La puerta trasera de ICE: de la McDowell de Phoenix a Nogales

A Ramón Barraza lo detuvieron en una avenida de Phoenix y lo metieron a un cuarto sin ventanas, por la puerta trasera de una oficina de ICE que no figura como centro de detención. Tenía 23 años viviendo en Estados Unidos. Nadie le explicó sus derechos. Salió de ahí esposado rumbo a la frontera y regresó a México, un país que ya casi no reconocía.

La oficina de ICE en el centro de Phoenix se ha convertido también en escenarios de protestas por el endurecimiento de detenciones migratorias. Fotografía: Daniel Robles/Conecta Arizona

Por: Celia Montoya

Fotos: Celia Montoya, Daniel Robles, Carlos Ochoa Nuñez y César Barrón

Edición: Wendy Selene Pérez y Maritza L. Félix

Verificadora de datos: Julie Schwietert Collazo

Phoenix, Arizona. — La camioneta Nissan blanca quedó en una calle del oeste de Phoenix. 

En la cajuela había una cortadora de loseta, cajas de cerámica y un saco de adhesivo abierto. Ramón Barraza, el hombre que la manejaba, no volvió por ella. 

Eran las 7:00 de la mañana cuando Barraza salió del apartamento que compartía con su novia cerca de la avenida 43 y McDowell Road, en Maryvale, un vecindario de mayoría latina al oeste de Phoenix. Era el primer lunes de enero de 2026. Todavía quedaban restos de luces navideñas colgando de los balcones. Barraza ya había pagado su renta.

Salió en su camioneta rumbo al trabajo. Desde entonces, no ha vuelto a casa.

Barraza tiene 60 años. En México había ejercido como contador público. En Phoenix aprendió a cobrar por pie cuadrado. Llevaba dos décadas instalando pisos de cerámica. 

Aquella mañana lo esperaban en una casa cerca de la Avenida 119, no le tomaría mucho recorrer las diez millas para llegar. Llevaba más de una semana trabajando en esa casa, colocando losas de mármol. Cada una pesaba alrededor de 20 libras. Levantarlas una y otra vez le dejaba los músculos molidos. 

Se dirigía hacia el oeste por McDowell Road, una avenida ancha que atraviesa Phoenix. Nace al pie de las montañas, entre casas de estacionamientos amplios y avanza hacia Maryvale, donde la ciudad se vuelve más densa con carnicerías, bodegas, casas de cambio y complejos de apartamentos, como el que Barraza había dejado esa mañana.

Giró en la Avenida 43 para iniciar su ruta. A la altura de la Avenida 47 notó que un vehículo se incorporó a McDowell Road y comenzó a seguirlo. Lo vio por el retrovisor. Siguió manejando. 

Era una camioneta Tahoe blanca con los vidrios oscuros. La camioneta lo siguió por varias cuadras.

En la Avenida 67 y McDowell Road se detuvo a poner gasolina. La pantalla de su celular apenas marcaba las 7:10 de la mañana. Saludó a unos amigos de la construcción, llenó el tanque, se sirvió café, y luego intercambió dos o tres comentarios sobre el trabajo del día.

Desde hacía semanas corrían rumores en Phoenix. Videos en redes sociales advertían que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba deteniendo personas en la calle, en gasolineras, en estacionamientos. Barraza vivía sin estatus legal en Estados Unidos, pero había que seguir trabajando.

Volvió a incorporarse al tráfico rumbo al oeste. Enseguida notó que ahí estaba otra vez la misma camioneta Tahoe con los vidrios polarizados. Ahora venía demasiado cerca. Pasando la Avenida 75 encendió luces y le marcó el alto.

“No tenía identificación de nada”, recuerda Barraza. “Era como un carro fantasma. No era policía. No tenía torreta, no tenía nada”.

Giró a la derecha y se detuvo en una calle que tampoco tenía nombre. A un lado estaba un lote baldío. Los hombres que bajaron de la camioneta no llevaban uniforme. 

“Baje de su auto”, le dijeron. “Hasta eso, me hablaron en español”. 

Obedeció y abrió la puerta, se bajó del carro y dice que uno de ellos le preguntó: “¿Cuál es su nombre?”. 

“Mi nombre es Ramón Barraza”, respondió.

“Qué bien, por usted venimos. Usted entró con visa de turista y se quedó en el país. Así que es ilegal. Nosotros somos ICE y nos lo vamos a llevar”.  

Entonces vio que no era una sola camioneta. Eran cuatro vehículos involucrados en su detención. Dice que uno se colocó enfrente, dos detrás y otro más a su costado. Luego sintió cómo las esposas le apretaban las muñecas.

En McDowell Road, el tráfico siguió su curso.

