“¿Habeas qué?”: La polémica definición de Kristi Noem que encendió el Congreso

Tucson, Arizona. – Durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado el pasado 20 de mayo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, provocó una oleada de críticas al ofrecer una definición errónea del principio constitucional de habeas corpus. Al ser cuestionada por la senadora demócrata de New Hampshire, Maggie Hassan, Noem afirmó que el habeas corpus era “un derecho constitucional que tiene el presidente para poder remover personas de este país”. La respuesta fue corregida de inmediato por Hassan, quien explicó que el habeas corpus protege a las personas detenidas, permitiéndoles impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal.

El habeas corpus es una de las garantías más fundamentales establecidas por la Constitución de Estados Unidos. Su propósito es proteger a cualquier persona privada de libertad frente a detenciones arbitrarias, asegurando que un juez revise si esa privación de libertad tiene base legal. La Constitución sólo permite su suspensión en casos excepcionales, como rebelión o invasión, cuando así lo requiera la seguridad pública. Esta protección ha sido reconocida no sólo como una piedra angular del estado de derecho estadounidense, sino también como un derecho humano básico en las democracias modernas.

La declaración de Noem generó preocupación en expertos legales por su comprensión del sistema constitucional estadounidense, subrayada por el abogado de inmigración Héctor Quiroga consultado por Conecta Arizona, quien sostuvo que eliminar esta herramienta legal dejaría a miles de personas detenidas sin protección constitucional. “Si un presidente puede declarar una invasión y suspender el habeas corpus, se rompe el equilibrio democrático en Estados Unidos”, advirtió.

Quiroga explicó que el habeas corpus permite llevar casos directamente a una corte federal, por encima del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE, para cuestionar detenciones prolongadas sin justificación legal. “Este derecho ha sido vital especialmente en casos de inmigración, donde muchas personas han permanecido detenidas por largos periodos sin posibilidad de impugnar su arresto”, señaló. También denunció que las decisiones migratorias basadas en prejuicios raciales, lingüísticos o de origen se intensifican cuando no existen mecanismos de control judicial. “Si se quita esta herramienta, los inmigrantes quedan en un limbo legal, sin defensa, sin justicia, y eso es inaceptable en una democracia”, concluyó Quiroga.