La infancia en tránsito: menores no acompañados atrapados entre tribunales y deportaciones

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Jóvenes migrantes se toman de la mano mientras corren bajo la lluvia en un área de recepción, después de entregarse tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, en Roma, Texas, el 11 de mayo de 2021. (Foto AP/Gregory Bull, Archivo)

Tucson, Arizona. – Miles de menores migrantes no acompañados se encuentran en un limbo legal, entre órdenes judiciales, promesas de repatriación y la incertidumbre de quién velará realmente por su bienestar.

Un documento de la Fiscalía de Guatemala, revelado por Reuters, contradijo la narrativa oficial de Washington: muchas familias nunca dieron consentimiento para que sus hijos fueran deportados y algunas incluso denunciaron sentirse intimidadas durante el proceso. La filtración provocó que una jueza federal bloqueara la deportación de 14 niños guatemaltecos, señalando que no se habían respetado las garantías mínimas de revisión legal.

La defensa jurídica se ha convertido en la última línea de resistencia. Según informó AP News, un grupo de abogados presentó una demanda para frenar la deportación de 12 menores hondureños y cuatro guatemaltecos, argumentando que varios de ellos tienen familiares en Estados Unidos y merecen el debido proceso antes de cualquier retorno.

Pero el problema no termina en los tribunales. Para el abogado especialista en leyes migratorias, Héctor Quiroga, el verdadero vacío está en lo que ocurre después de que un niño es entregado a un patrocinador en Estados Unidos:

“Lo único que se está mirando es si el niño se fue con un patrocinador, pero no se está mirando de manera periódica su bienestar. El Estado únicamente verifica la capacidad económica del patrocinador, pero no evalúa si el menor recibe nutrición adecuada, avanza en la escuela o cuenta con apoyo para su desarrollo físico y emocional”, dijo Quiroga a Conecta Arizona. “Ya hemos visto en el pasado casos de niños perdidos o que no logran reencontrarse con sus padres. La política debe avanzar hacia un enfoque centrado en el bienestar integral del niño y no solo en criterios económicos”.

Mientras tanto, el gobierno de Guatemala ha asegurado que está listo para recibir hasta 150 menores por semana, con protocolos psicológicos, legales y sociales. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la capacidad real de ambos países para garantizar la protección de estos niños siguen abiertos.

En medio de promesas oficiales, demandas judiciales y documentos que contradicen la versión del gobierno, lo cierto es que la infancia de cientos de menores no acompañados se desarrolla en la incertidumbre. Su destino depende de decisiones políticas y burocráticas, mientras el debate sobre sus derechos fundamentales sigue sin resolverse.

Con información de AP.

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