Lo subieron al asiento trasero de uno de los vehículos. Al volante iba una mujer; Barraza dice que ella sí llevaba uniforme de color azul. A las 7:35 de la mañana la camioneta blanca quedó ahí, estacionada junto al lote baldío, con la cortadora de loseta, las cajas de cerámica, el adhesivo abierto.

Recorrieron la misma ruta que había tomado Barraza minutos antes sobre la McDowell Road. Pasaron frente a la gasolinera donde conversó con sus amigos, por el punto donde lo empezaron a seguir. Luego dieron vuelta a la derecha en la Avenida 43 y alcanzó a ver el complejo de apartamentos donde vivía, antes de que el convoy subiera a la autopista hacia el este.

“¿Qué va a ser de mi vida ahora?”, recuerda haber pensado. 

En el trayecto intentó hablar con la oficial para decirle que las esposas le lastimaban. Primero intentó en español, luego en inglés: “Espere un momento —dijo la agente—. Ya vamos a llegar”.

En esa espera, Phoenix le pasó por la ventana.

Mientras lo trasladaban esposado, el vehículo salió de la autopista y volvió a cruzar McDowell Road. Barraza conocía bien el centro de la ciudad, pero no reconoció el lugar al que lo llevaron.

Los agentes lo ingresaron por una calle trasera de un edificio. “Me metieron por un garaje de bodega. No decía nada, nomás por detrás de una casa está un zaguán, estaba muy escondido”, recuerda.

Un guardia salió a recibirlos, dice. En el garaje había una mesita con dos personas que le pidieron que se desabrochara el cinturón, el pantalón y que se quitara los cordones de los zapatos. Le retuvieron el celular y la cartera. Le quitaron las esposas de las manos y se las colocaron en los pies.

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Una oficina que ICE no considera centro de detención

El edificio donde ICE metió a Barraza está sobre la avenida Central, al norte de McDowell Road, en 2035 N. Central Avenue, en Phoenix, Arizona.

Desde afuera, el edificio no sugiere mucho: fachada gris, ventanas repetidas, algunas rejas y cortinas metálicas. Por la entrada principal llegan cada día personas con carpetas y fotografías. Van a entrevistas, a dejar sus huellas o hacer algún otro trámite migratorio. 

ICE sostiene que no es un centro de detención. “Es una instalación de procesamiento, no un centro de detención”, respondió la agencia a Conecta Arizona en un correo electrónico.

Sin embargo, entre el 1 de enero de 2025 y 10 de marzo de 2026, ICE retuvo en esta oficina de la avenida Central a 9,276 personas. Según registros internos de ICE obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), y publicados por el Deportation Data Project y analizados por Conecta Arizona. 

Los espacios donde las personas son detenidas son denominados como “hold rooms” en los estándares de detención de ICE. Son celdas temporales diseñadas para un máximo de 12 horas, “salvo casos excepcionales”. Como en papel se indica que solo permanecen ahí mientras son transferidos a otra instalación, las normas prohíben camas o catres.

Pero la regla de las 12 horas cambió en junio de 2025, cuando la agencia emitió una dispensa interna (waiver) que extendió el límite de 12 a 72 horas de detención durante un año. En ese documento ICE admitió que el límite ya se estaba violando antes de que existiera autorización para hacerlo, señalando que «tuvieron que recurrir a retener a personas en instalaciones de retención más allá del límite de 12 horas». Para regularizar esa práctica, formalizó que puede mantener a las personas hasta tres días en estas celdas «temporales».

Aun con este nuevo límite, al menos 423 casos, rebasaron las 72 horas en el mismo rango de tiempo analizado.

El 23 de junio de 2026 un juez federal anuló ese waiver, al considerarlo arbitrario y caprichoso, entre otras razones por su incompatibilidad con los propios estándares nacionales de ICE. 

Antes de 2008, según el Global Detention Project, el edificio en la Avenida Central funcionó como centro formal de detención migratoria. Hoy aparece en los papeles como oficina administrativa. Una clasificación que ayuda a explicar por qué su uso como espacio de retención recibe poca atención pública.

Sin embargo, miles de personas pasan cada año por sus áreas de retención. Barraza permaneció 26 horas en las celdas de la oficina de ICE en la avenida Central de Phoenix, mientras estaba vigente la dispensa que extendió de 12 a 72 horas el límite de retención. Su caso muestra los efectos de los cambios adoptados bajo el segundo mandato de Donald Trump. Su testimonio permite reconstruir parte de lo que sucede detrás de las puertas de una oficina cuyo uso como espacio de detención ha recibido hasta ahora poca atención pública.

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Detrás de las puertas: celdas, comida y horas de espera

Del otro lado del zaguán no había salas de espera ni mostradores de atención al público. Había celdas. Barraza sabía que seguía en Phoenix, pero no tenía certeza de la ubicación ni de por cuánto tiempo estaría ahí.

