso presupuestario involucra a los poderes ejecutivo y legislativo. El presidente presenta anualmente al Congreso una propuesta de presupuesto, mientras que el Congreso ejerce su autoridad constitucional para aprobar las leyes que determinan la recaudación y el gasto federal. Esta división de responsabilidades forma parte del sistema de separación de poderes y controles y equilibrios del gobierno estadounidense. 

El control de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso puede facilitar que un partido avance partes de su agenda, pero no significa que toda legislación pueda aprobarse sin apoyo del partido contrario. Una excepción importante es la reconciliación presupuestaria, un procedimiento aplicable a determinadas medidas relacionadas con impuestos y gasto que permite su aprobación en el Senado por mayoría simple.

H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act, fue tramitada mediante ese procedimiento. En el Senado, la votación terminó empatada 50-50 y el vicepresidente JD Vance emitió el voto de desempate. Posteriormente, el 3 de julio de 2025, la Cámara de Representantes aprobó la versión final por 218 votos a favor y 214 en contra . Dos republicanos se unieron a los 212 demócratas para votar en contra. El presidente Donald Trump promulgó la legislación el 4 de julio de 2025. 

La ley redujo el gasto federal proyectado en programas como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y, por separado, destinó nuevos recursos a seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que las disposiciones migratorias incluyeron, entre otras partidas, $45 mil millones para ampliar la capacidad de detención de ICE, $14.4 mil millones para operaciones de transporte y remoción y $8 mil millones para contratar personal adicional de la agencia. 

“Al final del día, las elecciones sí importan y los votos sí importan”, dijo Goldman. “La única manera en que vamos a salir de esto y desenterrarnos de esta situación es que las cosas tienen que ponerse tan mal —y casi han llegado a ese punto— que la gente empiece a despertar y diga: ‘espera un minuto'”, concluyó el abogado.