En ese momento su familia todavía no lo buscaba ni sabían dónde estaba.

Lo metieron a una de las celdas. Antes de entrar pudo ver que había personas en otras iguales; en una de ellas solo mujeres. Él nunca había estado en un lugar como ese. Era un cuarto sin ventanas, con una puerta con ventanilla a un pasillo. La celda en la que lo encerraron le pareció apenas más grande que la recámara de su apartamento. Barraza calcula que medía unos 15 por 20 pies, quizá 15 por 15. No le pareció grande, pero dice que contó unas 25 personas adentro.

En la celda vio un lavabo y un inodoro expuesto para el uso de todos. Supo que no tendría privacidad si necesitaba usarlo. 

Dos estructuras de cemento hacían las veces de cama, pero no cabían todos. Muchos estaban en el suelo en colchonetas y tenían que avanzar con cuidado para no pisar a quienes dormían en el suelo. Algunos descansaban junto al inodoro.

Uno de los compañeros de celda le preguntó: “¿Y de dónde eres?”. “De Sinaloa”. Y allá se brincó otro: “Yo también soy de Sinaloa”. Y otro y otro. Barraza se sintió más confiado.

Algunos dijeron haber sido detenidos en citas migratorias; otros rumbo al trabajo; otros más admitieron que tenían antecedentes penales. 

Barraza pensó: “Ay, canijo, no tengo ni siquiera para una soda si me sacan. ¿Cómo voy a llegar a mi pueblo?”. 

Por la pequeña ventanilla de la puerta preguntó si podía llamar a su familia. Le decían que esperara.  

—Un momento, no ha llegado la persona que le va a hacer la entrevista—, le respondieron.

Mientras esperaba, para tomar agua, hacía bolita la mano bajo el chorro del lavamanos y se la llevaba a la boca. No les dieron vasos. Con el paso de las horas insistió en llamar a su familia. Le respondieron otra vez que tenía que esperar. 

En esa misma celda, Barraza habló con un hombre que decía llevar casi tres días detenido ahí.

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ICE respondió a Conecta Arizona que los inmigrantes “son procesados rápidamente” para ser trasladados a centros de detención, como Eloy o Florence, ambos en Arizona. También afirmó que los detenidos reciben agua limpia, ropa de cama y cobijas adecuadas. ICE agregó en su respuesta que todos los detenidos reciben tres comidas al día. 

Barraza describe lo que le daban cada seis horas para comer: 

“Un burrito de esos chiquitos de frijol, de esos que se meten al microondas congelado. Nos lo daban calentito, hasta eso. Un burrito, no más. Ni agua, ni una fruta”. Dice que se quedaban con hambre. Algunos pedían otro burrito. Les respondían que no.

La entonces cónsul de protección y asuntos legales de México en Phoenix, María Fernanda Arreguín Gámez, dijo en entrevista para Conecta Arizona que visitaba las instalaciones de manera regular y que durante sus visitas había constatado que a los detenidos les daban un burrito. También señaló que el alimento cumplía con las políticas de ICE. “Nos hemos metido a ver cuánta energía contiene y por qué les están dando solamente eso como alimento. Lo ponen en la línea de cumplir con lo que establecen las normas básicas para alimentación”, explicó Arreguín.

ICE añadió que “dietistas certificados evalúan los alimentos”.

Luis Silas, otro migrante mexicano detenido en la misma oficina que Barraza pero casi un mes después, en febrero de 2026, dijo que también recuerda que solo le daban un burrito de frijol, “como esos de la tienda”, cada seis horas. 

“A las seis de la mañana, a las doce y a las seis de la tarde”, dijo Silas.

ICE detuvo a Luis Silas, de 58 años, cuando fue a comprar madera para construir un librero para su esposa en una tienda en la Avenida 43 y Camelback Road, al norte de McDowell, en el mismo vecindario. Su caso coincide con el de Barraza en varios puntos. Los agentes le hablaron por su nombre y él respondió. Cree que lo identificaron por las placas de su automóvil. Su hijo Isaac Luis-Azamar, quien presenció la escena, intervino al creer que uno de los agentes estaba a punto de golpear a su padre. Isaac fue arrestado y acusado de agredir a un oficial de ICE. A Silas lo trasladaron a la oficina de la avenida Central.

Igual que Barraza, no pudo distinguir el lugar, lo metieron por la parte trasera. “Está muy escondido”, dice. Luego describe el interior: “Son cuartos divididos para meter gente. Nada más que las puertas están escondidas”.

Al ingresar también pidió comunicarse con su familia y le respondieron lo mismo que recuerda Barraza. “Estamos esperando que llegue la persona que está ahí para que puedas hablar”. 

Durante el arresto, dice que los oficiales lo tiraron al suelo. Estaba adolorido de un brazo.  

Sobre la atención médica, la cónsul Arreguín Gámez advierte que, al tratarse de una oficina de procesamiento y no de un centro de detención formal, las personas no reciben consultas regulares ni acceso a medicamentos. ICE sostiene lo contrario en su correo: afirma que brinda atención médica integral desde el momento en que alguien entra bajo su custodia, “incluyendo servicios médicos, dentales y de salud mental, así como atención de emergencia las 24 horas”.

La cónsul dice que si alguien necesita tratamiento, el consulado intenta hacer llegar las medicinas por medio de familiares.

ICE en su respuesta también aseguró que, para muchos detenidos, “esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.

Silas recibió la oportunidad de bañarse una vez en los tres días que estuvo en la oficina de la central. También le prestaron un cepillo de dientes. Barraza dice que a quienes llevaban más tiempo detenidos les daban oportunidad de bañarse a cierta hora dependiendo del grupo. A su celda le tocaba entre la 1:00 y 2:00 de la mañana. Nadie de su grupo se bañó la noche que estuvo ahí. 

La cónsul Arreguín Gámez cuenta que, tras insistir durante meses, lograron que ICE diera al menos una botella de agua al día, una ducha ocasional, jabón y un cepillo de dientes a las personas detenidas por períodos más extensos en la oficina de Phoenix.

“Esa es la razón por la cual nosotros acudimos todos los días —dice—: si alguien nos dice ‘no tengo agua’, nosotros pedimos el agua”.

Hugo Larios, abogado de inmigración en Phoenix, con más de dos décadas ejerciendo en Arizona, comenta sobre este edificio:

“Las oficinas de ICE en la Central no están equipadas para tener a gente ahí para que pasen la noche”, dijo en entrevista vía telefónica.

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Una salida voluntaria y las opciones legales de Barraza

Su turno de ser entrevistado llegó a las 8:00 de la noche. Barraza narra que el agente ya tenía todas las respuestas. Las preguntas no venían con signo de interrogación.

El agente miró la pantalla. “No le voy a preguntar, le voy a decir dónde vivía. Y usted me lo va a verificar, a ver si me equivoco”. En el monitor apareció una dirección: McDowell Road. El número de apartamento. Datos personales que nadie le había preguntado.

“Yo digo que tomaron mis placas por la Avenida 47, cuando se me puso atrás. Entonces ya con eso… me siguieron hasta la 67”, piensa Barraza.

El abogado de inmigración Hugo Larios explica que ICE puede acceder a bases de datos que conectan placas vehiculares con direcciones registradas. “ICE se pone en una gasolinera, llega un pickup que tiene aspecto de que se dedica a la construcción o de jardinería. Entonces, rastrean las placas, a ver quién es el dueño, ve si tiene papeles o no, etcétera”, dice.

Según Larios, aunque no tengan los datos suficientes realizan las detenciones.

“Básicamente, el perfil racial ya es válido”, señala. “Si la persona admite que está aquí sin papeles, lo detienen. Desafortunadamente, lo estamos viendo todos los días”.

Barraza dice que el oficial que lo entrevistó le dijo que lo iba a ayudar. Que él mismo le haría los papeles. Que se cerciorara de lo que iba a firmar. 

“Mire, para mí, firme salida voluntaria, yo mismo le voy a hacer la hoja y no crea que le voy a poner nada malo, le voy a poner salida voluntaria para que usted pueda después arreglar su situación y que su novia lo pida y que pueda entrar legalmente”, recuerda Barraza.

Le dijo que podía hablar con el representante del consulado mexicano. 

Bajo la Convención de Viena, la función del consulado cuando se presenta ante un detenido es asegurarse de que la persona conozca sus opciones legales y tenga acceso a representación.

“Siempre les decimos que nosotros no somos abogados, necesitamos que su familia entre en contacto directo con un abogado. Les ofrecemos un programa que tenemos que se llama Orientación Legal Gratuita”, explica la cónsul de protección y asuntos legales de México en Phoenix.

Barraza dice que habló con un representante consular. Le contó que había entrado con visa de turista y que vivía con Yesenia, una ciudadana estadounidense con quien planeaba casarse. Antes debía concluir un divorcio que ya estaba en trámite.

Según Barraza, el funcionario mexicano le dijo que le convenía firmar la salida voluntaria, pero le advirtió que revisara que el documento dijera exactamente eso. Recibiría una versión en inglés y otra en español, pero firmaría la primera.

“Me dijo: ‘Pero usted piénselo bien. Si cree que tiene un hijo ciudadano, que tiene una esposa o alguien nacido en Estados Unidos que lo pueda pedir, entonces pelee su caso’”, recuerda Barraza.

Arreguín Gámez sostiene que el personal consular no puede recomendar a una persona aceptar o rechazar una salida voluntaria. Su función, explicó, es presentar las posibilidades disponibles y procurar que la familia consulte a un abogado antes de que el detenido firme. También afirmó que el equipo que visita las instalaciones de ICE está capacitado para identificar, de manera preliminar, a personas que podrían ser candidatas a una audiencia de fianza.

El consulado no pudo explicar qué ocurrió específicamente durante la entrevista de Barraza. Su expediente está protegido por las normas de datos personales y solo él puede solicitarlo mediante la plataforma mexicana de transparencia.

Barraza afirma que nadie le dijo que podía solicitar una audiencia de fianza.

Para entonces llevaba unas trece horas detenido sin poder comunicarse con Yesenia, con quien se había mudado en agosto de 2025 a un apartamento de Maryvale.

Antes de Yesenia, Barraza había tenido un matrimonio de 34 años. A Yesenia la conoció en un parque mientras caminaba con su hijo y con ella empezó otra vida.

Pensaba en su familia, en su camioneta abandonada, en la herramienta, en sus clientes, en el piso de mármol sin terminar. En el agente de ICE que había revisado su récord criminal y lo había encontrado limpio. 

“Nunca cometí un delito, ni lo más mínimo”, dice Barraza. “Pero por una persona la llevan todas”. Mostrando las palmas de sus manos cuenta que se les dificultó registrarlo: 

“Incluso, no me podían tomar las huellas. No salían. Mis dedos están prácticamente acabados por el trabajo. Están llenos de callos”.

Yesenia comenzó a preocuparse cuando llegó la hora de la “coca time”, una rutina que hacían juntos cuando era la hora del lonche. Barraza se tomaba una coca, Yesenia una Monster y el niño también acompañaba con algo. Aunque estuviera ocupado, atendía la videollamada o contestaba el teléfono para decir que no podía hablar. Esa tarde no respondió. 

“Yo no tuve noticias de él hasta como a las 8:00 de la noche”, dice Yesenia. 

Ya había preparado la cena y el niño esperaba con ella. Barraza llamó desde un número desconocido para decirle que estaba detenido. Yesenia trató de llamar al mismo número para pedir información, pero solo le confirmaron que estaba bajo custodia.

En el caso de Silas, pasaron 15 horas hasta que pudo realizar una llamada a las 2:00 de la mañana. 

La hija de Silas contestó el teléfono, pero antes de poder hablar tuvo que escuchar una grabación. La hija recuerda las palabras del mensaje: “Si tú tienes un vecino, alguien, que sea, que tú creas que sea inmigrante ilegal, lo puedes reportar y te damos tanto dinero”. Después escuchó la voz de su padre.

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Después de hablar con el consulado, Barraza volvió con el agente de inmigración y dijo que aceptaría la salida voluntaria. Esa misma noche, cuando Yesenia pudo hablar con él, le pidió que no firmara nada, le dijo que buscaran un abogado. Barraza creyó que si lo transferían a un centro de detención, o si lo deportaban, tendría menos opciones.

Según recuerda, el agente le dijo que las leyes nunca se habían manejado “de esta manera, tan estrictas” y que en su caso, antes lo habrían soltado, pero ahora no podía.

Cómo cambiaron las detenciones en la oficina de ICE en Phoenix

Los registros permiten observar este cambio. La oficina de la Central ya recibía a miles de personas antes de 2025. En 2022 y 2023, durante la administración Biden hubo alrededor de 18 mil ingresos. La mayoría de las estancias estaban asociados a CBP, la agencia encargada de la frontera y los puertos de entrada y muchas personas salían bajo parole u órdenes de reconocimiento. En esos dos años, la mediana de estancia dentro de la oficina fue menor a nueve horas.

El cambio aparece después y coincide con la llegada de Donald Trump a la presidencia. En 2025 y 2026, la oficina de la Central siguió recibiendo miles de personas, pero el patrón se transformó: la mayoría de las detenciones aparecen vinculadas a ICE; las salidas se concentraron en transferencias y remociones; y las estancias prolongadas empezaron a contarse por cientos.

Aunado a esto, en julio de 2025, el gobierno endureció sus políticas de detención. Durante años, quienes habían entrado al país sin autorización, pero llevaban años viviendo en Estados Unidos, podían pedir a un juez una audiencia de fianza mientras se resolvía su caso migratorio. La nueva interpretación permitió mantener detenidos a más inmigrantes sin esa audiencia. La medida fue impugnada y produjo decisiones judiciales contradictorias. Pero esa disputa se refería a quienes habían ingresado al país sin inspección. No era el caso de Barraza.

El abogado Larios explica que como Barraza había entrado con visa de turista y no tenía récord criminal, sí podía solicitar una audiencia de fianza. “(Con) 500 o 1,000 dólares, en una semana él sale con una audiencia ante el juez”, dice.

Bajo los estándares de detención, ICE debe entregar a cada persona el Manual Nacional del Detenido por ICE, donde están escritos sus derechos, incluyendo el derecho a solicitar fianza cuando corresponda. Barraza afirma que no recibió nada. El representante del consulado tampoco le habló de esa opción. 

Según datos federales analizados por el Deportation Data Project, las salidas voluntarias aumentaron 28 veces durante el primer año de la administración de Donald Trump. Muchas personas las aceptaron para evitar más tiempo en detención, no porque conocieran sus opciones legales, concluyeron los investigadores. 

Los arrestos de personas sin antecedente criminal, como Barraza, aumentaron 8.7 veces. Mientras que los arrestos en calles y comunidades, no en cárceles, también como el mexicano, aumentaron 11 veces más. 

Al día siguiente, Barraza firmó la salida voluntaria. 

Silas pasó todavía más tiempo en las celdas temporales de ICE. Lo ingresaron el viernes 30 de enero y lo enviaron a México el lunes 2 de febrero. Más de 70 horas de custodia, tres noches durmiendo sobre las mismas colchonetas y compartiendo espacio con al menos 14 personas. 

“Unos tenían varios días detenidos”, recuerda Silas. La cónsul Arreguín Gámez reconoce que han detectado casos así. “Cuando se trata de personas mexicanas nosotros mismos le pedimos a las personas que están en la toma de decisiones que se haga el traslado o que expliquen cuál es la razón por la que la persona no ha sido trasladada”, dice.

Durante más de una década, las reglas de ICE para las celdas temporales casi no cambiaron. Todas las versiones publicadas en 2011, 2016, 2019 y 2025 establecen entre sus requerimientos, acceso a agua potable con vasos, artículos básicos de higiene, privacidad en el baño, una comida después de seis horas y exigen que cada alimento entregado quede documentado. Indican tambien que el acceso a teléfono debe ser al momento de ingresar o inmediatamente después. 

Las oficinas administrativas de ICE, como la de Phoenix, no siempre están sujetas al mismo marco que los centros formales de detención y operan en una zona menos clara. ICE las dirige bajo sus propias directivas internas, como el waiver emitido en junio 2025 que extendió el límite de retención de 12 a 72 horas.

Una oficina fuera del mapa de inspecciones 

No fue posible localizar inspecciones públicas de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG), ni de la Oficina de Supervisión de Detenciones de ICE (Office of Detention Oversight, ODO), correspondientes a la oficina de Phoenix.

La ausencia de inspecciones públicas localizadas puede estar relacionada con la manera en que estos espacios son clasificados. Según el American Immigration Council, las instalaciones que mantienen personas bajo custodia por menos de 72 horas y tienen una población diaria promedio inferior a diez generalmente quedan fuera de las revisiones ordinarias de ICE y de sus contratistas externos. 

Tampoco fue posible confirmar la capacidad oficial de esas celdas en ningún registro público de ICE. Barraza alcanzó a ver tres antes de que lo encerraran. Silas, detenido un mes después, recuerda haber contado ocho. La cónsul de protección mexicana dice que son siete. 

Miles de personas pasan cada año por sus áreas de retención. Sin embargo, su clasificación oficial como oficina administrativa, y no como centro de detención, hace más difícil saber qué ocurre dentro de sus celdas. 

Los testimonios de quienes pasaron por ellas permiten reconstruir parte de lo que ocurre dentro. 

Durante los tres días que Silas permaneció ahí, recibió un burrito cada seis horas y observó un patrón que se repetía cada mañana: “a las ocho era la salida para Nogales”, recuerda. Veía llegar gente todos los días, y a la mañana siguiente muchos ya no estaban. “Les decían que firmaran y se podían ir”. Silas llegó a pensar que algunas personas aceptaban la salida voluntaria para evitar permanecer detenidos por mucho tiempo. 

La cónsul mexicana describió una situación similar: “Nosotros tenemos que estar ahí a las 6:00 de la mañana”. Explicó que el personal consular ha tenido que adelantar sus horarios de visita para tratar de localizar a las personas antes de que sean trasladadas a Florence o de que hayan firmado salida voluntaria.

Silas también terminó aceptando irse. No pudo hablar con algún representante del consulado de México porque hizo la solicitud el domingo. Dice que no le entregaron el Manual Nacional del Detenido. Cuenta que el lunes 2 de febrero de 2026 aceptó irse del país que había sido su hogar por 24 años. Cuando cruzó la frontera, su hijo aún permanecía detenido y acusado de agredir a un agente de ICE. 

De Phoenix a Nogales

A Barraza lo subieron a una van junto con otras personas el 6 de enero de 2026. Le colocaron nuevamente las esposas en los pies.

Barraza recuerda que en la van viajaba una familia con tres niños pequeños. Según su relato, los niños fueron llevados a la instalación para ser deportados junto con adultos que parecían ser sus padres y luego trasladados con él en la misma van hacia Nogales. Durante el trayecto, una mujer que identificó como la madre le contó que no había dormido porque compartió espacio en una celda con mujeres que gritaban y estaban alteradas, y tenía miedo por sus hijos. 

El testimonio de Barraza no está solo. Los registros internos de ICE obtenidos mediante FOIA y procesados por el Deportation Data Project contienen datos consistentes con partes de su relato. El 5 de enero de 2026 fueron detenidos en Phoenix tres menores mexicanos: uno nacido en 2023, otro en 2020 y un tercero en 2014, por lo que podrían tener 2, 6 y 11 años aproximadamente. Los tres fueron registrados como arrestos colaterales, sin antecedentes penales. Los tres fueron trasladados a la Oficina Distrital de ICE en Phoenix, la misma instalación donde Barraza pasó su única noche de detención y los tres salieron igual que Barraza, el 6 de enero a las 9:10 de la mañana. Destino: Nogales.

La coincidencia de fechas, lugar, edades aproximadas corresponden con la familia que Barraza describe, aunque los registros disponibles no permiten establecer por sí solos que se trate de las mismas personas.

Cuando se trata de niños o familias, los propios estándares de detención de ICE, revisados en 2025, establecen en su sección 2.5 que los grupos familiares con menores no deben ser colocados en celdas. La única excepción es que algún miembro haya mostrado conducta violenta o represente un riesgo documentado de fuga.

Los tres niños fueron clasificados con el nivel de riesgo más bajo en la escala de ICE. Ninguno tenía antecedentes penales. Los datos de detención muestran que pasaron la noche en la Oficina Distrital de ICE en Phoenix. 

(Fuente: archivo 2026-ICLI-00005_Arrests_FY26_20260311_Redacted.xlsx y dataset de detention stays, ambos disponibles en deportationdata.org/data)

Un día después de la salida de Barraza, afuera de esa misma oficina de ICE, el 7 de enero un grupo de mujeres montaba guardia junto a la entrada principal, con pancartas y tarjetas de “Conoce tus derechos”. Llevaban una libreta para anotar teléfonos de familiares. También se fijaban en la ropa de quienes entraban a una cita administrativa, por si acaso no volvían a salir.

Eran integrantes de Borderlands Resource Initiative. Habían llegado por lo que ya se vivía en las calles de Phoenix y continuaron después de la muerte de Renée Good, ciudadana estadounidense, a manos de un agente de ICE en Minneapolis. Decían que muchos inmigrantes acudían solos a sus citas, sin abogado ni una persona que pudiera avisar a sus familiares si eran detenidos. No sabían nada de las celdas.                                            

Cuando Barraza cruzó por la frontera de Nogales, Sonora, era también el cumpleaños de su novia Yesenia. 

El grupo de migrantes en la van acordó permanecer unidos después de cruzar para cuidarse y en el camino esposados hablaron de comer juntos en Nogales. 

Apenas entraron a México recibieron un sándwich y agua. El gobierno mexicano les ofreció hospedaje y algo de dinero en pesos. Barraza siente que el recibimiento fue bueno. También le entregaron un folleto que describe un programa para retornados en el que prometen acceso a llamadas telefónicas, asistencia legal y ayuda para pagar el viaje a su lugar de origen. 

“Me recogió la migración mexicana y me llevó a un albergue”, cuenta. Había soñado muchas veces con volver a México, pero no de esa manera. 

Durmió en un refugio montado en un parque industrial en Nogales, con la misma ropa manchada con la que salió a trabajar en Phoenix. Sin dinero. Desorientado. Nada le parecía real. 

“Es un nido de confusión. No conozco ni el dinero en México”, dice.

Entre el 20 de enero y el 17 de diciembre de 2025, Estados Unidos repatrió 145 mil 537 mexicanos. En Nogales, su rostro, su nombre y sus dedos llenos de callos pasarían a formar parte de las estadísticas de un nuevo año. 

“Para una persona con mi edad es difícil”, señala. En México tener más de 35 años ya es un problema para quien busca trabajo. “No tengo ni identificación”.

Barraza se quedó una semana en el refugio de Nogales. Yesenia viajó hasta la frontera para llevarle ropa y zapatos, Él quería llegar presentable a la casa de sus padres. Con los 3 mil pesos que le dio el gobierno mexicano compró un boleto a su pueblo, Quilá, Sinaloa.

Quilá es un pueblo de 5,988 habitantes cercano a Culiacán. Desde septiembre de 2024 la región enfrenta una situación de violencia, que empujó a muchos a irse. Barraza, que llevaba 23 años fuera, regresó ajeno a ese mapa. Su incertidumbre era otra.

Las calles le parecieron más chicas. Notó que había menos árboles y más casitas pegadas. Regresaba al pueblo donde había nacido, pero ya no sabía cómo habitarlo.  

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En Phoenix, Yesenia decidió seguir con el plan que tenían para 2026. A finales de febrero una prueba de embarazo salió positiva. “De hecho, teníamos planeado que era un 2026 juntos y pues todavía seguimos con ese plan, y ahora, pues por eso me voy a ir”, dice.

El 11 de marzo tomó un autobús rumbo a Culiacán, Sinaloa, para irse a vivir con Barraza a México, a un país donde ella ha viajado, pero nunca ha vivido. El autobús salió de la Avenida 27 y McDowell Road. 

El 18 de abril de 2026, Barraza recibió en Quilá, Sinaloa, la sentencia del divorcio con su anterior pareja. Yesenia estuvo junto a él; la audiencia fue por videollamada desde Phoenix. Su abogado de inmigración les dice que si Yesenia presenta la petición, si el perdón se aprueba, si nada se complica, calcula que Barraza podría regresar en siete u ocho años. 

También le advierte qué pasaría si se desespera. “Si intenta cruzar otra vez sin documentos y lo detienen, el castigo se extiende: ya no habría perdón posible hasta que pasen 10 años fuera”. 

A su regreso, en la casa de sus padres, Barraza reconoció un vocho en el patio. Es el automóvil que dejó estacionado hace 23 años cuando emigró a Estados Unidos. En Phoenix su camioneta blanca sigue estacionada desde el 5 de enero en que los agentes de ICE se lo llevaron de McDowell Road. Sus hijos la recogieron de la calle y la estacionaron, con todo y su herramienta, como si Barraza fuera a trabajar al día siguiente. 

“No sé qué futuro me espera. Tengo que buscar trabajo a mi edad. Es muy difícil que me den, pero tengo que trabajar”. 

En el caso de Luis Silas, el 17 de julio de 2026, un jurado federal declaró no culpable a Isaac Luis-Azamar, hijo de Silas, del cargo de agredir a un agente de ICE. La defensa sostuvo que intervino para proteger a su padre después de verlo derribado y cuando creyó que el agente estaba a punto de golpearlo. Para entonces, Silas llevaba más de cinco meses en Nogales, Sonora. Hasta el cierre de esta publicación, su hijo continuaba bajo custodia de ICE en Arizona. 

El número de Ramón, con lada de Arizona, sigue timbrando en Sinaloa. Él continúa pagando la línea. Del otro lado lo saludan sus clientes, sus amigos de la construcción. A todos les contesta igual que siempre. 

Barraza dice que, a pesar de todo, se siente agradecido con Estados Unidos.

“Yo logré mi sueño americano porque con la familia que yo llevaba, mis hijos ahora son profesionistas. Trabajé en la construcción para que ellos tuvieran una educación, para que ellos sí pudieran defenderse en ese país”. 

De momento, Barraza sigue entre dos vidas. “Es muy incierto. No acomodo mis pensamientos”, dice. “Me sacan de mi vida. No me hallo”. 

Siente que, pese a tantos años de trabajo, no logró tener “algo” en Estados Unidos. Y quiere que otros sepan su historia para que se preparen.

Lo que sí logró fue volver a ser hijo. 

“Por ese lado estoy bien, porque puedo estar con mis padres después de tantos años: abrazarlos, agasajarlos, cuidarlos. Darles su medicina, darles todo. Me estoy dando ese lujo”, dice. 

El 9 de septiembre de 2026, la representante Yassamin Ansari realizó una visita no anunciada a las instalaciones de ICE en Phoenix. En una conferencia de prensa frente al edificio, dijo que había visto celdas con inodoros, espacios designados para familias y algunas celdas más pequeñas. “Supe que, si un menor fuera retenido aquí, lo colocarían solo en una de esas celdas más pequeñas”, explicó. No le permitieron hablar con las personas detenidas. 

Mientras Barraza intenta reconstruir un futuro en México, el edificio gris de la avenida Central en Phoenix sigue ingresando, por la puerta trasera, a decenas de inmigrantes como él.

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Los datos de arrestos y detenciones citados en esta nota provienen de registros internos ICE obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) y publicados por el Deportation Data Project (deportationdata.org). El análisis periodístico de esos registros fue realizado por Conecta Arizona.